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Salud/ La salud de las mujeres, de Silvia Espinosa López y Mar Bueno Maqueda

    LA VIDA HUMANA sigue abriéndose paso a pesar de la pandemia, y los cuerpos de las mujeres siguen menstruando, pariendo, abortando y manteniendo relaciones sexuales. Y, a pesar de la sensación de suspensión en el tiempo que produce el confinamiento, los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo derechos humanos y un tema de salud pública.

    12/06/2020.
    La salud de las mujeres.

    La salud de las mujeres.

    DURANTE ESTOS dos meses se han elaborado numerosos protocolos de cómo se tienen que dispensar las atenciones necesarias para asegurar los derechos sexuales y reproductivos con calidad y seguridad: el informe COVID-19: un enfoque de género, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas; Recomendaciones para la prevención de la infección y el control de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la paciente obstétrica, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO); la guía Relaciones sexuales en tiempos del COVID-19, ¿qué necesitas saber?, de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Por su parte, la Sociedad Española de Fertilidad, ha realizado un comunicado con la normativa general a seguir en nuestro país respecto a tratamientos de fertilidad… y un larguísimo etc. Pero también hay que decir que, a pesar de tantos protocolos y directrices, el exceso de información y lo cambiante de las recomendaciones ante un virus todavía bastante desconocido, han producido un panorama muy heterogéneo y nada tranquilizador. También hay que decir que nuestro sistema sanitario se ha visto en la imperiosa necesidad de desviar todos los recursos posibles, también los asignados a la salud sexual y reproductiva, hacia primera línea de batalla contra el COVID-19.

    Si parir es una de las experiencias físicas y psicológicas que más esfuerzo suponen en la vida de las mujeres, parir en tiempos de pandemia añade la angustia y la inseguridad de unos servicios sanitarios colapsados y centrados en combatirla. Durante estos dos meses, ha habido noticias de muchas prácticas no justificadas que se pueden calificar directamente de violencia obstétrica como, por ejemplo, no aplicar la epidural a las madres con COVID-19; cortar el cordón umbilical de manera precoz en todos los partos; no permitir la lactancia materna directa a madres con COVID-19 en ningún caso; inducir el parto injustificadamente a mujeres que no han dado positivo en COVID; separar a las criaturas de las madres por sistema… Quizás el caso más sonado ha sido el de negar a todas las madres, independientemente de ser positivas o no, el ser acompañadas por su pareja en el trance del parto, como hizo en un principio la Consellería de Sanitat Valenciana en contra de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente todas estas prácticas han sido denunciadas por asociaciones como El Parto es Nuestro, Comares de la Comunitat Valenciana, equipos de matronas como el del Hospital de la Marina Alta (Dénia) o Comisiones Obreras del País Valencià. Quizás, para otra vez, habrá que evaluar si en tiempos de pandemia los hospitales son el mejor sitio para venir al mundo. En otros países, como Holanda, se han medicalizado hoteles para atender solo partos.

    Derecho al aborto y violencia machista

    EN CUANTO al derecho al aborto, Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, (ACAI), a quien entrevistamos en Trabajadora, n. 50, asegura que las clínicas acreditadas han estado abiertas, por ser el aborto voluntario una prestación urgente que no se puede posponer. Todo el personal de estas clínicas está trabajando con los medios de protección y las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad. El problema del desplazamiento se ha solucionado con la elaboración de documentos jurídicamente válidos para justificar la movilidad de las mujeres en estos tiempos de confinamiento. En cuanto a la afluencia de mujeres, sólo resalta que en las primeras semanas, las peores en Madrid, notaron entre un 15 y un 20% menos de intervenciones, pero que en general, en todo el Estado, la actividad se mantiene sin variables significativas, lo cual parece un indicador de que el estado de alarma no ha obstruido el acceso al derecho, sólo lo ha dificultado.

