Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 3 marzo 2024.

CCOO reclama la aplicación de la ley por el derecho a la vivienda en todo el Estado

    12/02/2024.
    Inauguración Jornada vivienda en Málaga

    Inauguración Jornada vivienda en Málaga

    El sindicato celebró en el Rectorado de la Universidad de Málaga, el 8 de febrero, una jornada bajo el título “El derecho a la vivienda digna, adecuada y sostenible”, en la que grupos políticos, organizaciones sociales y sindicato pudieron realizar sus análisis y propuestas en esta materia.

    La jornada, organizada por la secretaría de Participación Institucional y Movimientos Sociales y la secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, en colaboración con CCOO Andalucía, fue inaugurada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López.

    Las reflexiones e intervenciones de los ponentes abordaron cuestiones relacionadas con las políticas públicas para favorecer el acceso a una vivienda digna, las iniciativas políticas de los grupos parlamentarios presentes en la jornada (PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu) sobre esta materia, así como el debate social en torno al derecho a la vivienda y cuál es el futuro del acceso a este bien de primera necesidad en algunos de territorios con ciertas particularidades.

    Para CCOO, tras los debates abiertos en las mesas durante la jornada, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

    • El acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, se ha convertido en un problema persistente para la sociedad española, debido al aumento constante de precios, muy por encima de los ingresos de los hogares. Se trata de un problema económico y social, al ser un factor determinante en la creación y el aumento de la pobreza.
    • Es necesario que el Estado garantice la aplicación de Ley por el Derecho a la Vivienda en todo el territorio nacional, sobre todo, en lo relativo a la declaración de zonas tensionadas, la limitación de precios y en los abusos de las agencias inmobiliarias.
    • Las políticas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda, como el Abono al Alquiler Joven, deben dotarse de más medios económicos y un mayor control y transparencia por parte de la Administración del Estado, así como también en los Planes de Vivienda Pública a través de las comunidades autónomas en lo que se refiere a precios y requisitos de acceso.
    • Las medidas destinadas a la construcción de un parque de vivienda pública con precios asequibles van en la buena dirección, pero son insuficientes y lentas en su consecución. La necesidad inmediata de vivienda y el déficit actual de vivienda pública exigen la captación de vivienda vacía a través de los Fondos de Recuperación europeos, con unas condiciones de seguridad jurídica para los propietarios, incluyendo la rehabilitación de las mismas.
    • La ley por el derecho a la vivienda reconoce la vivienda como un derecho, no como un bien de mercado. Por tanto, se deben limitar los usos especulativos de las mismas, como hacen las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) y otros fondos de inversión.
    • Es necesario regular y limitar desde la Administración del Estado los usos de la vivienda diferentes al residencial, como son la vivienda de temporada y la vacacional, que están influyendo de manera determinante en la caída de la oferta de vivienda residencial y en el incremento de los precios del alquiler.
    • El fracaso de la aplicación del Código de Buenas Prácticas bancarias exige que desde la Administración del Estado se implementen medidas que alivien a los hogares hipotecados ante el aumento de los tipos de interés, y más en un momento donde las ganancias de la banca marcan cifras históricas.
    • Es necesaria la reforma del mercado hipotecario, para garantizar una oferta suficiente y asequible de préstamos para la compra de vivienda, cuando esta sea la opción elegida, una reforma que pasa por limitar el máximo de los tipos de interés y que las cuotas hipotecarias no representen más del 30% de los ingresos del hogar.