No hay libertad que valga si no se pude disponer del propio cuerpo. Esto es una evidencia tan clara al sentido común que sorprende tener que discutirla. Y, sin embargo, la tradición, las religiones y los discursos de cierta derecha y de una ultraderecha inflamada siguen cuestionando la libertad de decidir de las mujeres, y lo hacen además en estos últimos tiempos con fuerza redoblada. Y es que no es asunto baladí: la sumisión de las mujeres a su rol reproductivo se encuentra en el corazón mismo de la división sexual del trabajo sobre la cual se ha asentado el desarrollo capitalista. Los vínculos entre el desarrollo del capitalismo y el control de los cuerpos de las mujeres ya los explicaron bien autoras como Silvia Federici. Por ello, defender la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto, es también poner la primera piedra necesaria para la emancipación de las mujeres y, con ella, para un cambio transformador de nuestras sociedades.

Esto lo ha sabido ver el feminismo desde el primer momento, y, por supuesto, también el feminismo sindical, que ha acompañado siempre esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de Comisiones Obreras, se reivindica el aborto voluntario y el control de la propia maternidad de forma explícita desde los primeros Congresos, articulando esta reivindicación como uno de los ejes de actuación política de las secretarías de la mujer y subrayando que este derecho era (y es) inseparable de la equiparación de las mujeres en el trabajo.

Hoy, cuando han pasado más de 40 años, echamos la vista atrás y vemos todo lo avanzado, especialmente el camino recorrido hasta el reconocimiento de las IVEs como un derecho en la ley de 2010 y posteriormente en las sentencias del Tribunal Constitucional en 2023. Pero también comprobamos las resistencias y dificultades a las que muchas mujeres tienen que hacer frente para ejercer este derecho, la falta de interés y compromiso de los poderes públicos y, sobre todo, nos preocupa el empuje de la ola ultraderechista, que hace de este tema uno de sus caballos de batalla y no esconde su afán de retroceso.

Durante este mandato, desde CCOO no solo hemos hecho seguimiento de esta cuestión con la edición de una Gaceta Sindical cada 28 de septiembre en la que hemos examinado la situación, sino que también hemos participado en la fase de consultas para la reforma de la Ley de de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, sin duda, uno de los hitos reseñables en estos últimos años, finalmente aprobada en mayo de 2022. CCOO hemos valorado positivamente muchos de los cambios introducidos, entre ellos, la eliminación del requisito patriarcal de los llamados ‘días de reflexión’, la eliminación de las trabas al ejercicio del derecho que se habían introducido para las menores durante el Gobierno de Rajoy o la prohibición de información previa que no tenga un carácter estrictamente médico. Además, tal y como corresponde a una ley de salud sexual se han abordado otros aspectos pendientes, como la salud menstrual, introduciendo nuevas bajas que atienden a la salud de las mujeres y que también hemos apoyado desde el sindicato (si bien señalamos ajustes necesarios). En concreto, se incorporan y entran en vigor a partir de 2023 una situación especial de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, además de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer que interrumpa, voluntariamente o no, su embarazo y, finalmente, se regula una situación especial de incapacidad temporal para la mujer embarazada desde el día primero de la semana trigésima novena de gestación.

Los registros de objetores, la cuenta pendiente

Una de las medidas clave en la reforma de la ley aprobada en 2022 y también una de las más antiguas reivindicaciones tanto del movimiento feminista como de este sindicato ha sido la regulación de la objeción de conciencia. Más allá del reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, esta figura de la objeción ha supuesto en la práctica una seria limitación al ejercicio del derecho en la sanidad pública y una situación de inequidad territorial muy grave. Los informes del propio Ministerio de Sanidad revelan que la implementación es muy desigual, dependiendo del territorio de que se trate. Más del 80% de los abortos se practican en las clínicas privadas y miles de mujeres se ven obligadas a desplazarse cada año a otras provincias porque en su lugar de residencia servicios completos se declaran objetores y no hay clínicas privadas que ofrezcan la prestación. Todo ello además en situaciones marcadas por el estrés de los tiempos y con barreras económicas que también afectan a las mujeres. Esto no sucede con ninguna otra prestación de la sanidad pública y, si así fuera, se produciría un escándalo.

