GLORIA POYATOS nace en Barcelona, aunque pasa su infancia en Santa Coloma. Dice que su edad no tiene importancia y ciertamente no la tendría si no fuera porque su extensísimo curriculum pudiera indicar que su edad es otra. De hecho, intentar resumir su trabajo, sus inquietudes y sus proyectos futuros en una entrevista es todo un reto. Es más que probable que la inspiración la encuentre siempre trabajando y pensando en cómo generar una sociedad mejor.

De pequeña, a Gloria Poyatos le gustaba hablar en público y argumentar: “Mi madre, me puso un apodo familiar ‘leyista’ porque siempre cuestionaba dialécticamente, sus ‘órdenes’. Tenía 7 años”. No causó, por tanto, extrañeza que de mayor desease dedicarse al ejercicio de la abogacía: “Vi en el derecho una oportunidad de poner mi afición por la oratoria al servicio de las personas más vulnerables”.

Durante 15 años trabajó como abogada laboralista y se acercó a los problemas cotidianos de las personas: “Ser abogada laboralista nunca ha sido un trabajo para mí, más bien una pasión que me ha regalado experiencias inolvidables con las que me he humanizado y forjado como persona. Te convierte en una espectadora directa de las múltiples violencias de género que se infligen a las mujeres desde un mercado laboral que las discrimina ferozmente, a pesar de su aparente integración en igualdad (formal) con el sexo contrario. Desde mi despacho he tenido la oportunidad de plantear acciones en materia de brecha salarial, techo de cristal, violencia sexual ocupacional, acoso, despidos discriminatorios o violencia institucional desde las propias entidades gestoras de prestaciones de género. Una panorámica que me mostró tempranamente la vulnerabilidad social de un colectivo históricamente discriminado y me llevó a interesarme por materias muy vinculadas al sexo femenino como es el trabajo a tiempo parcial, el acoso o la prostitución”. Precisamente, durante esos años, escribió tres ensayos sobre estos temas (1).

Gloria Poyatos compatibilizó su tarea como abogada laboralista con su faceta de profesora asociada en la Universidad de Girona donde impartió clases en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Girona.

Cuando decidió, junto a otras juezas españolas, la creación de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) recibieron críticas e incluso alguna queja: “Nos llamó la atención y mucho. Incluso hubo alguna asociación que presentó una queja contra la asociación ante el CGPJ, pero poco a poco nos dimos cuenta de que eso forma parte de nuestra actividad asociativa y que es un barómetro certero de que lo estamos haciendo bien”. Parece que 1966, el año en que se levantó la prohibición de las mujeres de ser juezas basándose en que contravenía “la delicadeza consustancial” de las mismas, no está tan lejos.

Afirma que las juezas sufren discriminación indirecta, ¿cómo se explica?

La carrera judicial no es un estamento inmune a los estereotipos y prejuicios machistas. Jueces y juezas nacen, se educan y opositan en la misma sociedad patriarcal que el resto de profesionales. Por tanto, el machismo también impera en la judicatura, donde se extiende bidireccionalmente, de forma endógena o exógena. Ésta última es quizás la más peligrosa por el terrible impacto que tiene sobre la ciudadanía. Una justicia machista no es compatible con una justicia igualitaria o equitativa.

La constatación del machismo endógeno está en la fotografía que cada año ilustra la apertura del año judicial, en la que no hay ni rastro de las mujeres, a pesar de que en la actualidad, las féminas son mayoría en la carrera judicial (52%) Esa imagen anual es un insulto a la dignidad de las juezas españolas, porque las invisibiliza con un mensaje simbólico de negación de su importante aportación a la justicia.

Además, la judicatura dispone de su propio techo de cristal, dificultando el acceso de las magistradas a la cúpula judicial, a través de un sistema de valoración de méritos que las discrimina indirectamente, por ejemplo al valorarse en primer lugar la antigüedad en la carrera (escalafón), cuando hasta el año 1977 no ingresó la primera mujer en la judicatura. O también al excluirse de la valoración curricular el tiempo que las magistradas emplean en los cuidados familiares, cuando es incuestionable que ellas monopolizan los permisos y licencias familiares que se solicitan en la carrera judicial.

