CCOO pide un incremento de los recursos dedicados a la atención de personas migrantes

    En 2018 Salvamento Marítimo rescató a 49.688 migrantes, frente a 18.937 en 2017 y 6.719 en 2016. A pesar de este incremento, apenas se ha reforzado el personal e incluso el Gobierno del PSOE propuso en enero evitar el patrullaje activo de Salvamento Marítimo en las costas mediterráneas. “Desde CCOO nos oponemos a cualquier recorte que pueda afectar la seguridad de la vida humana en la mar. Solicitamos la aprobación del Plan Nacional de Salvamento y la recuperación de las tripulaciones anteriores a la crisis”.

    09/04/2019.
    Cristian Castaño, Victoria Fernández, María José Marín y Laura Saz

    Cristian Castaño, Victoria Fernández, María José Marín y Laura Saz

    Por otra parte, a principios de este mes la Junta de Andalucía ha anunciado el cierre temporal del centro de menores del Cobre, el único centro en Algeciras para menores inmigrantes, lo que supone una gran merma en la atención a estos menores no acompañados en una de las principales zonas de entrada. Esta situación se suma a una nefasta política con los menores no acompañados en muchas comunidades autónomas. CCOO ha denunciado en numerosas ocasiones la falta de personal, las externalizaciones realizadas, las deficiencias en las infraestructuras y la falta de previsión de una situación estructural respecto al número de menores no acompañados en relación con el número de plazas existentes.

    La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y la Federación de Función Pública del sindicato italiano CGIL han colaborado en un proyecto que busca conocer la situación actual de los servicios que atienden a las personas extranjeras desde la mirada de quienes trabajan en ellos. El estudio se centra en conocer las condiciones laborales del personal, aunque también aborda otras cuestiones como la adecuación de los recursos a las necesidades de los servicios, además de analizar el grado de coordinación entre los diversos servicios y entidades.

    Este informe, elaborado al amparo de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), tiene como finalidad identificar claves y propuestas de intervención para mejorar la calidad de estos servicios y, de este modo, garantizar que las personas migrantes reciban la atención debida y que sus derechos se vean protegidos.

    Tras haber entrevistado y consultado a más de 400 personas, el informe concluye lo siguiente:

    • Falta personal para atender las necesidades de los servicios. A pesar de que en los últimos años el número de personas atendidas se ha incrementado de forma significativa, el personal —mermado ya por los recortes aplicados durante la crisis— no ha sido reforzado en paralelo.
    • Son necesarios más y mejores recursos materiales. Las plazas de acogida son insuficientes y faltan recursos especializados para la atención a colectivos vulnerables, como los menores.
    • Hay que mejorar la coordinación y avanzar en cuestiones legales y administrativas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
    • Ha aumentado la externalización de servicios hacia empresas privadas y, con ello, la temporalidad y la inestabilidad en el empleo. Las tasas de temporalidad en servicios externalizados van desde el 33% al 64%.
    • En las empresas que gestionan servicios externalizados son frecuentes fórmulas de contratación fraudulentas como los “falsos autónomos”. Asimismo, en algunos lugares no se está garantizando el salario mínimo pactado en convenio.
    • El ritmo en las jornadas laborales se ha intensificado como consecuencia del aumento de las necesidades de atención y la falta de personal, situación que se hace más notoria en los lugares de entrada.
    • Se necesita más formación en materia migratoria, en competencias básicas de idiomas, en diversidad cultural, en materia legislativa y en derechos humanos.
    • Los riesgos psicosociales son la principal causa de siniestralidad. Están provocados por la fatiga laboral, estrés y ansiedad, la violencia (agresiones verbales y amenazas por parte de personas usuarias) y la carga psicológica por trabajar con colectivos vulnerables.
    • Antes estos resultados de la investigación, ambas organizaciones proponen, entre otras medidas:
    • Reemplazar la política de control y externalización de fronteras de la UE por una política de gestión organizada y común de las demandas de trabajo.
    • Defender los convenios internacionales sobre los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes.
    • Impulsar políticas públicas que favorezcan la convivencia y que combatan los discursos y actos xenófobos y racistas.
    • Adecuar las plantillas y los recursos materiales a las necesidades.
    • Proveer de recursos específicos para colectivos vulnerables.
    • Promover fórmulas de diálogo social para abordar la cuestión migratoria desde los ámbitos estatal, autonómico y local, con la participación de la Administración y de agentes sociales (sindicatos, empresas y organizaciones sociales).
    • Reducir las tasas de temporalidad y terminar con los salarios por debajo de convenio.
    • Mejorar la cualificación del personal con cursos en legislación y derechos humanos, competencias básicas en idiomas y sobre diversidad cultural.
    • Llevar a cabo estudios de evaluación de los riesgos psicosociales y desarrollar medidas preventivas en esta materia.

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