CCOO denuncia que el Gobierno utilice los PGE para recortar derechos a las empleadas de hogar

    CCOO lamenta que el grupo parlamentario del PP que soporta al Gobierno de la nación haya aprovechado el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para incluir enmiendas que limitan gravemente los derechos de Seguridad Social de las empleadas de hogar.

    23/05/2018.
    CCOO denuncia que el Gobierno utilice los PGE para recortar derechos a las empleadas de hogar

    CCOO denuncia que el Gobierno utilice los PGE para recortar derechos a las empleadas de hogar

    El Acuerdo de pensiones de 2011 incluyó la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de varios colectivos de trabajadores y trabajadoras que, por estar en regímenes especiales, disfrutaban de menores derechos de seguridad social que el resto de trabajadores. Las empleadas de hogar, junto con otros colectivos, quedaron encuadradas a partir de ese momento en un periodo transitorio en el que iban incorporando paulatinamente nuevos derechos hasta que el 1 de enero de 2019 quedaran plenamente integradas en el Régimen General.

    Entre los derechos que aún no se les han reconocido están la prestación por desempleo y medidas como la integración de lagunas que permitiría mejorar las cuantías finales de las pensiones de estas trabajadoras.

    La enmienda presentada en el proyecto de PGE por el PP retrasa la plena integración de las empleadas de hogar hasta 2023, de modo que medidas como la integración de lagunas que sería de aplicación automática a partir de 2019 ya no se aplicarán. Adicionalmente, este retraso en la plena convergencia con el Régimen General supondrá una nueva demora en el reconocimiento de la cobertura del desempleo, cuyo estudio también contemplaba el Acuerdo de pensiones de 2011 y lleva suspendido desde entonces.

    De aprobarse esta medida supondría un nuevo incumplimiento del Acuerdo de integración de las empleadas de hogar de 2011 que se sumaría a los ya mencionados en relación con la extensión de la prestación de desempleo y la reforma impuesta en abril de 2013 que generó falsamente la apariencia de que se abría la posibilidad de transferir a las trabajadoras la responsabilidad que competía exclusivamente al empleador a la hora de comunicar el alta y el pago de las cotizaciones desde la primera hora de trabajo; una responsabilidad, por cierto, que legalmente mantiene todavía el empleador.

    En opinión de CCOO estos reiterados incumplimientos del Acuerdo de 2011 han contribuido a frenar el afloramiento de empleo sumergido que se registró en la primera etapa de la integración hasta 2013, y que desde entonces se ha frenado en seco. Así, entre 2011 y 2013 el proceso de integración ayudó a emerger casi 1/3 del empleo sumergido que presenta este sector hasta alcanzar las 420.000 afiliadas en alta, pero se calcula que en el sector trabajan entre 600.000 y 700.000 personas, mujeres en su inmensa mayoría.

    Se insiste en extender las discutibles políticas de bonificaciones y reducciones, cuyo impacto sobre el empleo, al menos por cuenta ajena, es nulo.

    Las medidas de reducción de cotizaciones como medida de fomento del empleo suponen una merma de ingresos en el sistema de Seguridad Social, de modo que contribuyen a aumentar el déficit del sistema de pensiones. En su lugar, CCOO viene reclamando al gobierno que si quiere mantener este tipo de políticas de empleo, al menos sean sustituidas por bonificaciones, de manera que las cotizaciones sean desembolsadas por el Ministerio de Empleo en lugar de modo que se garantice así que la medida no contribuye al déficit del sistema.

    El proyecto de PGE ya calculaba que el conjunto de medidas de fomento del empleo entre las que se incluyen las reducciones se elevarán en 2018 hasta los 3.456 millones de euros.

    Pese a los reiterados anuncios hechos por diversos portavoces del gobierno y el PP en los que se han venido comprometiendo a sustituir las reducciones por bonificaciones para no incrementar con ello el déficit del sistema de Seguridad Social, el PP ha registrado una enmienda para extender la duración de la conocida como “tarifa plana” de autónomos en las zonas rurales.

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