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Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 24 mayo 2022.

“Una medida paliativa, que no garantiza el acceso a la vivienda a la población joven”

    Para CCOO, la forma estructural de abaratar el acceso a la vivienda no pasa por subvencionar a los inquilinos el precio de un alquiler que se eleva, sino por regular el mercado del alquiler, limitando los precios máximos en las zonas tensionadas, al tiempo que se va constituyendo y ampliando un potente parque público de alquiler asequible.

    18/01/2022.
    Vivienda en alquiler

    Vivienda en alquiler

    El bono joven del alquiler que aprueba hoy el Gobierno es una ayuda de 250 euros al mes durante dos años a personas de 18 a 35 años con ingresos anuales inferiores a 24.318 euros (3 veces el IPREM) y que residan de alquiler con un precio máximo de 600 euros mensuales (elevable hasta 900 euros si lo deciden las CCAA).

    Para CCOO, es una medida paliativa que no soluciona el problema estructural de ausencia de mercado regulado, ni parque público de vivienda suficiente que proteja este derecho. Es una ayuda limitada en el tiempo (máximo dos años), que no ofrece un apoyo continuo en el medio o largo plazo a la población joven. Además, las ayudas al alquiler, como las bonificaciones fiscales, a priori mejoran la capacidad de pago de las personas que demandan una vivienda, pero si no se actúa sobre la oferta de vivienda, regulando la existente y/o aumentando la oferta asequible, lo más factible es que la mayor parte de estas ayudas acaben en un incremento de los precios, sabedora la persona arrendataria de la mayor capacidad de pago de la demanda. Este proceso será, muy probablemente, más acusado en zonas donde mayor sea la demanda en relación a la oferta (áreas urbanas con mayor presión de población). 

    En general, este tipo de ayudas terminan siendo regresivas. El potencial inflacionista de esta ayuda hará que los alquileres disponibles se concentren en el máximo permitido para percibir la ayuda. El alquiler máximo está topado a 600 euros (900 si así lo acuerdan las CCAA) lo que hará que los alquileres disponibles, especialmente en las zonas de mayor demanda de vivienda, se acumulen en esos límites, cuando no los superen exigiendo un sobreprecio no declarado. Ayudas temporales frente a una presión alcista sobre los precios que puede ser más estructural y difícil de neutralizar. 

    El bono alquiler joven está dotado con 200 millones para 2022, lo que supone que se puede atender a 66.666 ayudas de 250 euros mensuales al año. Esta cifra apenas cubre una parte pequeña de la población joven que reside de alquiler. Si tenemos en cuenta que en 2019 había 3.447.000 personas jóvenes emancipadas fuera de su núcleo familiar, vemos con claridad el limitado alcance de la media (2% de la población joven emancipada). Ese mismo año, el 52% de los hogares encabezados por una persona de 16 a 29 años y el 32% de los hogares encabezados por una persona de 30 a 44 años residía de alquiler. Este bono solo llegará a una pequeña parte de los hogares jóvenes. 

    Además, si estas medidas, aun limitadas, contribuyen a elevar los precios del alquiler, se perjudica no solo a las personas beneficiarias de la ayuda, sino también al resto de personas que buscan una vivienda de alquiler o deben renovar su contrato de alquiler.

    La efectividad de las medidas aprobadas está condicionada a la existencia de otras que favorezcan el control y transparencia de los contratos de alquiler y que minimicen los riesgos de elevación de precios. La obligatoriedad de inscribir los contratos de alquiler de vivienda en un registro público donde queden reflejadas las condiciones contractuales, la concesión de estos bonos de ayuda a inquilinos y propietarios que alquilen las viviendas mediantes bolsas públicas de alquiler (u otros mecanismos similares) reducen la discrecionalidad, aumentan la transparencia y reducen las posibilidades de sobreprecios en los alquileres. 

    En definitiva, la forma estructural de abaratar el acceso a la vivienda no pasa por subvencionar a los inquilinos el precio de un alquiler que se eleva, sino por regular el mercado del alquiler, limitando los precios máximos en las zonas tensionadas al mismo tiempo que se va constituyendo y ampliando un potente parque público de alquiler asequible.