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CCOO valora el desbloqueo de los PGE, pero ve insuficientes los avances en vivienda y en el Impuesto de Sociedades

    07/10/2021.
    Vivienda en alquiler

    Vivienda en alquiler

    CCOO valora positivamente que se haya alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno que desbloquee la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

    Este será de vital importancia para la sociedad española en tanto que, además los importantes recursos que habitualmente moviliza el Presupuesto, el año que viene vehiculará también un importante volumen de fondos europeos que servirán para transformar la economía española.

    No obstante, CCOO considera que algunas de las medidas anunciadas son insuficientes y confía en que su trámite parlamentario sirva para mejorarlas. En concreto, CCOO juzga que la introducción de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre la base imponible, es un paso tímido en la buena dirección para incrementar la baja fiscalidad de las grandes empresas.

    La medida apenas recaudará 400 millones de euros más, frente a los 9.000 millones que recaudaría si el mismo tipo mínimo se hubiese girado sobre el resultado contable de las empresas con beneficios, como viene defendido CCOO en su propuesta para una profunda reforma fiscal. La propuesta gubernamental está además por debajo de lo que el propio Gobierno se ha comprometido en las negociaciones impulsadas por la OCDE, donde se promueve que todas las empresas paguen al menos un 15% de sus beneficios.

    Las empresas de media solo pagan en impuesto un 9,5% de sus beneficios y los grandes grupos empresariales inmobiliarios, de la construcción o banca aportan menos de un 3%. El tipo efectivo del 18,3% que ha circulado recientemente del informe 'País por País' es un tipo inflado porque incluye los impuestos pagados fuera de España que no sirven para financiar la Hacienda Pública española y porque se permite compensar las pérdidas con beneficios de las filiales ubicadas en el mismo país.

    CCOO considera necesario que las grandes empresas eleven su baja contribución fiscal para avanzar en el cierre de la importante brecha tributaria con Europa, de más de siete puntos del PIB. Elevar la recaudación en 9.000 millones de las grandes empresas tendría un efecto positivo sobre la economía al acarrear recursos financieros a la economía real. Las grandes empresas aparcaron en los años previos a la pandemia grandes cantidades de dinero en la economía financiera. Solo en 2019 a las sociedades no financieras les sobraron 16.755 millones de euros que, en gran parte, destinaron a la compra de activos financieros.

    LA LEY DE VIVIENDA, AVANCE POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

    Para CCOO, los anuncios sobre el contenido de la futura Ley por el Derecho a la Vivienda suponen, asimismo, un avance positivo pero insuficiente respecto a la situación actual, que se queda lejos de lo que necesita España para resolver el problema de su alta carestía y garantizar una vivienda adecuada y asequible a la población.

    CCOO valora los avances en materia de control del precio máximo del alquiler en las zonas tensionadas (bajadas para personas jurídicas con más de 10 viviendas y congelación de rentas para propietarios con menos de 10 viviendas), gravamen de las viviendas vacías (hasta un 150% de recargo en el IBI), impulso de un parque de alquiler social (reserva de un 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones, la mitad en alquiler, y la prohibición de venta de las viviendas públicas en alquiler) y reducir las ventajas fiscales de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.

    El sindicato considera que la Ley de Vivienda debe ser una Ley de aplicación efectiva en el conjunto del país, en aquellos aspectos que son de competencia estatal, y no una opción a la que puedan acogerse –o no- comunidades autónomas y/o ayuntamientos. Este es el caso de la regulación de los alquileres que es una competencia de ámbito estatal y corresponde por tanto al Gobierno de España legislar para el conjunto del Estado en materia de alquileres y limitación del precio máximo y garantizar esas condiciones y derechos al conjunto de la población. Esto con el fin de igualar las oportunidades de las personas en todo el país y facilitar la movilidad y el cambio de residencia para lograr un mercado de trabajo y una economía más eficiente.

    CCOO cree insuficiente bajar solo el alquiler a las personas jurídicas con más de 10 viviendas en zonas tensionadas, pues representan una parte pequeña de la oferta y además esta disposición solo será efectiva 18 meses después de aprobada la Ley, con lo que sus efectos serán mínimos y muy a largo plazo.

    Por otro lado, considera que el bono joven de ayuda al alquiler (250 euros/mes) anunciado es una medida ineficaz para garantizar el derecho a la vivienda y que posiblemente se traslade a los precios del alquiler y termine beneficiando de nuevo a los propietarios arrendadores con el dinero público, como ocurrió en el pasado con las ayudas al ladrillo.

    Salvo que los bonos de ayuda se limiten a viviendas alquiladas por debajo de un precio máximo asumible por los hogares jóvenes y que se articulen mediante un registro público de contratos de arrendamiento que introduzca transparencia y reduzca la discrecionalidad en los alquileres pagados. En todo caso el alcance del bono joven será limitado: su presupuesto es de 200 millones y se estima que beneficiará a 40.000 jóvenes, menos del 10% de la población joven que reside de alquiler con rentas inferiores a 23.700 euros.

    Las ayudas y subvenciones estatales en materia de vivienda, tanto el bono joven de alquiler como cualquier otra dentro de los Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación habrían de priorizar las áreas de vivienda tensionadas. Aquellas CCAA que teniendo zonas tensionadas no adopten las medidas recogidas en la Ley (control de precios, gravamen viviendas vacías, etc.) no deberían poder optar por tanto a estos fondos estatales.