CCOO ha participado de la reunión mantenida hoy en el complejo de Moncloa con el Presidente del Gobierno, la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, en la que junto organizaciones empresariales, profesionales y sociales, se han tratado y analizado el conjunto de medidas y políticas en materia de vivienda que se han venido implementando durante el último año. El sindicato hace una valoración positiva de la mayoría de medidas que se han venido impulsando en este último año, pero muchas de ellas están teniendo efectos limitados e insuficientes para el objetivo de garantizar y facilitar el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible. 

El acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, se ha convertido en un problema transversal y persistente de la sociedad española, debido al aumento constante de precios, muy por encima de los ingresos de los hogares. Convirtiéndose en un problema económico y social, al convertirse en un factor determinante en la creación y aumento de la pobreza.

CCOO hace una valoración positiva de la mayoría de medidas que se han venido impulsando en este último año, dado que han supuesto un cambio de paradigma de las políticas de vivienda, como fue la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayor por el Derecho a la Vivienda, que incluía medidas como la limitación anual de los incrementos del precio del alquiler, la regulación de los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión, como ocurrió en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, calificando la vivienda protegida al menos, 30 años o destinar un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler asequible dentro del suelo de reserva para vivienda pública. 

Sin embargo, hemos trasladado al Presidente y al resto de miembros del Gobierno presentes, como ya manifestamos en su momento, que muchas de las medidas están teniendo efectos limitados, e insuficientes para el objetivo de garantizar y facilitar el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible. 

En el caso de la Ley de Vivienda, ya denunciamos que su déficit principal era que dotaba en exclusividad a las comunidades autónomas de la potestad de declaración de zonas tensionadas y sin esta declaración previa no es posible incidir en el mercado de la vivienda, para limitar y hasta reducir los precios del alquiler. 

La mayoría de comunidades autónomas, como ya habían advertido, han decidido no aplicar la ley en su territorio, y actualmente solo ha sido puesta en práctica por Cataluña. Otro aspecto de la ley, que no se está cumpliendo es la prohibición de cobrar a los inquilinos los honorarios de agencia por parte de las Inmobiliarias, sin embargo, varias asociaciones de consumidores han denunciado que se les continúa imputando este gasto “disfrazado” de servicios que coinciden en el importe con los honorarios de agencia. 

La ley tampoco regulaba la vivienda de uso temporal o el alquiler por habitaciones, algo que como ya manifestábamos podría convertirse en un “coladero” para saltarse la ley en lo referente a la limitación anual de precios o los honorarios de agencia. Ello ha impulsado que miles de propietarios hayan traspasado sus viviendas del alquiler residencial al temporal y en algún caso al vacacional. Según algunas estimaciones publicadas en prensa, el alquiler de temporada se habría incrementado en alguna gran ciudad hasta en un 40%

Con todo, como se recogía en la ley, se ha puesto en marcha desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un grupo de trabajo para regular los contratos de alquiler de la vivienda por temporada y evitar con ello los “escaqueos” de la ley.

El objetivo del Gobierno de alcanzar en un plazo de 20 años un parque mínimo de viviendas sociales y asequibles que representen, al menos, el 20% del total de viviendas en las zonas tensionadas y que nos equipare a la cifras de Europa a través de la promoción de un parque de vivienda pública en alquiler no puede depender, en exclusiva, de la promoción y construcción de nueva vivienda. En el Consejo de Ministros se anunciaron 25.000 nuevas viviendas o la utilización de las viviendas disponibles de la SAREB -otras 40.000- cuando las necesidades de vivienda social para poder converger con las cifras de Europa serían más de un millón.

Para CCOO es necesaria la adquisición de vivienda privada ya construida y disponible por parte de las Administraciones Públicas para su posterior puesta y gestión en el mercado del alquiler a precios limitados. 

La otra medida complementaria sería la rehabilitación de vivienda privada vacía para ponerla en el mercado de alquiler a precios asequibles. La rehabilitación seria asumida por las Administraciones Públicas, y estaría sujeta a la cesión de la vivienda por parte del propietario durante un periodo de tiempo, hasta 10 años, con garantías de reintegro en buenas condiciones una vez finalizado el periodo pactado. 

