Susana Brunel, Silvia Espinosa, Carmen Heredero, Ana Herranz y Begoña Marugán en la rueda de prensa. Fotografía de Julián Rebollo.

EL DOCUMENTO Prevención, protección y derechos. Análisis y propuestas de CCOO para combatir la violencia de género denuncia los déficits en la aplicación de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y plantea propuestas en distintos ámbitos de actuación: laboral y económico; publicidad y medios de comunicación; policial, jurídico y servicios judiciales; educativo y sanitario; servicios sociales e intervención social.

El documento -coordinado por la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad, y elaborado conjuntamente con las secretarías de Mujer de las federaciones estatales de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad del sindicato- evidencia la pasividad e ineficacia de la acción del Gobierno del Partido Popular. La ausencia de voluntad política, a la hora de poner en marcha medidas y recursos necesarios para el desarrollo y aplicación efectiva de la ley contra la violencia, es clara; y son más que evidentes las carencias en actuaciones de prevención, coordinación y formación para la adecuada atención, asistencia y protección de las víctimas.

Las políticas de austeridad, el fuer­te recorte en recursos y dotaciones presupuestarias, los graves retroce­sos en derechos laborales, sociales, sanitarios, educativos y reproductivos de las políticas del gobierno del Partido Popular, han supuesto un incremento de los factores de la violencia estructural: mayor desempleo y precariedad laboral, desprotección social, feminización de la pobreza, etc.

En la última legislatura se ha producido un retroceso importante de las políticas de igualdad, con un gobierno que no ha atendido las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) realizadas en 2015, que señalaban la necesidad de aumentar los recursos para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, justamente en tiempos de crisis.

Tampoco existe voluntad política ni previsiones económicas para atender las obligaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul 2011), vigente desde 2014, y que señala que la lucha y los recursos deben incluir todas las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.

Es urgente actuar y plantear medidas eficaces contra la violencia de género. 44 mujeres han sido asesinadas en 2016 y 8 en lo que va de 2017. La violencia contra las mujeres atenta contra los derechos humanos y debe considerarse una cuestión de Estado, cuya resolución debe implicar al conjunto de la sociedad. Es fundamental también el compromiso permanente y la colaboración continuada entre instituciones, movimiento feminista y organizaciones sociales para prevenir y erradicar la violencia.

El sindicato valoró, en su momento, de forma positiva la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección In­tegral contra la Violencia de Género –instrumento legal decisivo para el reconocimiento de derechos y para combatir la violencia machista- pero, a fecha de hoy, considera que este avance normativo no ha contado ni con voluntad política ni con las dotaciones presupuestarias necesarias para su desarrollo y aplicación efectiva. El Gobierno del Partido Popular ha fracasado en la gestión de las políticas de igualdad y en las políticas contra la violencia sexista, como así lo constatan los permanentes asesinatos y los déficits en el tratamiento y atención a las víctimas.

Estos son algunos datos de un drama que no cesa: entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2016, un total de 858 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas. En 2016, han sido 44 las víctimas de violencia de género y otros 8 casos se encuentran en estudio. Unido al drama de las asesinadas, son ya 26, el número de menores en orfandad por las víctimas mortales en 2016. En 2017, son ya 8 las asesinadas.

Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en 2016, de las 44 asesinadas sólo 16 (36.4%) presentaron denuncia y solo 6 (13,6%) tenían medidas de protección en vigor. Un 63,6% no presentó denuncia.

Denuncias y renuncias de las víctimas de la violencia de género.

Resulta alarmante el alto número de renuncias por parte de las víctimas a continuar el proceso. Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2015, se presentaron 129.193 denuncias (353 diarias) y también se presentaron 15.321 renuncias para no continuar con el proceso (el 11% de las denuncias), lo que pone de manifiesto deficiencias tanto en la atención jurídica, como psicológica, servicios sociales, etc.

Según datos del CGPJ, relativos altercer trimestre de 2016, se han presentado 38.402 denuncias y en 4.810 casos (el 13,3%) las denunciantes se han acogido a la dispensa de declarar contra sus agresores.

En 2015 fueron solicitadas en Juzgados de Violencia sobre la Mujer 36.292 órdenes de protección, de las que 20.827 (57%) fueron adoptadas y 13.749 (38%) denegadas. Según datos del CGPJ, relativos al tercer trimestre de 2016, fueron incoadas 7.309 órdenes de protección, de las que 272 (4%) fueron inadmitidas, 4.345 (59%) adoptadas y 2.692 (37%) denegadas. La ausencia de protección pone en riesgo la vida de las mujeres y debe analizarse teniendo en cuenta las escasas unidades de valoración integral del riesgo y la insuficiencia de recursos públicos para la prevención y protección de las víctimas.

Dicha denegación, imposibilita la acreditación como víctima de la violencia de género y por tanto el acceso a los derechos laborales y prestaciones sociales, económicas, etc., por lo que es preciso abordar la posibilidad de utilizar otras posibles acreditaciones, como informes de servicios sociales o sanitarios.

