Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 10 mayo 2025.

Una ley insuficiente para garantizar el derecho a una vivienda adecuada

    El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda anunciado por el Gobierno es un paso insuficiente en la buena dirección, pues no colma las expectativas generadas ni las necesidades de la población. Las principales medidas anunciadas se quedan lejos de las incluidas en el proyecto de Ley para garantizar el Derecho a la Vivienda registrado el 30 de septiembre en el Congreso de los Diputados por la Iniciativa impulsada por CCOO junto a otras organizaciones sociales en defensa del derecho a una vivienda digna y adecuada.

    28/10/2021.
    Viviendas

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    Para CCOO, el principal problema del anteproyecto del Gobierno es que renuncia a ser una Ley con efectos automáticos e inmediatos en el conjunto del país, haciendo dejación de funciones que son competencia estatal, como la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y delegando en cada comunidad autónoma la aplicación de medidas fundamentales como limitar los precios de alquiler o la declaración de zonas tensionadas. Esto conducirá a un acceso a la vivienda más desigual entre territorios y no mejorará la movilidad geográfica de las personas trabajadoras.

    Desde CCOO consideramos que el anteproyecto de Ley plantea algunos avances parciales pero no garantizarán el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible a la población si no introduce profundos cambios en su trámite parlamentario. CCOO valora los avances concretos que introduce el anteproyecto como son la imposibilidad de enajenar el parque público de vivienda social, la calificación indefinida de la vivienda protegida en suelo público o la reserva del 30% de suelo para vivienda protegida de la que al menos la mitad irá a alquiler social.

    Por el contrario, no incorpora aspectos claves como la prohibición de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional y bastantes de los avances son insuficientes y tienen serios problemas de aplicación: definición de zona tensionada, voluntariedad de las comunidades autónomas en la declaración de zona tensionada, definición restrictiva de gran tenedor o bajo gravamen de la vivienda vacía y su limitado alcance.

    CCOO considera un error renunciar a la intervención directa a través del control de precios y la creación de un gran parque público de vivienda como instrumentos principales en materia de vivienda y seguir haciendo pivotar los recursos y actuaciones vía desgravaciones fiscales y subvenciones que no modifican las condiciones estructurales de acceso a la vivienda. Las desgravaciones y subvenciones anunciadas son similares a otras ya existentes, su carácter es regresivo (transfieren recursos públicos a quien más tiene) y su eficacia para generar vivienda asequible es baja.

    ESTABLECER PRECIOS MÁXIMOS EN ZONAS TENSIONADAS

    Para actuar de manera eficaz en el corto plazo hay que establecer precios máximos en las zonas tensionadas, reservar los incentivos fiscales para aquellos propietarios que sitúen los alquileres por debajo de estos precios de referencia y permitir alquileres por encima de los precios de referencia, pero sin bonificación fiscal y con un gravamen superior, por ejemplo, en el IRPF que estos rendimientos tributen en la base general y no en la del ahorro como hasta ahora.

    CCOO considera que los fondos públicos destinados a la política de vivienda (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, desgravaciones y bonificaciones fiscales) deben condicionarse territorialmente al desarrollo y aplicación de las actuaciones incluidas en la Ley (control de precios, movilización vivienda vacía, etc).

    CCOO propone destinar una parte de los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no asignados aún por el Gobierno a empresas públicas que en cada comunidad autónoma o ayuntamiento los utilicen para conformar un parque de vivienda pública en alquiler no descalificable. Estos créditos se devolverían con los alquileres abonados y no se consolidarían en la deuda pública al cubrir estas empresas más del 50 por ciento de sus gastos a través del mercado.

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