Ha escrito sobre la carga de trabajo en la judicatura, la falta de prevención de riesgos laborales y la disminución de efectivos judiciales, ¿cómo afecta esta situación a la ciudadanía?

La justicia en España sufre de una grave congestión que tiene ya un carácter endémico, pues no se trata de un diagnóstico nuevo, aunque la reciente crisis lo haya agravado, sino de una antigua patología, desatendida históricamente por todos los Gobiernos.

La sobrecarga judicial no sólo afecta psicológicamente al productor o productora judicial, carente de protección, actualmente, frente a este riesgo psicosocial, sino que supone, además, el pago de un alto precio para la población, que se ve irremediablemente afectada en su derecho a una justicia rápida. Pero todavía puede ser peor, pues la lentitud judicial tiene un devastador efecto para las personas con menos recursos (las más vulnerables), pues el tiempo les juega en contra porque las empobrece más todavía y las coloca en situaciones límite de desesperación, de las que siempre sacan ventaja aquellas entidades, empresas o Administraciones a las que el tiempo no les perjudica, más bien al contrario.

Su primer empleo fue en el gabinete jurídico de CCOO, ¿cómo recuerda esos inicios?

Mi primer trabajo fue en el campo, en la recolecta de aceitunas, pero mi primer empleo remunerado fue en una pastelería, luego en una pizzería y más tarde como vendedora de piscinas, así que mi empleo como abogada del gabinete jurídico de CCOO fue el quinto, realmente.

Tenía 23 años cuando inicié mi andadura como letrada de sindicato y lo recuerdo como una experiencia fascinante, con la que aprendí mucho más de lo que podría esperar. El sindicato me enseñó una dimensión práctica y vital del derecho del trabajo absolutamente desconocida en el mundo académico, me enseñó la realidad que viven muchas personas invisibilizadas, el concepto de “conciencia colectiva” de quienes menos tienen, otras miradas y formas de entender la vida y me enseñó a usar el derecho como herramienta de defensa de la parte más débil del contrato de trabajo.

Mi tiempo como abogada me ha permitido, además, plantear pleitos difíciles, fáciles, experimentales, exóticos, colectivos, estratégicos, sindicales y valientes. Entre ellos destacaría el caso del despido de las trabajadoras de un club de alterne de Puigcerdà. Era invierno, cuando acudieron a mi consulta de la localidad de Ripoll, un grupo de alternadoras y prostitutas, cuyo empleador, que nunca las dio de alta en la seguridad social tras años de servir copas en un local, cerró abruptamente y sin avisar. No era un tema fácil, pero reconozco que los retos han sido siempre una motivación profesional para mí. Las advertí de las dificultades jurídicas y judiciales y planteamos la acción por despido improcedente como alternadoras. Tuvimos mucha suerte en aquel entonces, y obtuvimos una sentencia favorable, que también permitió a mis clientas acceder a las prestaciones por desempleo. Este tipo de experiencias son las que hacen que la vida de una abogada valga la pena…

En 2002 publica un libro sobre el trabajo a tiempo parcial, un tipo de trabajo donde las mujeres se llevan la palma, ¿ha variado en algo esta situación?

El contrato a tiempo parcial ha sido una herramienta utilizada históricamente por las trabajadoras para conciliar su vida laboral y familiar, y también ha sido y es el contrato perfecto para defraudar a través de horas extras que nunca se remuneran. Aunque el auge de los llamados minijobs está incrementando el uso de este tipo de contratación en el sector masculino, siguen siendo las féminas las más contratadas parcialmente. Ello las convierte en candidatas ideales al percibo de famélicas pensiones que aumentan el riesgo de pobreza que también encabezan en comparativa de género. La brecha salarial disminuye con las contrataciones a tiempo completo.

En 2006 escribe el ensayo Mobbing: Análisis disciplinar y estrategia legal, ¿se ha encontrado con muchos casos a lo largo de su vida laboral?

