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Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 26 enero 2022.

    La incapacidad del Gobierno mantiene el sistema de formación profesional para el empleo en estado crítico

      La falta de convocatorias de ayudas en 2015 y 2016 deja a más de medio millón de trabajadores sin formación

      14/04/2016.

      En marzo de 2015, aduciendo razones de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno de Mariano Rajoy publicó un Real Decreto-ley que modificaba sustancialmente el modelo el momento vigente de formaciónón profesional para el empleo. Para otro momento se dejó el diálogo social y el consenso parlamentario.

      Sin embargo, más de un año después sigue vigente toda la normativa anterior, salvo la que concede a los centros privados de formación la prerrogativa de ser los únicos solicitantes de cursos y a las empresas una flexibilidad casi total en la impartición de formación bonificada. El Gobierno ha sido incapaz de iniciar tan siquiera el desarrollo reglamentario del nuevo modelo, convirtiendo en papel mojado el texto de la propia norma que establece un plazo de seis meses para desarrollar y ejecutar su contenido.

      Esta alarmante parálisis no afecta solo a la legislación. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social se apresuró a convertir la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en fundación estatal, ajustando su Patronato de forma que el número de miembros de la Administración General del Estado tenga una representación mayoritaria frente a las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales. Desde entonces, ha sido incapaz de reunir a las comunidades autónomas para que se integren en el nuevo Patronato, pese a que la reunión de este órgano no es un simple trámite, ya que le corresponden funciones como la de tramitar y valorar técnicamente las solicitudes de ayudas de las distintas iniciativas de formación, recibir y analizar los resultados de los controles efectuados por la IGAE, el SEPE, o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y confeccionar el Inventario, Balance de situación, Cuenta de resultados, Memoria de actividades y de gestión y el Plan de Actuación que han de ser presentados al Protectorado, con arreglo a las leyes. Desde noviembre, estas y otras muchas más tareas están aparcadas a la espera de la reunión del Patronato.

      También se han saltado la formación de trabajadores ocupados a través de convocatorias de oferta estatales. Y no hablamos solo de 2016, hablamos también de la convocatoria de 2015. Si el Gobierno hubiera dejado al margen, al menos por esta vez, su incapacidad para aprobar una convocatoria de formación para ocupados, los 350.584.660 € finalmente no asignados hubieran podido financiar la formación de más de medio millón de trabajadores y trabajadoras (un 3 % de la población ocupada según datos del segundo trimestre 2015 de la Encuesta de Población Activa).

      En la formación programada por las empresas, la situación no es mucho mejor. El número de empresas que realizó formación para sus trabajadores empezó a descender por primera vez en 2014 y continuó en 2015. Según datos de la Fundación, en marzo de 2016 el número de empresas bonificadas era un 28 % inferior al del mismo mes del año anterior y el descenso afectó fundamentalmente a las pymes, las más necesitadas de formación. Para empeorar más las cosas, desde 2012 la Administración no publica la resolución de colectivos prioritarios que obliga a las grandes empresas a formar mujeres, personas con discapacidad, personas con baja cualificación y mayores de 45 años, al menos en el mismo porcentaje que representan en la plantilla.

      Para Javier López, Secretario de Formación de CCOO, “la falta de convocatoria de oferta y de prioridades en la formación bonificada aumenta los desequilibrios que se generan en los cursos gestionados directamente por las empresas, donde la participación de los colectivos más desfavorecidos es muy baja y los acciones formativas tienen menor duración”.

      En cuanto a la situación de los Permisos Individuales de Formación que pueden solicitar trabajadores y trabajadoras para realizar acciones formativas reconocidas por una acreditación oficial, el descenso ha sido tan dramático que incluso podríamos hablar de derrumbe: en marzo de este año se habían notificado a la Fundación un 48,2 % menos de permisos que el año anterior. Y es que el Servicio Público de Empleo Estatal, incapaz de controlar el mal uso de los permisos por parte de algunas empresas, ha optado por reinterpretar la norma, sin cambios desde el 2007, de la forma más restrictiva posible. Las condiciones impuestas en los dos últimos años en los controles que se realizan desde el SEPE impiden en la práctica a las personas trabajadoras realizar los cursos, no financiando por ejemplo el tiempo de desplazamiento desde el centro de trabajo al de formación, ni el tiempo necesario para realizar trabajos y preparar los exámenes, o exigiéndoles copia de los controles de asistencia cuando en muchos centros (por ejemplo, la mayoría de las Universidades) no existe tal control.

      La formación profesional para ocupados en España ha ido ganando posiciones en Europa -afirma Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría Confederal de Formación de CCOO- y ya en 2010 el número de empresas que proporcionaban formación a sus trabajadores había superado la media europea (un 75 % frente al 65 % de la UE según la última encuesta de formación continua de Eurostat). Pero si el Gobierno no se pone a gobernar, a dirigir, a actuar inmediatamente, volveremos a situarnos a la cola, como estábamos en 1993 donde tan solo el 27 % de ellas ofrecían cursos a sus empleados, muy por debajo de lo que pasaba en los países de nuestro entorno.