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Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 18 mayo 2022.

CCOO formula sus alegaciones al Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda

    El sindicato, a través de su Secretaría de Participación Institucional y Movimientos Sociales, ha registrado sus observaciones al anteproyecto de ley durante el proceso de consulta pública, en coordinación con el resto de organizaciones sociales que integran la plataforma «Iniciativa Ley Vivienda».

    22/11/2021.

    CCOO, a través de su Secretaría de Participación Institucional y Movimientos Sociales, ha formulado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en coordinación con el resto de organizaciones sociales que integran la plataforma «Iniciativa Ley Vivienda». Durante el proceso de consulta pública para realizar observaciones al anteproyecto de ley –cuyo plazo finalizó el pasado 18 de noviembre-, el sindicato ha registrado una batería de aportaciones entre las que destacan, además de las planteadas junto con los demás integrantes de la plataforma, dos cuestiones que preocupan particularmente como es la referida al amianto, «que el anteproyecto de ley omite», o la «garantía de la presencia de los sindicatos, como agente social», en el Consejo Asesor de la Vivienda cuya creación está prevista en la ley.

    Por un lado, en relación a la cuestión del amianto, desde CCOO han advertido de la necesidad de dotar a la ley de los instrumentos efectivos «para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan». «Se hace imprescindible –señalan en sus alegaciones- que los edificios que contengan amianto estén catalogados, de modo que propietarios e inquilinos sean conocedores de la existencia de este cancerígeno en sus viviendas».

    En cuanto a la presencia de los agentes sociales en el Consejo Asesor de la Vivienda previsto en la ley, dicho órgano podrá estar integrado por representantes de los distintos departamentos ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, de asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, de asociaciones y colegios profesionales, de entidades financieras, de asociaciones del tercer sector y de asociaciones representativas de intereses afectados por la ley. Sin embargo, para CCOO «el presente anteproyecto debe determinar el marco de participación de los agentes sociales con implantación estatal e intereses afectados por la norma». A su juicio, «como agentes sociales, los sindicatos deben formar parte de dicho órgano colegiado, pues todo se debe hacer sobre la base del acuerdo y no de la imposición, y hay que establecer mecanismos de participación y colaboración en la planificación de las políticas de vivienda con todos los agentes implicados».

    Desde CCOO, tal y como añade en sus aportaciones, aseguran que «es el Estado el que tiene competencia exclusiva en materia de regulación de condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales», en referencia al artículo 149.1. 1º de la Constitución Española.

    Las observaciones presentadas por las organizaciones integrantes de la plataforma «Iniciativa Ley Vivienda», se basan en los siguientes argumentos:

    • El anteproyecto sigue vulnerando el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, violando en definitiva el Derecho Humano a la Vivienda.
    • No reconoce como derecho subjetivo el Derecho a la Vivienda.
    • No prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, ni “en abierto”, ni obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio.
    • Establece el límite de “gran tenedor” en propietarios de 10 o más viviendas, lo que impedirá a la mayoría de inquilinos ver rebajadas sus rentas.
    • Libra a los propietarios que sean personas físicas, de las obligaciones de rebajar, aunque sean grandes tenedores.
    • El Gobierno renuncia a su obligación de establecer unos mínimos comunes al conjunto del Estado, trasladando al criterio de las CCAA tanto la declaración de zonas tensionadas, como la posibilidad de recargos en el IBI (carga insignificante y discriminatoria) donde además, tendrán que decidir los ayuntamientos. Ya las CCAA autónomas gobernadas por el PP -Galicia, Castilla León, Madrid, Andalucía y Murcia- se han declarado insumisas a esta ley, con lo que alrededor de 20 millones de personas se verán privados de las escasas ventajas de esta ley, aumentando la discriminación en razón del territorio de residencia.
    • No establece ningún régimen sancionador específico para incumplimientos.
    • Renuncia a la utilización como Parque Público Temporal de los 3,4 millones de casas desocupadas (datos INE). Tampoco de la SAREB.
    • Renuncia igualmente a iniciar la recuperación de alrededor de 65.000 millones de euros públicos gastados en la recuperación de la banca en la crisis anterior, que podría dotar de un importante número de viviendas el inexistente parque actual.
    • No garantiza el acceso a los suministros básicos en situaciones vulnerabilidadNo adopta medidas de choque para combatir el sinhogarismo.En definitiva: no garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada.

    Las organizaciones que forman parte de la «Iniciativa Ley Vivienda» han recordado que el pasado día 30 de septiembre, y avalados por nueve formaciones parlamentarias, fue registrada la Proposición de Ley por el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada que sí garantiza el ejercicio de este derecho fundamental. Por ello, reclaman a todas esas formaciones que utilicen ese texto que avalaron con sus firmas para enmendar el insuficiente texto del Gobierno en el próximo trámite parlamentario.