Sentencia sobre pagos de tasas en la Academia de Policía Local.
Desde CCOO recordamos que el nuevo derecho a este tipo de jubilación anticipada recogido en la Ley 27/20111 y posteriormente regulado en el RD 1698/2011 es fruto de un acuerdo de diálogo social entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, que contó a su vez con un amplio respaldo parlamentario.
El establecimiento concreto de este procedimiento formal, objetivo, participado y común para todos los sectores de actividad, persigue una doble función. De un lado, garantizar el acceso al derecho a jubilación anticipada en términos de igualdad a todos los trabajadores y trabajadoras con empleos penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos.
Al mismo tiempo, con él se pretende resolver definitivamente el problema de inequidad e inseguridad jurídica que implicaba el sistema anterior basado, en gran medida, en decisiones políticas arbitrarias (que explican, entre otras, que la Ertzaintza tenga reconocido el derecho a este tipo de jubilación, pero no lo tengan el resto de policías autonómicas; o, en el mismo sentido, que los cuerpos de bomberos tengan o no reconocido este derecho en función de si su empleador es público o privado…).
La objetividad y equidad que debe garantizarse en el procedimiento se posibilita, entre otras medidas, mediante la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo desde sus primeras fases. Se trata, en definitiva, de un instrumento de participación que da transparencia y viene a ayudar en la garantía de equidad en sus resultados. Para ello el RD 1698/2011, en los artículos 10, 11.4 y 11.5, recoge de forma explícita la participación de las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias en el procedimiento previo. Una participación sindical que, sin embargo, no se ha producido formalmente hasta ahora.
CCOO hemos instado formalmente al Secretario de Estado de Seguridad Social a que corrija de inmediato el bloqueo institucional que el Ministerio está imponiendo en la resolución de las más de 30 solicitudes que se acumulan desde el año 2011.