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Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 5 julio 2022.

El Comité Económico y Social Europeo aprueba un paquete legislativo contra el blanqueo de capitales

    El Pleno del CESE celebrado los días 8 y 9 de diciembre ha aprobado por 230 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones el dictamen ECO/555 sobre el nuevo Paquete legislativo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo propuesto por la Comisión Europea.

    10/12/2021.
    CESE

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    Javier Doz, representante de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo y ponente del dictamen, ha señalado en su intervención que “el blanqueo de capitales en la UE es, en tiempo de pandemia, doblemente intolerable. Combatirlo debe ser una prioridad”.

    La aprobación del dictamen se realizó en el marco de un debate sobre “Finanzas sostenibles y prevención del blanqueo de capitales”, en el que participó la comisaria de Servicio Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness. En el Plenario también intervino, para presentar el programa de trabajo de la Comisión Europea, su presidenta, Ursula von der Leyen.

    El paquete legislativo consta de tres reglamentos y una directiva: un reglamento crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC), con competencias de supervisión directa de las mayores entidades financieras y de investigación de las operaciones de blanqueo paneuropeas más voluminosas; otro reglamento legislará directamente los procedimientos a los que deben someterse las entidades financieras para impedir con la debida diligencia las operaciones ilegales, y el tercer reglamento obliga a los proveedores de criptoactivos al cumplimiento de las mismas normas que las entidades financieras, entre ellas la obligación de revelar la identidad real de los propietarios. La Directiva, la sexta sobre esta materia, pretende establecer una coordinación más eficaz entre las unidades de inteligencia financiera y los supervisores nacionales de todos los estados miembros.

    Según expresó Javier Doz, en el debate, el blanqueo de capitales ha venido creciendo en el mundo y en Europa desde los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con la globalización neoliberal sin estructuras políticas y jurídicas democráticas a nivel mundial que la regulen, la desregulación económica y financiera, el deterioro de la progresividad de los sistemas fiscales, las nuevas tecnologías que facilitan la transferencia instantánea de capitales, la pujanza de la economía criminal y la permisividad de bastantes gobiernos con la actividad de los paraísos fiscales.

    La ONU ha estimado que el volumen anual del blanqueo de capitales puede alcanzar hasta el 5% del PIB mundial, cerca de 4 billones de euros. Según el FMI la riqueza privada depositada en paraísos fiscales está comprendida entre el 8 y el 10 por ciento del PIB mundial: entre 6,4 y 7,9 billones de euros.

    Para Doz, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea y de algunos gobiernos europeos, los avances han ido mínimos y el fenómeno del blanqueo de capitales y sus delitos y malas prácticas conexos –fraude y evasión fiscal, corrupción económica y política, elusión fiscal, etc.- sigue siendo muy potente en la UE. Es más, en las “empresas fantasma” –empresas sin actividad económica real y sin empleados propios- cinco países de la UE -Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Malta y Chipre- y Suiza tienen un papel fundamental. Según el FMI, en 2019, el 40% de la inversión extranjera directa que anualmente se contabiliza en el mundo, unos 13,6 billones de euros es ficticia, sólo se deposita o fluye por una enorme red de empresas fantasma, que sirven de pantalla para ocultar a los propietarios reales de los activos y los destinatarios de las transacciones. El 80% de esta cantidad pasa por empresas fantasma con sede en los mencionados países europeos que actúan como auténticos paraísos fiscales. Sólo por las empresas fantasma radicadas en Luxemburgo y los Países Bajos fluyen 6,8 billones de euros.

    Para el redactor del dictamen, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción han hecho mucho más entidades privadas como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) – Panama, Paradise y Pandora Papers- que muchos gobiernos europeos. Algunos han pagado por ello con su vida como la fundadora del ICIJ, la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia Por ello, el CESE pide a la UE y a los Gobiernos nacionales que protejan la vida y la integridad de los periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien la corrupción económica y política.

    En el Pleno del CESE, Javier Doz afirmó que el mantenimiento de esta situación es intolerable desde cualquier punto de vista político, intelectual y moral. En cualquier circunstancia pero aún más si cabe ahora cuando la pandemia y la crisis que ha generado está exigiendo a las autoridades de la UE y a los gobiernos nacionales unos esfuerzos presupuestarios extraordinarios, permanentemente boicoteados por los delincuentes económicos y fiscales. Para Doz, la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos subyacentes conexos requiere un cambio cultural y la participación efectiva de la sociedad civil organizada. El Dictamen reitera la propuesta de un Pacto europeo para combatir estos delitos y la elusión fiscal, y propone la creación de un órgano consultivo de la sociedad civil, dentro de la ALBC o dependiente de la Comisión Europea

    Entre las quince propuestas, adicionales a las del paquete legislativo de la Comisión que el Dictamen formula, está la implementación de un programa específico para aplicar la nueva legislación a las empresas fantasma con sede en países de la UE. En su intervención, Javier Doz se felicitó por el hecho de la CE haya anunciado que realizará una propuesta al respecto antes de terminar el año.