Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 20 mayo 2024.

CCOO anuncia avances relevantes para alcanzar un acuerdo en protección asistencial por desempleo, al tiempo que señala la necesidad de revalorizar el IPREM y completar la eliminación de vacíos de cobertura

  • CCOO valora la reforma del nivel asistencial por desempleo tras un primer intento fallido sin la participación de los interlocutores sociales.
  • Cientos de miles de personas podrán acceder a prestaciones asistenciales por desempleo de las que hoy estaban excluidas

06/05/2024.
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, hace declaraciones al finalizar la reunión

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, hace declaraciones al finalizar la reunión

CCOO celebra el hecho de que el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales hayan retomado el marco de diálogo social para acordar la reforma de las prestaciones asistenciales por desempleo, tras un primer intento fallido fuera de este marco de concertación en el que el RD-Ley 7/2023 no superó la convalidación parlamentaria.

En la reunión de hoy se ha avanzado de forma significativa y se han suprimido algunas de las medidas contenidas en el mencionado RDL, como la reducción de la cotización por jubilación para personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años, lo que facilita la consecución del Acuerdo, junto con el resto de medidas que se han incorporado, como consecuencia del proceso de negociación y recogen una parte significativa de las propuestas que hemos llevado a la Mesa:

·       Mejoran las cuantías de las prestaciones en los 12 primeros meses de subsidio, estableciendo tres tramos que se inician en el 95% del IPREM durante los primeros 6 meses de percepción, el 90% durante 6 meses adicionales y el actual 80% durante el resto de la duración de la prestación. Esta medida se extiende a los subsidios para personas víctimas de violencia de género o sexual, así como para emigrantes retornados.

·       Se equiparán las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial, lo que beneficia principalmente a las mujeres, eliminando esta injustificada diferencia de trato entre los distintos subsidios.

·       Se establece por primera vez una prestación asistencial para las personas menores de 45 años que agotan la prestación contributiva y no tienen cargas familiares, que antes se encontraban excluidos.

·       Se posibilita el acceso al subsidio a las personas eventuales agrarias para el conjunto del Estado (en torno a 200.000), incluido el subsidio de mayores de 52 años, que es una medida comprometida en el acuerdo de integración del antiguo REASS en 2011 y que estaba incumplida.

·       Se mejora la cobertura de las personas con cotizaciones insuficientes (quienes no acreditan 12 meses cotizados que dan acceso a las prestaciones contributivas), mejorando el acceso de las personas sin cargas familiares, que beneficia singularmente a las personas más jóvenes.

·       Se facilita el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para las personas que acceden al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, alternativamente.

·       Se amplía la cobertura al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar.

·       Se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y, adicionalmente, se compromete una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía que se viene sufriendo. 

·       Se establecen fórmulas de compatibilidad entre el cobro de las prestaciones y el empleo, con un compromiso de seguimiento y control desde el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

·       Se eliminan los tiempos de espera para acceder a todas las prestaciones asistenciales, de manera que se garantiza la cobertura de las prestaciones desde el primer día.

·       Se facilita el cumplimiento del reintegro de las prestaciones que se declaran percibidas indebidamente.

·       Se permite el acceso a prestaciones contributivas para las personas que trabajan de forma transfronteriza en Ceuta y melilla.

Para CCOO esta reforma, de concretarse, supone una mejora sustancial de la protección por desempleo asistencial, al tiempo que no dejamos de insistir en la necesidad de abordar con mayor profundidad, el conjunto de la protección por desempleo, tanto contributiva como asistencial y especialmente queremos insistir en tres materias de vital importancia.

De un lado, es urgente abordar la revalorización del IPREM (Indicador Público de Referencia de Efectos Múltiples), que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha impedido incorporar a este Acuerdo pero que resulta esencial porque determina las cuantías de las prestaciones asistenciales. Es preciso abordar una senda de recuperación del poder de compra que perdió principalmente durante la etapa de recortes sociales durante la etapa de austeridad. El IPREM es la referencia que se utiliza para establecer las cuantías de los subsidios de desempleo y acumulaba hasta 2023 una pérdida de poder de compra del 14%, que en 2024 de no encontrarse la manera de revalorizarlo, se situará en el entorno del 17%.

 

En el marco de la Mesa de Diálogo Social con el Ministerio de Seguridad Social, se debe abordar la revisión de los requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de todos los colectivos con dificultades de cobertura en esa prestación, incluidos los que se derivan de la cobertura futura de los colectivos que ahora se garantiza agotarán sus actuales prestaciones y se establecerá una pasarela para que sigan siendo protegidos, tras el agotamiento de las prestaciones actuales, a través del IMV.

De la misma forma, para CCOO es necesario seguir avanzando en la eliminación de vacíos de cobertura en la protección por desempleo que aún subsisten. Para abordar esta cuestión resultaría especialmente útil retomar la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por CCOO y UGT que contó con el aval de 700.000 firmas y que continúa pendiente de culminarse, pese a encontrarse ya en la cuarta legislatura después de su presentación.