    Mención aparte tiene la repercusión en la salud de las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas que se están viendo obligadas a permanecer en aislamiento domiciliario con su agresor durante el confinamiento, con un consiguiente aumento del temor a la pérdida de su integridad física y psicológica, un incremento del sufrimiento emocional, mayor irritabilidad, baja autoestima, tristeza, sentimientos de culpa, aumentando el consumo de sustancias como los psicofármacos, padeciendo alteraciones del sueño, pesadillas, trastornos de la alimentación y molestias gastrointestinales, tanto en las mujeres como en sus hijas e hijos que también pueden ser víctimas del maltrato, incluso en muchos casos de abusos sexuales en el domicilio.

    Es muy desalentador confirmar, teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos de riesgo de la enfermedad, que el mayor índice de casos COVID-19 se encuentra entre las mujeres y atendiendo a la causa, constatar cómo ser personal sanitario ha pasado de la tercera causa al inicio de la crisis a ser la primera causa en este momento y esto viene a corroborar no sólo la alta feminización que existe en el sistema sanitario sino también la desprotección que ha sufrido el personal que se ha enfrentado a esta pandemia, con una auténtica escasez de materiales de protección y en unas condiciones de trabajo nada seguras; asimismo, tener un contacto estrecho con una persona con Insuficiencia Respiratoria Aguda, con casos COVID-19 probables o confirmados y realizar visitas a los centros sanitarios, tareas básicas del cuidado informal realizadas por mujeres principalmente, también son motivo de riesgo para enfermar por COVID-19.

    Del total de personas contagiadas de COVID-19, un 26 % son personal sanitario y sociosanitario, del cual un 76% son mujeres. Hoy, de nuevo, es necesario exigir que las investigaciones sobre el COVID-19 se realicen con perspectiva de género, porque se desconocen los condicionantes biológicos (si los hay), de sexo, etnia, si es una persona con diversidad funcional, el tipo de discapacidad, etc... y condicionantes de género y sociales, como la categoría profesional, jornada laboral, la turnicidad, quiénes componen la unidad familiar, las características de la vivienda en la que viven el confinamiento, la formación en prevención de riesgos laborales y protección respiratoria que han recibido específicamente sobre el COVID-19 el personal sanitario, si disponen de EPIS, qué tipos, etc. todos estos datos que definirían una investigación contextualizada, con un enfoque de género, que responda a por qué, quiénes y en qué contexto social se están contagiando durante el desempeño de su actividad asistencial e informal de los cuidados. La experiencia y la evidencia hasta el momento dejan claro que tanto el sexo como el género son importantes impulsores de riesgo y respuesta a infecciones y enfermedades.

    Como se ha podido constatar en otras crisis y epidemias parecidas, es muy seguro que este brote, con 211.077 casos totales notificados de COVID-19 en nuestro país y que la OMS reconoció como pandemia el pasado 11 de marzo de 2020 , nos dirija a una situación no sólo de crisis sanitaria sino también de una importante crisis económica y social en la que se sabe que los cuidados se han puesto en el centro de todo y ello puede conllevar un incremento de la discriminación hacia las mujeres y un agravamiento de las desigualdades de género y es que en estas situaciones: “Se prioriza la respuesta biomédica y se olvidan las desigualdades estructurales como lo son las desigualdades de género”, como explica Julia Smith y que denomina como ‘la tiranía de lo urgente’: “Parece ser que dicha tiranía podría estar presente de nuevo en la actual pandemia de COVID-19”, es importante que todo análisis que se realice de esta situación se haga desde una perspectiva de género interseccional que no sólo desagregue los datos por sexos sino que tenga en cuenta otros contextos vulnerables y otros determinantes en salud que pudieran agravar la situación de desigualdad.

    Silvia Espinosa (@silviaFSSCCOO) es secretaria de Mujeres y Políticas LGTBIQ de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (@fssccoo) y Mar Bueno es secretaria de la Mujer y Políticas de Igualdad de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía (FSSA).

    Revista Trabajadora, n. 70 (junio de 2020).