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Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 18 mayo 2022.

Por el mundo/ Convenio de Estambul. Un decenio sembrado de obstáculos, de Anna María Mellado García

    EL CONVENIO sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica es el tratado internacional más importante para luchar contra las violencias ejercidas sobre las mujeres y las niñas. Fue diseñado a instancias del Consejo de Europa, organización internacional conformada por 47 naciones europeas, creada en 1949 para la defensa de los derechos humanos. El tratado adoptó el nombre de Convenio de Estambul porque fue presentado en 2011 en esta ciudad turca. Turquía fue el primer país en ratificar el convenio, hecho muy relevante para un Estado donde los derechos humanos son a menudo vulnerados. A partir de entonces varios países europeos lo fueron ratificando, entre ellos España en 2014, el mismo año en que entró en vigor dicho convenio. En 2017 se decidió que la Unión Europea al completo también firmaría su adhesión y ratificación.

    28/10/2021.
    Fotografía de Txefe Betancort.

    Fotografía de Txefe Betancort.

    EL CONVENIO de Estambul constituye sin lugar a dudas el instrumento más ambicioso para luchar de forma efectiva contra las violencias ejercidas por razón de género, el acoso sexual, la violencia sexual incluida la violación, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, el aborto y la esterilización forzosos. Es de destacar que por primera vez en un tratado internacional se introdujo una definición del concepto de género: “Por ‘género’ se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres; por violencia contra las mujeres por razones de género”’ se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada”.

    Otro aspecto muy novedoso es el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres y las niñas como una violación de los derechos humanos, lo cual convierte en responsable a los Estados que se comprometen a ratificar el Convenio de Estambul. Contraen obligaciones en materia de prevención, protección y persecución penal. Deben adoptar políticas públicas que garanticen campañas de prevención y sensibilización, servicios de apoyo especializados y medidas de protección especiales, reformas legislativas para tipificar delitos y sanciones y la necesaria financiación para que el cumplimiento de los compromisos sea efectivo. Los Estados deben fomentar y apoyar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales activas en la lucha contra las violencias machistas, estableciendo una cooperación positiva. Por ello las organizaciones sindicales deben estar representadas con pleno derecho en todos aquellos foros institucionales en los que se tomen decisiones. Comisiones Obreras es la organización sindical más activa del país en la lucha contra las violencias machistas, no solo en reivindicación, sino en el trabajo realizado, aportando propuestas para la mejora de los derechos laborales de las supervivientes de violencia de género, realizando estudios sobre las violencias machistas en el ámbito laboral, formando en acción sindical con perspectiva de género a sus delegadas y delegados, proponiendo cláusulas de reparación en el marco de la negociación colectiva de convenios o de planes de igualdad para las trabajadoras que sufren violencias machistas, exigiendo la elaboración de protocolos frente el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, realizando campañas de prevención y sensibilización y creando espacios libres de violencia machista como las Sedes seguras de CCOO, extendidas por todo el territorio nacional. Una comprometida y generosa implicación de mujeres y hombres de Comisiones Obreras, para contribuir de forma efectiva en la lucha contra las discriminaciones y violencias ejercidas contra las mujeres.

    Parecía que el Convenio de Estambul iba a ser la herramienta clave para frenar la oleada de asesinatos y de maltratos que sufren millones de mujeres, pero diez años después, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), encargado de su seguimiento, reconoce disfunciones y objetivos poco desarrollados o inalcanzados en todos los países. Al mismo tiempo, las actuales cifras de la violencia contra las mujeres y las niñas son terribles: el 33% de las mujeres de la UE han sufrido violencias físicas y/o sexuales, el 22% ha sufrido violencias en el ámbito de la pareja y el 55% de las mujeres de la UE han sido víctimas de acoso sexual.

    El Convenio de Estambul no solo tiene que luchar contra las violencias machistas, sino contra la obstaculización de algunos Gobiernos, que difunden falsedades y amenazan con abandonar el convenio, cediendo a las presiones de facciones políticas ultraconservadoras y de comunidades religiosas islamistas y católicas de corte fundamentalista. Difunden la idea de que el convenio es un peligro para los valores de la familia tradicional. Lo cual equivale a decir que las mujeres deberían de soportar en silencio el maltrato psicológico, físico y/o económico, así como sus hijos e hijas. También realizan campañas contra la orientación sexual y la identidad de género porque según estos grupos reaccionarios los derechos del colectivo LGTBI atacarían los valores religiosos y sociales de sus comunidades. Estas manifestaciones y actitudes tan deshumanizadoras, arcaicas, misóginas, homófobas y tránsfobas vulneran claramente los derechos humanos. Sin embargo estos indecentes mensajes encuentran calado en sectores de población del área del Consejo de Europa, que expanden de manera irracional prejuicios y discursos de odio, poniendo en peligro el cumplimiento del Convenio de Estambul y la integridad de las personas. El pasado mes de marzo, el presidente turco declaró que su país abandonaba el convenio y Polonia ha iniciado las gestiones para hacerlo. Posiblemente le sigan en cascada Hungría, Eslovaquia y Bulgaria, Estados que de todas formas tampoco habían ratificado el convenio, es decir, no se habían comprometido en realizar reformas legislativas para atajar las violencias ejercidas contra mujeres y niñas. En otros niveles de Gobierno, en ciertos territorios o regiones de Estados europeos donde está ratificado el convenio a escala nacional, se ejerce la dejación de funciones o se dificulta la aplicación de medidas por motivos ideológicos. Esto ocurre por ejemplo en España, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sobre todo cuando están espoleadas por la servidumbre de un pacto de Gobierno con el partido de la ultraderecha.

    Es indignante comprobar que diez años después de la presentación del Convenio de Estambul, se suceden maltratos, torturas y asesinatos de mujeres y niñas en Europa y que el tratado es incumplido por todos los países integrantes. Incluso en España, a pesar de importantes avances realizados por Gobiernos progresistas que han convertido al país en un referente de la lucha contra las violencias machistas, en el momento de escribir este artículo, 33 mujeres han sido asesinadas y se han incoado 8.176 órdenes o medidas de protección durante el primer trimestre de 2021.

    Está claro que trabajar por aplicar de forma íntegra el Convenio de Estambul es una necesidad y no debería ser optativo para ningún país del mundo.

    Anna María Mellado es secretaria de Mujeres e Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras de la Región de Murcia (@CCOORM).

    Revista "Trabajadora", n. 73 (octubre de 2021).