La reforma el año 22 reforzó el derecho al aborto con las condiciones y método (instrumental o farmacológico) que eligieran las mujeres y preferentemente en la sanidad pública, y obligó a las Comunidades Autónomas a realizar registros de registros de objetores de conciencia que permitieran organizar los servicios para garantizar la prestación. Creemos que el espíritu de la reforma iba en el sentido adecuado pero, sin embargo, aún estamos muy lejos de que se hayan logrado cambios sustanciales porque constatamos que la implementación está siendo muy lenta… El pasado mes de septiembre de 2024, CCOO y UGT registramos un escrito en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para solicitar información sobre los registros de objetores de conciencia. Cabe recordar que éstos no solo son una garantía para las mujeres, sino también para los y las profesionales que quieran ejercer la prestación sin ser por ello objeto de persecución o estigma. Finalmente, en diciembre del 24, se aprobó un protocolo para la creación de estos registros, de manera que las Comunidades Autónomas que no lo habían hecho aún dejaron de poder ampararse en esta excusa administrativa.

Si bien el protocolo parece más garantista con la objeción de conciencia que con el derecho de las mujeres, constituye un avance del cual habrá que hacer seguimiento en los próximos mes. Y recordar, por si a alguien se la ha olvidado, que las leyes, también las que atañen a las mujeres, están para cumplirse.

Ni un paso atrás

Mientras algunas empujábamos con todas nuestras fuerzas para mover la rueda de la Administración y lograr hacer realidad las leyes, otras y, sobre todo, otros, empujan en sentido contrario. Convienen recordar que en septiembre de 2024 el Senado, tras un imperdonable equívoco en las votaciones por parte del PSOE y a iniciativa del Partido Popular, cedió una de sus salas a una organización internacional antiabortista vinculada a la extrema derecha mundial. Desde este púlpito clamaron contra la libertad de decidir de las mujeres (y los derechos reconocidos en España, por cierto) y dejaron claro que sus programas pasan por cercenar la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Estremece pensar en la posibilidad de retrocesos en esta materia, aunque es preciso recordar que ya se están produciendo en muchos lugares del mundo, como Polonia, en Europa, o Estados Unidos donde, tras la anulación de la sentencia Roe vs. Wade en 2022 por parte del Tribunal Supremo de ese país, el aborto está criminalizado de facto en muchos estados.

En el otro lado de la balanza se sitúa el ejemplo de Francia que, ante la ola reaccionaria, en 2024 consagró el derecho al aborto en su Constitución en marzo de 2024, convirtiéndose en el primer país del mundo en dar este paso. En el nuestro ya existe también una iniciativa de Sumar en este sentido, abogando por la protección constitucional.

En el plano europeo la campaña ‘Mi voz, mi decisión’, con la que también hemos colaborado CCOO difundiendo materiales y solicitando la adhesión mediante firma, reclama a la Comisión Europea que regule el aborto seguro, accesible y gratuito para todas las mujeres de la UE. Se calcula que más de 20 millones de europeas carecen de estas garantías.

Volviendo a España, CCOO entendemos que existe, sobre todo, lo venimos diciendo, la necesidad acuciante de cumplir las leyes que ya se han aprobado, permitiendo así el ejercicio efectivo de los derechos en igualdad y equidad. Y existe también la necesidad de implementar y profundizar en otros derechos también reconocidos por las leyes pero que siempre parecen caer en el olvido, como una educación sexual integral transversal a todas las etapas educativas, o el reconocimiento, prevención y reparación de la violencia obstétrica que, tal y como se denuncia también en este número de Trabajadora, sigue siendo una realidad invisibilizada.

Como sindicato sociopolítico sabemos que los derechos y las libertades son esenciales dentro y fuera del mundo del trabajo. Y lo son particularmente en el caso de las mujeres. Por eso estamos preparadas para seguir peleando y avanzando. Ni un paso atrás.

Diana G. Bujarrabal (@Dianabujarrabal) es periodista y adjunta en la secretaría confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo

Eva Antón Férnández (@evaantonfer) es filóloga y adjunta en la secretaría confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo