Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 18 enero 2025.

Un paso para reforzar el derecho efectivo al aborto en la sanidad pública

    CCOO celebra la aprobación del protocolo específico para la creación del registro de personas objetoras de conciencia en el Consejo Interterritorial, pero reclama garantías para el cumplimiento de la ley en todas las Comunidades Autónomas.

    17/12/2024.
    Consejo Interterritorial de Salud de España

    Consejo Interterritorial de Salud de España

    CCOO valora positivamente la aprobación en el Consejo Interterritorial del protocolo específico para la creación del registro de personas objetoras de conciencia establecido en la ley orgánica 1/2023 por la que se modifica la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El protocolo, que veníamos reclamando al Ministerio de Sanidad desde las organizaciones sindicales, supone un paso importante para que todas las Comunidades Autónomas creen los registros de personas objetoras a los que obliga la ley y, de esta manera, puedan organizar sus recursos para garantizar la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la sanidad pública, así como la equidad territorial.

    El protocolo afectará a personal médico especialista en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, titulados y tituladas en enfermería y las matronas. Aunque los plazos para los registros serán establecidos por cada Comunidad Autónoma, desde Comisiones Obreras hemos reclamado además la necesidad de abordar medidas en el momento de la contratación, de manera que la prestación esté simpre garantizada por los profesionales en la red sanitaria pública.

    A día de hoy el 81% de las IVEs se siguen realizando en clínicas privadas y son varias las comunidades autónomas pluriprovinciales donde no solo no solo no se realizan IVEs en el sistema público de salud, sino que además la prestación concertada se centraliza en una sola capital de provincia, lo que obliga a viajar a las mujeres de las provincias limítrofes dificultando así el acceso al ejercicio efectivo de este derecho.

    Pese a la exigencia legislativa, la mayoría de las comunidades autónomas carece del registro de objetores de conciencia con el que se pretendía facilitar el acceso al ejercicio del derecho y que tendrían que estar ya realizados por estas Administraciones. Conviene recordar además que la objeción de conciencia en ningún caso exime a la Administración de la obligación de garantizar la prestación.

    Desde CCOO estaremos vigilantes y seremos exigentes en el cumplimiento de la ley.

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