Déficits

En el documento elaborado por Comisiones Obreras se abordan los déficits existentes en la aplicación de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Éstos son algunos de ellos, detectados en la aplicación de la normativa específica, estrategias y planes aprobados en los distintos ámbitos de actuación para el tratamiento y erradicación de la violencia machista en los diferentes ámbitos: laboral, económico, policial, funcionarial, jurídico, servicios sociales e intervención social, educativo, sanitario y publicidad y medios de comunicación.

En el ámbito laboral y económico se pone de manifiesto la ineficacia y pasividad de la respuesta institucional; no se produce una aplicación efectiva de las medidas contenidas en la ley; no se desarrollan las políticas y programas específicos relativos al fomento del empleo y son insuficientes las ayudas económicas y de protección social.

Resulta alarmante el escaso uso que las víctimas de violencia sexista vienen haciendo de los derechos laborales y otras prestaciones sociales. Según datos oficiales, en 2014, solo 80 trabajadoras víctimas habían suspendido o extinguido su contrato de trabajo con derecho a desempleo. Dato que contrasta con el número de mujeres laboralmente activas y el promedio anual de 125.000 denuncias por violencia sexista -potenciales titulares de los mencionados derechos laborales y derechos económicos-.

Según información que recoge la encuesta que realiza el 016, del porcentaje de mujeres que facilitaron su situación laboral, un 52% estaba trabajando y el 31% estaba buscando empleo; es decir, el 83% estaban laboralmente activas. Entre las posibles causas que puedan explicar estos datos, se apunta el desconocimiento de la existencia de este derecho o las posibles dificultades que puedan encontrarse en las empresas para su ejercicio.

En el ámbito policial, funcionarial y jurídico es insuficiente la coordinación institucional, policial, de la propia Administración y entre los distintos órganos y servicios judiciales, así como la escasez de recursos para la adecuada asistencia, seguimiento y protección a las víctimas. Hay que destacar el escaso número de juzgados de violencia y la falta de especialización del personal encargado, tanto en los juzgados como en lo que al personal de medicina forense se refiere.

Tampoco existen protocolos eficaces de coordinación entre los distintos ámbitos que intervienes: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, judicatura y fiscalía, servicios sociales, servicios sanitarios, etc., ni la suficiente y necesaria planificación de las actuaciones a llevar a cabo en los distintos entes territoriales.

Respecto a las dependencias judiciales, también se evidencia la falta de los espacios físicos. En la mayoría de los casos, las dependencias judiciales no están preparadas para prestar las medidas de protección, situación que se acrecienta en los juzgados mixtos.

En el ámbito de los servicios sociales e intervención social se obvian las funciones y responsabilidades específicas que deben desarrollar los servicios sociales para la prevención, detección y atención de la violencia de género, conformándose en algunos casos un sistema de atención social precarizado, al margen del sistema público.

También se produce una desigualdad territorial y una heterogeneidad en cuanto a las prestaciones y servicios y al grado de cobertura de los mismos.

El ámbito educativo muestra evidencias de sexismo en los libros de texto y materiales curriculares, así como un insuficiente fomento de la formación inicial y permanente del profesorado para la práctica coeducativa e inclusiva para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A ello se suma la implantación de la LOMCE con el refuerzo de centros segregados por sexo y la desaparición de contenidos educativos para el impulso de valores igualitarios.

Los consejos escolares de los centros no tienen recursos para promover la igualdad de los sexos; no se produce la actuación de la inspección educativa que supervise e impida la pervivencia del sexismo y no se forma a profesionales de la educación para la prevención y resolución pacífica de los conflictos.

El ámbito sanitario no desempeña el papel clave que le corresponde en la prevención, detección y tratamiento de las situaciones que tienen como causa la violencia contra las mujeres.

El escaso conocimiento de los protocolos de actuación por parte del personal sanitario, la insuficiente formación en igualdad y contra la violencia machista y su falta de obligatoriedad, así como las carencias en la coordinación multidisciplinar, son importantes déficits para la adecuada detección y tratamiento de las situaciones de violencia en los centros sanitarios.

Los déficits en el ámbito de la publicidad y medios de comunicación tienen que ver con las representaciones estereotipadas de los géneros, que se interiorizan y se normalizan. La violencia simbólica rodea a las mujeres, así como el lenguaje sexista, las maneras de nombrar, de representar o de mostrar la realidad. Los medios, los discursos o las noticias tienen un impacto en toda la sociedad.

Propuestas

Ante los déficits detectados, se presentan las propuestas de Comisiones Obreras para eliminarlos en los diferentes ámbitos.

En el ámbito laboral y económico, elaborar unplan integral para la igualdad y contra la violencia de género,efectivo y consensuado con los agentes sociales, que ofrezca soluciones reales y que suponga la plena aplicación de la ley, que obliga a una actuación transversal e integral.

Atender con los recursos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado 2017, el cumplimiento de las recomendaciones del informe de laCEDAW y las obligaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul 2011), para garantizar recursos humanos y económicos suficientes que proporcionen la asistencia y protección a todas las víctimas de agresiones sexuales en la vida social, acoso sexual en el medio laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.

Impulsar actuaciones y medidas para la contratación y fomento del empleo de las víctimas, garantizando una atención específica y personalizada en la formación y búsqueda de empleo.

