Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 27 abril 2024.

REVISTA "TRABAJADORA"

Empleo / Ponle Cara a la Dependencia, de Irene Álvarez Bonilla y Paloma Vázquez Laserna

    Tratar lo relativo a la  Dependencia es referirse a mujeres trabajadoras, mal pagadas y peor reconocidas.

    12/04/2022.
    CCOO concentra a cientos de personas en defensa del sector de la Dependencia

    CCOO concentra a cientos de personas en defensa del sector de la Dependencia

    La división sexual del trabajo es innegable en el ámbito de los cuidados. Las mujeres, por lo general, siempre hemos quedado relegadas al ámbito de lo privado, cuidando a los y las dependientes de nuestro entorno, mientras que las funciones de los hombres siempre han estado vinculadas a la esfera de lo público, del espacio productivo, del trabajo remunerado.  Todo  ello por una rancia idea de la organización social del cuidado, sostenida por la relación de género patriarcal e inducida por tradiciones culturales y religiosas, entre otros asuntos.   

    Si bien es cierto que se ha avanzado mucho por la participación de las mujeres en términos de igualdad  con los hombres en la sociedad, aún quedan retazos importantes  del sistema patriarcal del que venimos y  hemos interiorizado, siendo uno de ellos que determinados colectivos o sectores productivos -feminizados- aun dando el paso de lo privado a lo público, deben conformarse con salarios indignos y precarias condiciones laborales.

    Se arrastra con ello la visión meramente androcéntrica a un espacio, el de los cuidados, en el cuál las mujeres trabajadoras ven depreciada su propia fuerza de trabajo.

    Es un claro ejemplo de que hay que incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía y de la diferente posición de los varones y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas.

    Abordar un sistema más igualitario, como elemento fundamental en todo Estado de Bienestar, conlleva poner el sistema de cuidados en el centro del mismo, dado que éste persigue el bienestar de la sociedad en su conjunto, por lo que el sesgo de género debe quedar absolutamente postergado.

    Sin embargo, a día de hoy, las cifras (INE, EPA 2º trimestre 2021) nos indican lo contrario, en cuanto a la población ocupada en el conjunto del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), reflejando lo anteriormente mencionado: son 603.900 las personas empleadas, de ellas 339.600 en la Asistencia en establecimientos residenciales y 264.300 en servicios sociales sin alojamiento, el 20% extranjeras, casi un tercio con contrato temporal y muchas a tiempo parcial y con convenio colectivo vencido. El 83% de las cuidadoras son mujeres, porcentaje que se incrementa en el sector concreto de ayuda a domicilio, que es del 87%, siendo la edad media de 44 años. Una de cada tres trabajadoras tiene más de 45 años y casi un 20% tiene más de 55 años.

    Esta descripción del sector, referida a sus trabajadoras, pone de manifiesto la existencia de mecanismos de discriminación en el propio mercado laboral, en cuanto que supone que existan sectores feminizados altamente precarizados.

    Dicha precarización, en términos de temporalidad y parcialidad, llega al 32% y al 16% respectivamente al referirnos a la Clasificación Nacional de Actividades Empresariales (CNAE) Epígrafe 87, Asistencia en establecimientos residenciales, y al 31 y 35% en el caso del CNAE 88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento.

    Si bien es cierto que, Gobierno e interlocutores sociales acordaron un plan de choque a la dependencia exponiendo como tercera pata del mismo “la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector”, a día de hoy nos encontramos con datos que lo contradicen, dada la actuación de las diferentes Administraciones Públicas encargadas de los procesos de licitación. 

    Según referencias propias, de los 194 expedientes adjudicados en ayuda a domicilio a lo largo del 2021, cuya duración media del contrato ha sido de 2 años, las Administraciones han dejado de invertir, al aplicar criterios económicos en la contratación y optar por la oferta más barata,  algo más de 7,5 millones de euros, equivalente al salario de 541 trabajadoras -con jornada completa- durante un año.  

    A la precariedad asentada y consentida por las AAPP, se suma la anunciada por la patronal al no aplicar la revisión salarial pactada en convenio. 

    Por ello, desde CCOO mantenemos una campaña sostenida de movilizaciones en el sector. El pasado 7 de marzo las Federaciones estatales de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y CCOO del Hábitat nos concentramos nuevamente para protestar por el incumplimiento de las asociaciones empresariales en cuanto a la actualización de las tablas salariales del convenio estatal de la Dependencia del año 2022.

    Este convenio, que afecta a más de 240 mil personas trabajadoras, está actualmente en negociación desde la constitución de la mesa negociadora el 29 de octubre de 2018, debiéndose aplicar la pertinente actualización salarial que recoge el artículo 8 del mismo, el IPC real del año anterior a diciembre de 2021, que representó un 6,5%. Esta cuestión fue planteada en la Comisión Paritaria del convenio por CCOO, único sindicato firmante del mismo, petición que fue rechazada por las asociaciones empresariales del sector tanto en esta comisión como en la mediación ante el SIMA solicitada por CCOO que tuvo lugar el pasado 8 de febrero de 2022.

    Es absolutamente injustificable que las asociaciones empresariales se nieguen a aplicar de forma adecuada una cláusula de revisión salarial que no ha planteado ningún problema en los últimos años, amparándose en una excusa fatua sobre una artificial discusión en cuanto a la cuantía que se tiene que aplicar, en un ejercicio de cinismo lacerante que se manifiesta tras dos años de congelación salarial (en este periodo la clase empresarial no ha tenido ningún problema en aplicar la cláusula de revisión), a través de la cual los salarios se han precarizado bastante, con una sensible pérdida de poder adquisitivo.

    Esta reprochable actuación de las asociaciones empresariales representa el cúlmen de una actitud intransigente que se ha manifestado prácticamente de la constitución de la mesa negociadora, en un largo y tortuoso proceso de negociación que está bloqueado desde la celebración de la última reunión en noviembre de 2020, de forma que la oferta de reanudación propuesta por aquellas justo después de la conclusión de la Comisión Paritaria representa un simulacro del que CCOO no va a participar hasta que se lleve a cabo la pertinente actualización salarial de las tablas del año 2022.

    El incremento salarial del 6,5% no sólo supone la aplicación de una cláusula de revisión, sino que responde a la extrema necesidad de incremento salarial en un sector en la que las condiciones de trabajo se han precarizado sensiblemente en los últimos años, con especial crudeza durante la pandemia del COVID, en la que se ha hecho patente los graves déficit de plantilla existentes en los centros de trabajo. Por consiguiente, ante el relevante aumento de la financiación en materia de Dependencia por parte del Gobierno de la nación, ya no hay ninguna excusa para que de una vez por todas se destine el dinero suficiente con el que se mejoren las condiciones de trabajo de las plantillas en un sector altamente feminizado.

    CCOO continuará con otras medidas de presión hasta que las asociaciones empresariales se avengan a actualizar las tablas salariales del año 2022, con lo que se reanudaría la negociación desde la buena fe en aras de acordar mejoras de las condiciones de trabajo y económicas de las personas trabajadoras para sacarlas de la situación de precariedad y pobreza laboral en la que actualmente se encuentran.

      •