El Bono al Alquiler Joven, siendo una medida positiva, se ha mostrado insuficiente, y poco eficaz en sus objetivos, en la mayoría de las ocasiones por el bajo desempeño de las comunidades autónomas, que han sido las responsables de su gestión. Por ello, e los próximos meses, apostamos por destinar al Bono al Alquiler Joven deberían estar sujetos a un compromiso de cofinanciación y resultados por parte de las comunidades autónomas. 

Este sindicato continúa creyendo que la mejor manera de acceder a una vivienda es a través de un alquiler asequible o social, sobre todo para los colectivos de jóvenes y familias vulnerables. La realidad es que la opción preferente continúa siendo la compra de una vivienda que además representa, en la mayoría de ocasiones, la mayor inversión que harán en su vida. En este sentido, la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) garantiza hasta el 20% de la hipoteca para jóvenes de hasta 35 años y familias con menores, siendo una medida que inicialmente puede facilitar la emancipación temprana de las personas jóvenes con capacidad de compra y facilitar la adquisición de una vivienda a familias con hijos. No obstante, creemos que debe aplicarse de forma que no sirva para incrementar de nuevo el precio final de las viviendas, como ya ocurrió con las desgravaciones en el IRPF hasta el año 2013.

Otra medida que facilitaría el acceso de la población a la vivienda sería el incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Ocurre que para acceder a la compra o alquiler de una vivienda pública con cualquier tipo de protección, los ingresos de la unidad familiar están limitados en función de este indicador. Éstos se sitúan entre 2,5 y 7,5 veces o, en el caso del Bono al Alquiler Joven hasta tres veces el IPREM. Y es que, los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de los salarios en los últimos años, conjugado con el estancamiento y las leves subidas del IPREM, se han convertido en un obstáculo más para que muchas familias puedan acceder a solicitar viviendas públicas protegidas sobre todo las VPO de categoría especial, destinadas a los colectivos más vulnerables. Según nuestros cálculos, a partir de datos de la AEAT y Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, una subida del 5% del IPREM para el año 2024, significaría que 200.000 hogares más podrían cumplir los requisitos de ingresos para poder solicitar una vivienda pública protegida. 

Por último, también es preciso profundizar en las políticas de control de precios de la deuda hipotecaria que se ha visto afectada de forma intensa por la política de elevación de tipos de interés que hemos sufrido en los años 2022 y 2023. Esto ha provocado una disminución de la renta disponible de las familias con hipotecas, por el aumento de las cuotas hipotecarios que han superando los límites asumibles del 30%, además se ha producido una contracción de los créditos hipotecarios, del 17,7%, y un aumento de la morosidad hipotecaria, del 8%. 

El Código de Buenas Prácticas financieras, y sus sucesivas reformas han resultado insuficientes e ineficaces, principalmente por los múltiples requisitos que se continúan solicitando a los deudores para poder acceder al mismo y porque su aprobación continúa en manos del criterio de las entidades financieras. CCOO defiende que la finalidad de las políticas en materia hipotecaria debe ser la de atenuar a las familias el efecto del incremento de los tipos de interés facilitando la novación y/o subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo, de manera que se minimice el coste para los hipotecados, se facilite el crédito a las familias y a su vez, se minimice el riesgo de impago para las entidades financieras, 

Por ello, para facilitar el acceso de la población a la vivienda en propiedad, cuando esta sea la opción elegida, y garantizar una oferta razonable de préstamos hipotecarios, es necesario abordar una transformación del mercado hipotecario limitando el incremento de las cuotas de los préstamos a no más del 30% de las rentas de los hipotecados. A la vez hay que establecer que los tipos de interés fijos sean la referencia habitual para las hipotecas vinculados al precio de la deuda pública del Estado a largo plazo, similar al modelo vigente en Francia, donde ese establece un tipo máximo “de usura” para préstamos hipotecarios, que ha demostrado tener un efecto limitador en el incremento de los tipos de interés.