CCOO y el Observatorio de RSC presentan el estudio “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35”
CCOO y el Observatorio RSC - una organización que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CCOO, que actualmente ostenta la vicepresidencia - han presentado en rueda de prensa el informe “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2017”, que evalúa la calidad de la información proporcionada en la documentación y en las memorias públicas de las empresas y el grado en el que las memorias de RSC son herramientas válidas para la gestión y el control interno de las propias empresas.
El alcance del estudio del Observatorio incluye 7 áreas - buen gobierno (29,89 puntos de 100), corrupción (20,24 puntos), fiscalidad responsable (11,88 puntos), medioambiente (39,34 puntos), derechos humanos (15,37 puntos), derechos laborales (36,52 puntos) y clientes y consumidores (34,96 puntos) -, en las que la calidad de la información respecto a cada una de ellas es todavía deficiente, y no alcanza un nivel adecuado en ningún caso. El nivel de información no supera los 26,88 puntos de media en una escala posible de 100.
Según este estudio, el aspecto sobre el que las empresas aportan más información es el medioambiental, seguido de los aspectos laborales. Existe bastante información en materia de políticas medioambientales, pero las grandes lagunas de información se encuentran en materias como la gestión de materiales o de agua, junto con la gestión de la biodiversidad, donde el promedio de información proporcionada es únicamente de un 21,76 sobre 100. Las áreas que alcanzan un menor grado de transparencia son las relacionadas con la fiscalidad y el respeto de los derechos humanos.
En relación con las cuestiones laborales que atañen a los empleados directos de la empresa, la mayoría de las empresas aportan información sobre políticas de no discriminación (94%) o sobre la existencia de sistemas de prevención de riesgos laborales (89%). Muchas menos empresas aportan información sobre condiciones salariales de sus empleados (14%) o sobre condiciones en la contratación (solo un 26,89%). En líneas generales destaca que las empresas suelen aportar información en relación con sus empleados en España, pero el nivel de desglose es prácticamente inexistente en relación con los empleados de otros países donde la empresa cuenta con plantilla directa. 10 empresas del IBEX 35 no presentan ninguna información sobre trabajadores sujetos a convenio colectivo, a pesar de considerarse el derecho a negociación colectiva un derecho laboral fundamental y de ser un requisito ya exigido por la Ley 11/ 2018 de información no financiera y diversidad y tan solamente 8 lo hacen para todos los países que tienen presencia laboral. Es fundamental que las empresas reporten país por país y que expliquen cuáles son las causas que justifican la existencia de trabajadores/as no cubiertos por la negociación colectiva, especialmente en aquellos países en los que estos derechos están en riesgo, según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Respecto a la información sobre el respeto de los derechos humanos sigue sin haber apenas información sobre cómo la empresa garantiza la no vulneración de los derechos humanos. Solamente un 21% de las empresas publican los riesgos que sus actividades suponen para los derechos humanos, y solo un 22% aporta información sobre la realización de auditorías a sus proveedores en materia de derechos humanos. Especialmente negativa resulta la información sobre mecanismos operacionales de remedio, ya que solamente 1 empresa admite contar con este tipo de mecanismos.
No hay información en relación con los casos de vulneraciones de derechos en los que se hubiesen visto implicadas las empresas a lo largo del ejercicio, aspecto que denota una falta de rendición de cuentas. Se han encontrado al menos cuatro casos de vulneraciones sobre los que las empresas implicadas no reportan. Del mismo modo, la información sobre la gestión de los derechos humanos en las cadenas de suministro recibe una atención muy escasa.
La lucha contra la corrupción recibe algo más de atención si bien todavía a un nivel que no puede considerarse como un verdadero ejercicio de transparencia. Mientras un 57% de las empresas analizadas cuentan con políticas específicas en materia de corrupción, únicamente un 26% señala en sus informes riesgos específicos de corrupción y un escaso 23% informa sobre la realización de auditorías anticorrupción, siendo solo 1 empresa la que presenta datos sobre los resultados de esas auditorías anticorrupción.
Por lo que se refiere a la fiscalidad, solamente 2 de las 35 empresas presentan información del impuesto de sociedades pagado por país, pero ninguna de las empresas analizadas informa sobre tipo nominal y tipo efectivo, cuota, base imponible y resultado contable antes de impuesto por país. En relación a las subvenciones y ayudas recibidas por parte del sector público 5 empresas presentan información especificando cantidades y organismo que la ha concedido.
Por último, otra de las conclusiones fundamentales del estudio, compartida con nuestro informe “Evolución de indicadores de buen gobierno de las empresas del Ibex 35 durante el ejercicio 2017” presentado el pasado 12 de marzo, es que el grado de información no resulta homogéneo entre el conjunto de empresas analizadas por variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores dispares. Además la información que presentan la mayoría de las empresas está más orientada a una exposición de logros empresariales y buenas prácticas que a cumplir con el objetivo de rendición de cuentas que persiguen normas como la Ley 11/ 2018.
Tanto con la participación en el Observatorio RSC, como con la propia elaboración del estudio, CCOO muestra su compromiso con la transparencia y la RSE. Desde CCOO, consideramos que ambos trabajos muestran una extraordinaria complementariedad y son 2 herramientas fundamentales para reforzar la transparencia en las empresas, que de cómo resultado una mayor implementación práctica de políticas sostenibles en las empresas.
