Trabajadoras del manipulado
La firma de un convenio para mejorar la investigación penal de los accidentes laborales se ha realizado a espaldas de los sindicatos y se suma a una lista de hechos que demuestran que la seguridad y salud en el trabajo y sus consecuencias no forman parte de las prioridades del Gobierno.
Este miércoles se ha publicado en diversos medios de comunicación la noticia de la firma de un convenio por parte de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Justicia, de Interior, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para “impulsar la investigación eficaz de delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores”. En el acto de presentación de la firma del convenio también ha participado el presidente del CGPJ, Rafael Mozo; la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y un representante de una asociación de víctimas de accidentes de trabajo. CCOO no ha sido invitada al acto de presentación del convenio ni hemos recibido ningún tipo de información sobre su contenido.
En CCOO hoy nos vemos en la lamentable obligación de recordarle al Gobierno, y en especial al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que nuestro sindicato es la mayor organización social de España con cerca de 1 millón de cotizantes, que goza de la condición de sindicato más representativo a nivel estatal previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que actualmente es el primer sindicato de este país con alrededor de 100.000 delegadas y delegados elegidos en las empresas, y que la Constitución Española consagra a los sindicatos como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras.
Mantener al primer sindicato de este país ajeno a la presentación de la firma de un convenio de coordinación para mejorar la investigación de los accidentes de trabajo en este país es impresentable desde el punto de vista institucional. Pero también es lamentable desde el punto de vista práctico, ya que las delegadas y delegados sindicales presentes en los centros de trabajo deben de ser una fuente de información de primera mano cuando se inicien investigaciones sobre los daños producidos con motivo de la actividad laboral.
Este ninguneo a las organizaciones sindicales en lo referente a este convenio es la última muestra del desinterés del Gobierno para abordar de manera urgente y enérgica el deterioro de la salud y la seguridad en el trabajo, uno de los principales problemas sociolaborales, si no el que más, que sufre España en este periodo. CCOO viene exigiendo desde hace meses la constitución de una mesa de diálogo social específica para atajar el aumento de la siniestralidad: 2021 se cerró con más de 600.000 accidentes de trabajo con baja de los que 741 fueron mortales, y hasta 2022 se está experimentando unos incrementos del 12,6% en el caso del conjunto de los accidentes y del 18,2% en el caso de los mortales. De mantenerse esta tendencia, 2022 podría cerrarse con 875 muertes en el trabajo cuando contemos con datos consolidados. En términos absolutos, habría que remontarse a 2008 para encontrar un año en el que se produjera un mayor número de accidentes mortales.
Tampoco la prevención de las enfermedades profesionales ha experimentado un impulso en el último periodo. La trasposición de las modificaciones de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos se ha realizado con retraso y de manera mecánica, trasladando de manera literal los textos aprobados en las Directivas o respetando a duras penas y tras la presión sindical los niveles de protección ya existentes en España, pero sin incorporar avances necesarios, como el establecimiento de un registro de personas trabajadoras expuestas expuestos a sustancias cancerígenas que pudiera hacer efectivo el derecho a la vigilancia de la salud postocupacional a este colectivo. Y el próximo 6 de febrero se cumplirá el quinto aniversario del incumplimiento del plazo máximo trasposición de la Directiva de Radiaciones Ionizantes, cuyo último borrador que hemos conocido deja a este riesgo fuera del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo con la consiguiente desprotección de trabajadores y trabajadoras. Por no hablar del recientemente conocido veto del Gobierno a la aprobación de una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que estableciera la exención fiscal de las indemnizaciones del Fondo de las víctimas del amianto, que dinamita por completo la eficacia de este instrumento.
Desde CCOO exigimos al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que acabe con esta situación de inacción en lo relativo a la prevención de riesgos laborales y que empiece demostrándolo de dos maneras: impulsando el desbloqueo de una vez por todas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027, demasiados meses postergada, y teniendo en cuenta a los sindicatos más representativos en todas aquellas cuestiones vinculadas a la salud laboral, incluido el convenio firmado ayer.
