CCOO denuncia que la UE y sus estados miembros no permitan el desembarco en sus puertos de las personas rescatadas en el Mediterráneo

    Los barcos de rescate marítimo de las ONGs Open Arms, Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée que transportan a más de 500 migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo central continúan sin posibilidad de desembarcar a los rescatados en puertos seguros más cercanos. A juicio de CCOO, tanto la Unión Europea como sus estados miembros son cómplices de esta vulneración flagrante de derechos humanos, del incumplimiento del derecho internacional sobre refugio y auxilio humanitario en el mar y de la solidaridad que cimentaba el proyecto europeo en su origen.

    13/08/2019.
    Fotografía del Facebook de Open Arms

    Fotografía del Facebook de Open Arms

    El continuo y creciente drama humanitario que se está produciendo en el Mediterráneo, donde miles de personas arriesgan sus vidas huyendo hacia Europa desde sus países de origen para encontrar oportunidades económicas o para sobrevivir, o desde Libia, donde habían sido confinados y sometidos a las más salvajes violaciones de derechos humanos, está viviendo estos días de agosto uno de sus peores momentos.

    Los barcos de rescate marítimo de las ONGs Open Arms, Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée que transportan a más de 500 migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo central en los últimos días continúan sin posibilidad de desembarcar a los rescatados en puertos seguros más cercanos por la negativa de Italia, como consecuencia del cierre de sus puertos tras el decreto del Vicepresidente Salvini y la criminalización de la actividad de las ONG humanitarias de rescate, y de Malta.

    Tanto la Unión Europea como el resto de sus estados miembros son cómplices de esta vulneración flagrante de derechos humanos, del incumplimiento del derecho internacional sobre refugio y auxilio humanitario en el mar y de la solidaridad, que cimentaba el proyecto europeo en su origen.

    La propia Comisión Europea ha comunicado que no ha iniciado ninguna acción de coordinación para la distribución de rescatados y que podría suponer la solución al problema, puesto que ningún estado miembro ha realizado una petición formal y de que la “respuesta para la resolución de esta crisis depende de la voluntad de los Gobiernos”, según ha declarado Tune Ernst, portavoz comunitaria.

    El Gobierno español por su parte, y tras ser requerido directamente por Open Arms, no ha mostrado ninguna voluntad de ofrecer sus puertos a las ONGs, a diferencia de lo que hizo en junio de 2018, cuando facilitó el desembarco de más de 600 personas rescatadas a bordo del buque Aquarius en el puerto de Valencia. El ejemplo de solidaridad y humanidad que pretendió ser por parte del recién estrenado Gobierno de Sánchez tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, se ha transformado hoy en el riesgo de que se considere que solo España dispone de puertos seguros.

    La pasividad del ejecutivo español en funciones se extiende también al hecho de no haber realizado petición formal a la Comisión Europea para que coordine la distribución de los rescatados y así forzar que Italia o Malta acepten los desembarcos, del mismo modo que hace unos días hiciera el gobierno alemán con el buque Aylan Kurdi.

    CCOO denuncia la actitud de la UE y sus estados miembros frente a las personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo. Se utilizan argumentos de seguridad o del riesgo de efecto llamada para justificar una actitud insolidaria que desmorona el proyecto fundacional de la Unión.

    Es vergonzoso que la mayor economía mundial no tenga voluntad de dar respuesta a esta crisis humanitaria; que incumpla impunemente el derecho internacional; que no implemente una política migratoria común; que establezca un acuerdo con Turquía para evitar la llegada de refugiados a Europa, eludiendo la responsabilidad sobre el destino de las personas afectadas; que mire hacia otro lado respecto al desembarco de rescatados en Libia, país lo más alejado posible a un puerto seguro pues es un país en conflicto donde se vulneran los derechos humanos de forma generalizada, y que permita la criminalización de la ayuda humanitaria y de los rescates en el mar.

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