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Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 2 junio 2023.
CCOO emplaza al Gobierno a abordar cuanto antes la reforma de la protección por desempleo en el marco del diálogo social
03/05/2023.
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Carlos Bravo y Hortensia García
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, y Hortensia García, técnica de la secretaría, han presentado en rueda de prensa el informe “Mercado de trabajo y protección por desempleo 2022”, en el que se analizan distintos componentes del mercado de trabajo durante el año, así como la protección por desempleo, contributiva y asistencial, el Ingreso Mínimo Vital y la necesaria y pendiente reforma de la protección por desempleo.
En su intervención, Carlos Bravo ha señalado los aspectos más relevantes del informe:
- La protección por desempleo presenta unos marcados síntomas de edadismo, refleja el impacto de género y aún no ha resuelto adecuadamente la cobertura de las personas más jóvenes. Tanto entre los hombres como entre las mujeres, el mayor número de beneficiarios se encuentra entre las personas mayores de 50 años. Las menores cifras corresponden a los menores de 30 años. El número de mujeres beneficiarias en todos los tramos de edad es mayor que el de hombres, lo que no implica una mayor cobertura para las mujeres ni una mejor calidad en las prestaciones que perciben, pues viene determinado por la mayor presencia de las mujeres en los trabajos a tiempo parcial, que influye de forma determinante en la calidad y cuantía de las prestaciones.
- Han mejorado los parámetros de empleo: la población activa se incrementa en algo más de 200 mil personas respecto a 2021 y está por encima del número de activos de los últimos años. La creación de empleo ocupa un lugar destacado en 2022. En el cuarto trimestre aumentan en 278.900 las personas ocupadas respecto al mismo trimestre de 2021 y en 617.000 en 2022 respecto al año anterior. La subida del SMI y la entrada en vigor de la reforma laboral, que fomenta la contratación indefinida y limita la contratación temporal, han contribuido sustancialmente a la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
- En 2022 las prestaciones contributivas alcanzaron al 44% de las personas desempleadas, el resto estuvieron protegidas por prestaciones asistenciales. Además, en diciembre de 2022, cerca de 1 millón de las 2.837.653 de personas paradas registradas no percibían prestaciones por desempleo, el 35%, “lo que deja sin cobertura a buena parte de las personas desempleadas”. Esto se agravó con la reforma de las prestaciones llevada a cabo en 2012-13, que subió de 52 a 55 años la edad para acceder a los subsidios y redujo la cuantía de las prestaciones contributivas, entre otras medidas. La medida fue corregida en 2019 y hoy se ha recuperado la regulación previa anulando completamente aquel recorte, lo que se ha traducido en un incremento fuerte de las personas protegidas, aportando además como novedad que este subsidio, que era el único de mayoría masculina, en 2022 se ha equilibrado con 216.000 beneficiarios hombres y ya una práctica equiparación con más de 209.000 beneficiarias mujeres.
- Necesidad de abordar la reforma de la protección por desempleo: En esta legislatura se han abordado la reforma laboral y la reforma de pensiones, pero no la reforma de la protección por desempleo. “Ha habido importantes medidas coyunturales y medidas parciales dirigidas a colectivos determinados, positivas pero insuficientes”, ha recordado el responsable de Políticas públicas y Protección social de CCOO. “El Gobierno tiene comprometida esta reforma en el Plan de recuperación presentado a la Unión Europea (componente 23) y la tiene que realizar, por lo que hemos emplazado al Gobierno a crear un espacio de diálogo social inmediatamente para abordar en ese marco la reforma del sistema de protección por desempleo, mejorando la protección contributiva y la prestación asistencial, tanto en la cobertura como en el tiempo”.
Esta reforma debe tener tres ejes principales, para CCOO, ha destacado el responsable sindical: que exista separación de fuentes de financiación también en materia de protección por desempleo (buscando otra vía de financiación para las políticas activas, por ejemplo); unas prestaciones asistenciales más completas; y un reforzamiento de los servicios públicos de empleo, con más personal que mejore su intermediación en el mercado laboral y puedan atender a las necesidades de las empresas y de las personas en situación de desempleo.
- Prestación por cese de actividad de trabajadoras y trabajadores autónomos: esta prestación fue casi testimonial mientras ha sido voluntaria, pero al convertirse en obligatoria la cotización por esta contingencia en 2019, a mediados de 2020 se superaba la cifra de 2.700.000 cotizantes. El mayor número de personas beneficiarias se alcanza en septiembre de 2020 con (1.635.264 personas) finalizando 2021 con 108.178 personas beneficiarias de la prestación por cese de actividad. Carlos Bravo ha demandado información actualizada de los datos, especialmente teniendo en cuenta los cambios producidos en 2023 en esta prestación, fruto del diálogo social.
- Ingreso Mínimo Vital: Tras más de un año transcurrido desde su puesta en marcha, el IMV, aún presentando ya cifras relevantes de desarrollo, está afectado todavía por problemas importantes de diseño y gestión que limitan su eficacia y lo sitúan aún claramente por debajo de los objetivos establecidos por el propio Gobierno en su implantación. Por un lado, señala Bravo, porque “no está siendo solicitado por muchas de las personas que se podrían beneficiar de él”, y por otro, porque “dado que la principal causa de denegación es el incumplimiento de los umbrales de ingresos económicos y patrimonio, parece necesaria una revisión de la forma de determinar los recursos económicos”.
Carlos Bravo ha advertido asimismo que “observamos con preocupación que, en algunos casos, la implantación del IMV está llevando a una minoración de las rentas mínimas autonómicas”. En vez de aprovechar esta nueva prestación para reforzar estos sistemas de rentas mínimas, ampliando los colectivos y mejorando las cuantías, se está produciendo una mera transferencia de gasto. Salvo Cataluña, Canarias y Baleares, en todas las demás comunidades autónomas se ha producido esta situación.
- ILP para una prestación de ingresos mínimos. El secretario confederal ha denunciado que la Iniciativa Legislativa Popular sindical para establecer una prestación de ingresos mínimos sigue pendiente en el Congreso, tras tres legislaturas. Esta ILP pretende acabar con buena parte de los vacíos de cobertura de las prestaciones por desempleo, no sólo las asistenciales, y protegerá a las personas en situación de exclusión social (Ingreso Mínimo Vital - IMV), dando respuesta a las personas trabajadoras, que en un momento determinado han perdido su empleo y por distintas circunstancias (edad, formación, etc.), aún queriendo trabajar no lo consiguen.
La tramitación de esta petición lleva pendiente desde 2017 y para CCOO es imprescindible su implementación lo antes posible. Su objetivo central es el incremento de la tasa de cobertura de la prestación por desempleo y, como consecuencia de ello desplegará otros efectos positivos como la rebaja del riesgo de pobreza, la reducción de la desigualdad y contribuirá a evitar que las personas en desempleo de larga duración acaben en situaciones de exclusión.
