La victoria de Franco en 1939 inauguró una larga dictadura de casi cuarenta años, fundada sobre el terror: decenas de miles de desapariciones y ejecuciones, tribunales de excepción, etcétera. El movimiento obrero fue severamente reprimido: ilegalización de sus organizaciones, incautación de sus bienes y sus militantes y cuadros encarcelados, ejecutados o exiliados. Se obliga a empresarios y a trabajadores a encuadrarse en los sindicatos verticales, un aparato de la dictadura para controlar la mano de obra.
Al acabar la II Guerra Mundial (1945-1947), con la esperanza de restaurar de República, se produjeron las últimas huelgas protagonizadas por los sindicatos de preguerra: UGT y CNT,
En los años cincuenta reaparece la conflictividad en las fábricas. Se trata de luchas por reivindicaciones elementales relativas al trabajo y las condiciones de vida. Al mismo tiempo, a partir de 1953, militantes de oposición -singularmente comunistas-, miembros de la Acción Católica y otros trabajadores descontentos, tratan de articular candidaturas alternativas a las oficiales en las elecciones que organizan los sindicatos verticales. Esas luchas reivindicativas y los intentos de organizar candidaturas alternativas brindan la oportunidad para crear comisiones de trabajadores.
Estas comisiones no son sino los hombres y mujeres más combativos -en general, los militantes- que se atreven a representar a sus compañeros, bien tratando de negociar o presentándose a las elecciones sindicales. Aparecerán en zonas urbanas e industriales (Barcelona, Madrid, Vizcaya, Asturias, etc.). En este fenómeno se sitúa el origen de las Comisiones Obreras. Un origen que en la tradición del sindicato se singulariza en la mina gijonesa de La Camocha, paralizada por la huelga de enero de 1957 que organizó una Comisión Obrera.
El movimiento de las Comisiones, cobró un nuevo impulso en la década siguiente, apoyándose en las sucesivas elecciones sindicales -1960, 1963 y 1966- y en la negociación colectiva que, en el marco del sindicato vertical, permitió la Ley de Convenios de 1958.
A mediados de los años sesenta, las Comisiones Obreras se habían estabilizado en las principales ciudades del país y coordinado a escala estatal. En 1966-1967 elaboraron sus primeros documentos. Se definieron como un movimiento unitario y plural de carácter sociopolítico que luchaba por mejorar la condición obrera, conquistas los derechos colectivos de los trabajadores y las libertades democráticas, además de conseguir una central sindical unitaria.
El régimen respondió a la expansión de las Comisiones con la represión: ilegalización en 1967, despidos, detenciones y torturas, además de condenas de cárcel por Tribunal de Orden Público. El Proceso 1001, contra diez dirigentes de las Comisiones, fue un hito destacado de esta espiral represiva.
La movilización social y en particular la movilización obrera, esencialmente animada por CCOO van a ser determinantes para impedir que, a la muerte de Franco, la dictadura se perpetuase. CCOO y el movimiento sindical no solo juegan un papel esencial en la transición a la democracia, sino que son constitutivos de la misma, tal y como recoge la Constitución de 1978.
En la transición CCOO se transforma de movimiento sociopolítico en sindicato, durante 1976 y 1977. En enero de ese último año serían asesinados 5 abogados laboralistas de Comisiones a manos de pistoleros fascistas vinculados a las cloacas del estado franquista. Tres meses después llegaría por fin la legalización. En 1978 celebró su I Congreso la ya Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Marcelino Camacho fue elegido secretario general. Aquel mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones sindicales libres.
El mes de octubre de 1977, tras la victoria electoral de la UCD, las fuerzas políticas parlamentarias firman los Pactos de la Moncloa, que apoyaría CCOO. Desde entonces y hasta 1986 tuvo un lugar un proceso de concertación social centralizada. CCOO suscribió algunos de estos acuerdos y rechazó otros. En todo caso, estos acuerdos respondían a la siguiente lógica: la moderación salarial facilitaría la recomposición del excedente empresarial. A su vez, éste facilitaría nuevas inversiones y, como corolario, nuevos empleos. Al mismo tiempo, la moderación laboral proporcionaría estabilidad al proceso de transición.
A partir de 1985 la interrupción de los acuerdos centrales dio paso a grandes conflictos, como las huelgas generales de 1985, 1988, 1992 y 1994 contra las políticas económica y laboral del gobierno socialista, que precarizaron el mercado de trabajo y endurecieron las condiciones de acceso a las pensiones. En este contexto, Antonio Gutiérrez fue elegido secretario general en el IV Congreso de CCOO, en 1987. En 1990 el sindicato ingresó en la Confederación Europea de Sindicatos.
Desde mediados de los años noventa -durante el final del mandato de González y a lo largo de los gobiernos de Aznar (PP) y Zapatero (PSOE)- hasta 2010 se han entrelazado los acuerdos sociales y el conflicto.
En el primer ámbito, deben mencionarse: el Pacto de Toledo de 1995 para garantizar el sistema de pensiones; el Acuerdo para la Solución Extrajudicial de los Conflictos de 1997; los diversos Acuerdos para la Negociación Colectiva, partir de 2001; la Reforma Laboral de 2006 para combatir la precariedad laboral; las leyes aprobadas con apoyo sindical como la de Igualdad, la de Dependencia (2006) o la que regula la subcontratación en la construcción (2007); el acuerdo de pensiones, de 2011. Al mismo tiempo CCOO, en unidad de acción con UGT, ha respondido con diversas huelgas generales y otras movilizaciones también de tipo general a las reformas laborales que, aprobadas por los diferentes gobiernos, desregulaban y precarizaban las relaciones de trabajo.
Paralelamente, José María Fidalgo fue elegido secretario general en el VII Congreso de CCOO, en 2000. En 2006, CCOO participó en el congreso de fundación de la Confederación Sindical Internacional. En el IX Congreso Confederal, celebrado en diciembre de 2008 resultó elegido Ignacio Fernández Toxo secretario general de CCOO. En el congreso de mayo de 2011 de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Ignacio Fernández Toxo fue elegido su presidente.
A partir de mayo de 2010 el gobierno de Rodríguez Zapatero, siguiendo las instrucciones de Bruselas, puso en marcha una política de austeridad severa. La reforma laboral aprobada por el gabinete socialista dio lugar a una huelga general el 29 de septiembre de ese año. El gobierno del PP, elegido en las elecciones de noviembre de 2011, ha radicalizado esas políticas, eliminando derechos básicos, incrementando el desempleo y empobreciendo a la inmensa mayoría de la ciudadanía. La austeridad a ultranza se desarrolla tras dinamitar el diálogo social y con estilos autoritarios de gobierno. En este contexto CCOO y el movimiento sindical en su conjunto -que organizaron sendas huelgas generales el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012- constituyen la fuerza principal, no sólo de resistencia, sino con capacidad para articular una propuesta solidaria de salida a la crisis que ha de incluir un nuevo contrato social.