Sí, pero debido a las dificultades probatorias de este tipo de procesos, siempre he sido muy selectiva. Mi teoría, que denomino “efecto boomerang”, es que si no tienes pruebas suficientes para convencer al juez o jueza de que existe una situación de acoso, es mejor no iniciar el proceso, (o en su caso esperar a disponer de más y mejores pruebas), pues el impacto de un pleito perdido para una persona acosada, que normalmente ya te llega muy dañada psicológicamente, la acaba de destruir. Quizás estas restricciones han tenido mucho que ver en que casi todos los procesos que he llevado como abogada, se ganasen.

¿Crece el machismo y la violencia de género o se denuncian más casos y merecen mayor atención por parte de la sociedad?

Las violencias machistas siempre han estado ahí, la diferencia es que ahora se visibilizan socialmente. Actualmente, las mujeres denuncian más, porque están más formadas y tienen más independencia económica y más libertad que sus abuelas. En cualquier caso, creo que la crisis y la frustración producida por el paro, exacerba las actitudes violentas y machistas. El camino es largo. Hay que seguir.

¿Qué debería contemplar un pacto de Estado contra la violencia sexista?

El abordaje multidisciplinar desde todos los ámbitos en los que la violencia se retroalimenta, especialmente desde la educación, que es el arma más poderosa para cambiar una sociedad y para acabar con el machismo desde la raíz. La educación es la llave; por eso, desde la asociación de mujeres juezas hemos impulsado en Lanzarote el proyecto Educando en justicia igualitaria. Se trata de un programa de divulgación de la justicia igualitaria entre los más jóvenes (de 9 a 18 años) para ayudarles a reconocer las discriminaciones, las violencias de género o los estereotipos sexistas, que incluye la preparación y escenificación de un juicio con perspectiva feminista.

En materia de justicia, urge establecer un plan de formación obligatoria, trimestral y transversal de quienes participan en la persecución del delito de violencia de género. Además, entre otras cuestiones, hay que conseguir el cumplimiento real de las leyes con impacto de género y, por supuesto, contar con un soporte presupuestario real y no virtual.

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España proponen cambios en materia de delitos sexuales, ¿podría explicarnos en qué delitos se centrarán y en algunas de sus propuestas?

Proponemos la tipificación de modalidades de corrupción sexual con penalización de prevalencia de situaciones de superioridad y/o confianza y regulación de protocolo de actuación interna en las empresas frente a todo tipo de acosos, como herramienta de prevención primaria en la detección de situaciones incipientes de acoso sexual ocupacional que afectan mayoritariamente a las mujeres.

En cuanto al Estatuto de la Víctima del Delito, proponemos su implantación generalizada, con dotación de medios suficientes, creación de las oficinas de atención a las víctimas, formación, protocolos de actuación etc. Y también, las siguientes mejoras legales: en primer lugar, extensión automática del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de delitos contra la libertad sexual (equiparándose así al régimen jurídico que se dispensa a las víctimas de terrorismo, violencia de género y trata de seres humanos); en segundo lugar, generalización como agravante en delitos cometidos en el ámbito de violencia doméstica y de género la posición de especial vulnerabilidad derivada de la situación gestacional de la víctima y; en tercer lugar, permisibilidad, en situaciones de especial vulnerabilidad de la víctima, de la introducción de su declaración en el juicio a través de la reproducción de la obtenida durante la fase de investigación.

En cuanto a la trata, nuestra propuesta pasa por regular mediante ley y de forma integral la protección de las víctimas de trata de seres humanos modificando el procedimiento por el que se procede a su identificación y reconocimiento como tal. Hoy dicha facultad la ostentan solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debiendo ser extensiva a jueces y juezas e integrantes del Ministerio Fiscal que intervengan en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos y tanto de oficio como a petición de la víctima o de las asociaciones y organizaciones que tengan legalmente reconocidos entre sus fines la protección de estas personas.

Carmen Briz (cbriz@ccoo.es) es periodista y forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO.

(1) Gloria Poyatos es autora de: Trabajadores a tiempo parcial (Bosch- 2002, Mobbing: Análisis disciplinar y estrategia legal (Bosch 2006) y La prostitución como trabajo autónomo (Bosch-2009). Ha escrito numerosos artículos en revistas jurídicas y tiene en marcha un blog en un diario digital (http://www.huffingtonpost.es/gloria-poyatos-matas/).