Imagen del manifiesto "Nosotras, mujeres que vivimos en Europa, no vamos a quedarnos calladas. Apoya a las mujeres en Polonia.
EN LOS ÚLTIMOS años, el derecho a abortar vuelve a ser objeto de intensas batallas políticas y culturales en el mundo. Mientras -gracias fundamentalmente a las movilizaciones feministas- en algunos países se ha conseguido reconocer por ley y en diversas regiones se ha introducido en las agendas políticas, en otros territorios crecen las presiones de los grupos coercitivos que usan métodos agresivos para acabar con este derecho.
Entre los avances destaca la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en Argentina, y que ha supuesto un impulso para la presentación de proyectos similares en otros países de la región, como Chile. En Estados Unidos, el nuevo Gobierno ha derogado la Global Gag Rule o Política de Ciudad de México, norma que impedía que las organizaciones no gubernamentales de cualquier país del mundo que recibieran financiación estadounidense llevaran a cabo iniciativas en terceros países relacionadas con el aborto, incluida la información. Y en Europa, el derecho de las mujeres a abortar se consolida en los últimos años. Irlanda aprobaba a finales de 2018 el aborto legal en las primeras doce semanas de gestación sin que la mujer tenga que justificar su decisión, y en 2017 Francia aprobaba una ley que diversas organizaciones piden también para España: la que protege a las mujeres que deciden abortar del acoso de grupos coercitivos y de las informaciones falsas que se difunden a través de internet.
Pero el derecho a interrumpir de manera voluntaria un embarazo está sufriendo ataques que se han incrementado en todo el mundo en los últimos años. En América Latina, el Parlamento de Honduras acaba de aprobar la prohibición absoluta del aborto ahora y en el futuro, declarando nulas e inválidas las leyes que puedan contravenir lo aprobado, y también está completamente prohibido abortar en Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. En la actualidad, solo se permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de unos plazos establecidos en Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Argentina, así como en los estados de CDMX y Oaxaca en México.
En Estados Unidos se están librando largas batallas judiciales en muchos de los Estados, especialmente aquellos con mayoría republicana. Y en Europa, la región del mundo donde más Estados protegen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, preocupa especialmente Polonia (1). La Corte Constitucional ha declarado inconstitucional el derecho a abortar cuando hay anomalías fetales, y diversas organizaciones alertan del riesgo de que la presión que los grupos fundamentalistas han ejercido para lograrlo traspase fronteras. En Eslovaquia, por ejemplo, se han tenido que frenar varios intentos para restringir el derecho a abortar. También en Europa se intentan frenar amenazas como la de los llamados “centros de crisis para el embarazo”, que se presentan como clínicas donde se practican abortos pero en los que se presiona a las mujeres para que no puedan tomar una decisión libre e informada. Para ello, según un estudio realizado por Open Democracy, utilizan la manipulación emocional y ofrecen datos sin respaldo científico. Europarlamentarios/as y diputados/as de varios países han entregado una carta a la Comisaria de Salud de la Comisión Europea y a la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa exigiendo medidas contra los centros que difundan información falsa sobre el aborto.
Estos son sólo algunos ejemplos de las amenazas contra los derechos sexuales y reproductivos que preocupan cada vez más a las organizaciones civiles y políticas. A los obstáculos existentes en los Estados donde es legal y a la ilegalidad del aborto en gran parte de América Latina, Asia y África –donde las organizaciones que atienden la salud sexual y reproductiva trabajan bajo las amenazas de grupos internacionales y muchas mujeres cumplen condena acusadas de “infanticidio” (como en Senegal)- se debe añadir el auge de movimientos ultraconservadores que actúan con grupos fundamentalistas religiosos y con financiación opaca.
Informes como Restaurar el orden natural publicado por el Fondo Europeo Parlamentario por los Derechos Sexuales y Reproductivos denuncian que estos grupos, que están coordinados internacionalmente, expanden sus campañas e intervienen en los foros mundiales más importantes, como el sistema de Naciones Unidas, las instituciones de la Unión Europea y los diversos foros políticos regionales. Por poner sólo unos ejemplos, han intentado que la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) no sea escuchada en el Parlamento Europeo, presionan a la ONU para que retire de sus documentos el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y pretenden que dichos términos no sean incluidos en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Numerosas organizaciones sociales y voces expertas advierten que no puede seguir subestimándose el efecto que estos ataques de las “trasnacionales contra el derecho al aborto” tienen en la erosión de la democracia. Los próximos años van a ser cruciales.
Área de Comunicación de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) (@fpfeong), ONG aconfesional e independiente que trabaja por la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
(1) La FPFE promueve el manifiesto Nosotras, mujeres que vivimos en Europa, no vamos a quedarnos calladas. Apoya a las mujeres en Polonia, la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO se encuentra entre las organizaciones firmantes.
Revista Trabajadora, n. 72 (marzo de 2021).
