Universidad de Huelva, fotografía de Carmen Arenas.
DE MANERA CÍCLICA vuelve a salir a la luz el conflicto laboral del servicio de limpieza de la Universidad de Huelva. Cada cambio de empresa adjudicataria del servicio se viene traduciendo en una reducción de la plantilla vía despidos o jubilaciones, sin reposición de los puestos de trabajo y una precarización creciente de las condiciones laborales del personal.
La empresa Palicrisa S.L. concluía su contrato en junio y debía ser sustituida por otra empresa, pero se negaba a abandonar el contrato, coincidiendo con su entrada en concurso de acreedores y con el inicio de un proceso de litigio contra la Universidad, que provocaba que la nueva empresa adjudicataria se niegue a asumir las deudas contraídas por la primera con la plantilla y con la Seguridad Social entre otros. Como siempre el eslabón débil de la cadena, el personal, es el que sufre las consecuencias de toda esta situación viéndose obligados a seguir trabajando, incluso sin cobrar sus nóminas, convirtiéndose en rehenes para no perder los derechos de subrogación.
Por poner un ejemplo, desde 2006 hasta hoy se ha pasado de 114 puestos de trabajo a los 80 actuales. A esta reducción de plantilla, que se ha perpetrado concurso a concurso, hay que sumar que, hoy en día, muchos de los puestos de trabajo ya no lo son a tiempo completo y fijos sino a tiempo parcial y/o discontinuos, y que se han precarizado las condiciones (en una situación tan lamentable que en algunas ocasiones tienen que comprar los productos de limpieza de su propio bolsillo) y un aumento de más de un 40% de los metros cuadrados a limpiar por la ampliación en superficie de las instalaciones de la universidad. Es decir, los precios de adjudicación bajan, aumenta la carga de trabajo y el número de horas efectivas trabajadas y baja el número de personas con lo que el resultado de la ecuación es lógico: se mantiene el margen de beneficio empresarial a costa de un aumento de la explotación y de la presión social, laboral y salarial sobre la plantilla.
Al igual que en otros conflictos laborales, cargados de precarización, disminución de plantillas, despidos, impagos y explotación, en el caso que nos ocupa hay que destacar que afecta a sectores de la producción profundamente feminizados, como son los de la limpieza y de los cuidados.
Actualmente en la plantilla de Palicrisa quedan 72 trabajadoras y 8 trabajadores con una edad media en torno a los 55 años y unas relaciones con la empresa profundamente conflictivas. Muchas de estas personas no cuentan con los años de cotización necesarios para tener una jubilación digna y habrán de prolongar sus años de trabajo. Además se junta con difíciles situaciones personales: víctimas de violencia de género, viudas a edades tempranas con importantes cargas familiares, falta de formación, etc. Pero continúan defendiendo sus puestos de trabajo y resistiendo. La brecha salarial, laboral y social no puede continuar amplificándose.
Los hombres que acaban de incorporarse a la plantilla tienen muchas más oportunidades que las mujeres que llevan haciendo 20 años su trabajo a la hora de recalificarles profesionalmente. Ellos suelen acabar siendo especialistas y peones especializados. A ellas se les mantiene en la categoría de no especializadas. Esto se traduce en diferencias salariales de entre 100 y 200 euros al mes que se proyectan al futuro en forma de cálculos de pensión de jubilación y desempleo.
La brecha es laboral porque se condena a las trabajadoras a la no promoción laboral. Se discrimina a las mujeres a pesar de tener ampliamente demostrada su capacidad laboral y se las mantiene en los puestos más precarios y penosos.
La brecha es social porque se proyecta también en las bases de cotización. Las pensiones y prestaciones siempre serán más pequeñas que las de ellos fruto de esta discriminación salarial y laboral.
Carmen Arenas (@CarmenArenasR) es secretaria de la Mujer y Políticas de Igualdad de la Unión Provincial de Huelva de Comisiones Obreras.
