Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 31 mayo 2025.

CCOO valora el endurecimiento de los criterios para la creación de universidades privadas

    11/04/2025.
    Universidad

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    La Secretaría General de Universidades ha presentado a las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito universitario el Proyecto de Real Decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios y otras normas conexas de igual rango.

    Comisiones Obreras ha valorado positivamente que el Gobierno haya decidido endurecer los criterios para la creación de universidades privadas y, al tiempo, ha reclamado mayor ambición ante un problema que califican de “alarmante” para poner orden en la proliferación incontrolada de centros que se autodenominan “universitarios”, pero que difícilmente cumplen con unos requisitos mínimos.  Según CCOO, el texto del Real Decreto presentado por la Secretaría General de Universidades a las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito universitario, por el que se modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios y otras normas conexas de igual rango, constituye un “avance” con respecto a lo planteado hace cuatro años.  “En 2021 –recuerdan desde CCOO- advertimos del riesgo de proliferación de universidades privadas como consecuencia de una redacción muy laxa del RD 420/2015 de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios del gobierno del Partido Popular y de la creciente y permanente falta de financiación de las universidades públicas por parte de algunas comunidades autónomas”. Al respecto, defienden que durante la tramitación del RD 640/2021 ya advirtieron de que la nueva norma “no terminaba de atajar el problema del aumento indiscriminado de centros de titularidad privada, tal y como los hechos han demostrado”. 

    En este sentido, desde el sindicato han valorado como “un avance” que se consideren ahora algunas propuestas planteadas en 2021, como la necesidad de que los informes vinculados al proceso de creación y reconocimiento de una universidad o un centro universitario fueran no solo preceptivos, sino vinculantes. Asimismo, desde CCOO entienden como una mejora que se amplíen los requisitos de un mínimo de alumnado (4.500) y de profesorado suficiente para garantizar su sostenibilidad integral como universidad; que se establezcan unos requisitos mínimos de alojamiento (un 10% de plazas del alumnado); que se refuercen los requerimientos de sostenibilidad económica con un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o instrumento legal similar; que, en la línea indicada en LOSU, se aumenten notablemente las exigencias de presencia de la investigación en la actividad de la universidad al considerarla como una actividad consustancial a la propia noción de universidad y de profesorado; que se refuerce la acreditación institucional, cuyo órgano de evaluación son las agencias de calidad, entre otros elementos, al sumarse a la valoración de la calidad de las actividades docentes, la disponibilidad y calidad del profesorado; que sea obligada la creación en cada universidad del comité ético de comportamiento del personal docente e investigador en materia de investigación y transferencia; o que los centros en línea, dado su ámbito nacional, tengan que ser aprobados por las Cortes Generales.

    Sin embargo, desde Comisiones Obreras insisten en reclamar una mayor ambición al Gobierno en la reforma del RD 640/2021. A su juicio, la norma “debe garantizar que cualquier universidad en funcionamiento o que se pueda crear en un futuro, especialmente en el caso de las universidades privadas, no se limite únicamente a difundir el conocimiento (como ocurre, en el mejor de los casos, con buena parte de las últimas universidades privadas autorizadas) sino que sean realmente instituciones creadoras, preservadoras, transmisoras y difusoras del conocimiento y la cultura, como lo son las universidades públicas”.

    Y para ello, defienden como un elemento ineludible que los informes que se requieran (ya sean de la ANECA, del Ministerio o de la Conferencia General de Política Universitaria) sean, todos ellos, preceptivos y vinculantes. “Resulta imprescindible –afirman- que los criterios de necesidad, idoneidad y calidad primen en la decisión final de creación de la universidad sobre las consideraciones políticas, que dependen básicamente de las mayorías parlamentarias”.

    Para CCOO, deben abordarse cuestiones como la necesidad de vigilar y asegurar que las universidades garanticen los recursos humanos y las infraestructuras suficientes que posibiliten una formación práctica y de calidad del estudiantado; que se vele por las condiciones laborales del personal de las universidades privadas, factor fundamental de la calidad de la docencia universitaria; una mayor exigencia a la hora de verificar el cumplimiento de requisitos al inicio de la actividad de una nueva universidad y no esperar a una eventual revisión al cabo de cinco años; y, toda vez que el servicio público universitario debe estar garantizado por las universidades públicas, la necesidad de proceder a la elaboración de un mapa de titulaciones a nivel autonómico y coordinado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el que el catálogo de titulaciones ofertadas por las universidades privadas y los centros adscritos a universidades públicas deba ser preferentemente complementario y no reiterativo o en competencia respecto a las titulaciones preexistentes y consolidadas en el ámbito de las universidades públicas. 

    CCOO concluyó en “compartir” el espíritu de la norma y en la necesidad de garantizar que cuando una institución se denomina “universidad”, sea de verdad una universidad y no un mero reclamo comercial. “Este déficit de requisitos y control de calidad –denuncian- ha hecho que en los últimos años se incremente notablemente el número de nuevas universidades privadas con un único afán meramente comercial y de beneficio económico por encima de cualquier consideración de servicio público”. En opinión del sindicato, es imprescindible armonizar y aumentar la exigencia de los requisitos mínimos para poder hablar de “universidad”, así como fijar unos niveles básicos de calidad en todos los componentes de nuestro sistema universitario, en el que coexisten las universidades públicas con una buena calidad media, y las privadas, una parte importante de las cuales tienen un bajo nivel académico, lo que se refleja en una actividad de investigación residual, que perjudica claramente al conjunto del sistema universitario.

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