Garantizar la difusión, impulsar mejoras y asegurar el ejercicio de los recursos y prestaciones existentes a las víctimas, especialmente a inmigrantes, mayores, dependientes y mujeres con diversidad funcional.

Analizar la problemática del alto número de denegaciones de órdenes de protección, que imposibilita el acceso a los derechos y las distintas prestaciones; valorando la posibilidad de utilizar otras posibles acreditaciones como informes de servicios sociales o sanitarios.

Analizar y detectar los mecanismos y eslabones que fallan en la cadena de protección, tendentes a mejorar y fortalecer la eficacia y optimización en la coordinación institucional y cooperación judicial y policial entre el conjunto de las administraciones (estatal, autonómica y local), fiscalía, abogacía, profesionales sanitarios y sociales.

Garantizar formación y sensibilización para operadores jurídicos y quienes intervienen en los distintos procesos (jueces, fiscales, abogacía, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos psicosociales, sistema educativo, sanitario, publicidad y medios) de forma que se favorezca el cambio cultural y la acción preventiva.

En el ámbito policial, jurídico y servicios judiciales, la creación de las unidades o equipos de violencia de género dentro de la Guardia Civil, que puedan desempeñar diariamente la labor de evaluación de los niveles de riesgo y colaboración con otros profesionales (psicólogos, personal sanitario, servicios sociales, etc.), así como del seguimiento específico de casos de violencia, que faciliten ayuda y coordinación a otras unidades policiales para la prevención y ejecución de las medidas de protección de las víctimas.

La creación de juzgados especializados en violencia de género y de unidades de valoración integral del riesgo, con medios materiales y humanos suficientes para hacer efectiva la prevención y protección de las víctimas.

Aumentar el número de Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos y mejorar la dotación de recursos de los ya existentes para mejorar la asistencia que se ofrece.

Garantizar la atención y asistencia letrada inmediata a las víctimas, garantizando que están informadas de los distintos derechos, recursos y servicios que pueden solicitar.

Realizar un seguimiento integral de los casos de violencia, para la prevención del riesgo y para la garantía de la asistencia jurídica, policial y social previa. Se realizará un seguimiento especial de los casos de denegación de la orden de protección, y de las situaciones de renuncias a la continuación del proceso de denuncia por parte de las víctimas.

En el ámbito servicios sociales e intervención social, la creación de centros integrales públicos de atención a la mujer, centros territoriales con equipos interdisciplinares, que contarán con participación de los diferentes órganos implicados en el trabajo específico (cuerpos policiales, ámbito judicial, personal de servicios sociales, etc.).

Por último, establecer una cartera básica de servicios y prestaciones sociales que garantice la asistencia integral de víctimas, así como a sus hijas e hijos, y garantice la atención a mujeres con problemáticas específicas.

En el ámbito educativo, impulsar desde las administraciones educativas los medios necesarios para implicar al profesorado, demás profesionales de la educación y las propias familias, en el fomento de una educación en valores para la igualdad y contra la violencia.

Integración en los contenidos curriculares de la igualdad, la lucha contra el sexismo, una educación sexual y de los afectos y emociones que respete las diversas opciones identitarias y sexo-afectivas y la resolución pacífica de los conflictos.

Promover la elaboración de materiales y contenidos curriculares sin estereotipos sexistas o discriminatorios, que fomenten el igual valor de hombres y mujeres, con un lenguaje que visibilice a las mujeres, nombrándolas.

Asegurar la presencia en los consejos escolares de los centros de una persona encargada de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.

En el ámbito sanitario, desarrollar una atención sanitaria integral, mediante el establecimiento de equipos de profesionales multidisciplinares que tengan como objetivo la asistencia a las víctimas y la prevención de la violencia.

Elaborar una estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, que aborde la atención, detección y prevención de la violencia de género, teniendo en cuenta el impacto negativo para la salud, tanto de las mujeres como de hijas e hijos afectados, así como las graves repercusiones sociales y económicas que la violencia comporta.

Finalmente, en el ámbito publicidad y medios de comunicación, intensificar las acciones de sensibilización contra la violencia machista en los medios de comunicación (prensa escrita, TV, publicidad, redes sociales, etc.).

Realizar actuaciones informativas y formativas a profesionales de los medios de comunicación, prensa escrita, gráfica, TV, publicidad, redes sociales, etc. que propicien herramientas y conocimientos adecuados para abordar correctamente el tratamiento informativo en casos de violencia contra las mujeres.

La administración pública competente vigilará que la difusión de informaciones relativas a la violencia sea una información tratada con objetividad, para la defensa de los derechos humanos, libertad y dignidad de las víctimas y de sus hijos e hijas.

Este análisis de déficits y propuestas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, será trasladado al Gobierno -así como al conjunto de los partidos políticos y grupos parlamentarios, asociaciones feministas y organizaciones sociales- con el objetivo de avanzar en un compromiso conjunto para la erradicación de este problema social.

Susana Brunel (sbrunel@ccoo.es) es socióloga y forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras.

Informe/ Revista Trabajadora, n. 60 (marzo de 2017).