CAF y una de sus subcontratas condenadas a pagar 280.000€ a la familia de un trabajador fallecido por amianto

  • CCOO exige a CAF que no dilate los procesos judiciales porque supone una tortura para las personas afectadas por el amianto y para sus familias.

CCOO exige a CAF que no dilate los procesos judiciales porque supone una tortura para las personas afectadas por el amianto y para sus familias.

05/09/2019.
Concentración durante el juicio celebrado el pasado 14 de junio

Concentración durante el juicio celebrado el pasado 14 de junio

El Juzgado de los Social Nº1 de Donostia ha emitido una sentencia por la que se condena a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) y a la empresa José Manuel Armesto Valcarce (subcontrata de CAF) al pago solidario de una indemnización de 279.937’37 euros para la familia del trabajador Francisco Javier Pérez Hernández.

El trabajador falleció en noviembre de 2018 a causa de un mesotelioma pleural maligno, enfermedad que se derivó de la exposición profesional al amianto en las instalaciones de CAF. Francisco Javier Pérez Hernández estuvo en este centro de trabajo apenas seis meses entre los años 1971 y 1972, lugar en el que entró en contacto con el amianto en operaciones de montaje de trenes.

La sentencia considera acreditado que en las instalaciones de CAF había exposición al amianto “y no se utilizaba ningún sistema de extracción localizada en los procedimientos de manipulación de amianto en los que se podían producir desprendimientos de fibras… …ni tampoco se facilitaban los equipos de protección individual adecuados al riesgo”. También se reflejan incumplimientos empresariales en relación a la información que debía de recibir la plantilla sobre los riesgos del amianto, así como en relación a la vigilancia de la salud para la detección de consecuencias de la exposición al amianto.

La citada sentencia recuerda asimismo que en la época en la que Francisco Javier Pérez Hernández estuvo en contacto con el amianto existía ya regulación legal en relación a las medidas de protección específicas ante exposiciones laborales al amianto, regulación que hacía referencia a los reconocimientos médicos, a la concentración máxima de partículas en el ambiente, a los equipos de protección y a la información que era obligatorio trasladar a la plantilla. También se establece de forma textual que era conocido el riesgo para la salud que se derivaba de la exposición al amianto.

CCOO considera una irresponsabilidad que CAF haya esgrimido durante el juicio, tal y como consta en la sentencia, un argumento tan deplorable para eludir su responsabilidad como que Francisco Javier Pérez Hernández no era trabajador de la propia empresa. El sindicato entiende que este débil argumento sólo va dirigido a dilatar el proceso judicial, lo que contribuye a aumentar la tortura de las personas afectadas y sus familias.

Para CCOO lo fundamental no es de qué empresa era trabajador, sino las condiciones de trabajo que se estaban dando en las instalaciones de CAF y que son las que terminaron dañando la salud. En este sentido, CCOO se felicita por el hecho de que también en el caso de la exposición al amianto se ponga en valor la coordinación de actividades preventivas entre empresas principales y subcontratas, puesto que la subcontratación no puede convertirse en un instrumento para que la empresa principal, CAF en este caso, eluda sus obligaciones en materia preventiva. Por ello, la presente sentencia tiene que ser tenida en cuenta en otros casos, ya que muchos trabajadores expuestos al amianto eran trabajadores de subcontratas de grandes empresas, lo que ocurría no sólo en CAF sino también en muchas otras empresas.

Francisco Javier Pérez Hernández fue militante de CCOO, siendo durante años delegado de personal del sindicato en la empresa Calderería Irurena, empresa en la que también trabajó después del periodo trabajado en las instalaciones de CAF. Ha fallecido durante el proceso judicial para resolver la compensación del daño causado por la exposición laboral al amianto, circunstancia que CCOO ha denunciado ya en otros casos, y debido a lo cual el sindicato exige la puesta en marcha lo antes posible de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

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