Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 2 julio 2025.

CCOO celebra la resolución europea sobre el despido y reclama una nueva regulación laboral que ponga fin a la impunidad empresarial

    30/06/2025.
    Javier Pacheco, Unai Sordo y Eva Urbano, en la rueda de prensa celebrada hoy

    Javier Pacheco, Unai Sordo y Eva Urbano, en la rueda de prensa celebrada hoy

    El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado en la rueda de prensa celebrada esta mañana junto al secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco; y la directora del Gabinete Jurídico, Eva Urbano; que “la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón al sindicato y abre una nueva era para reformular el sistema de despido en España”. 

    Para Unai Sordo esta resolución constituye “un hito en todo este proceso” y permite “abrir una nueva fase, una nueva era, si se me permite la expresión, sobre cómo regular el sistema de despido en España” y ha asegurado que “el sindicato ha trabajado estos últimos años para corregir los principales problemas crónicos del modelo laboral español, particularmente en lo que tiene que ver con la contratación y el despido”.

    Entre esos problemas, el secretario general de CCOO ha denunciado “el uso sistemático del contrato temporal más allá de las necesidades estacionales” y “el recurso habitual al despido como fórmula preferente de ajuste empresarial y como forma de disciplinamiento o incluso de violencia empresarial”. Esta dinámica, ha afirmado, “generó un mercado de trabajo donde se generalizó la inestabilidad laboral durante décadas”, debilitando la negociación colectiva y lastrando la distribución de la renta. Si bien la reforma laboral corrigió parte del problema de la temporalidad, “quedaba pendiente reformar el régimen del despido”, objetivo que ahora toma impulso con esta resolución europea.

    En su intervención, Javier Pacheco ha destacado el carácter reparador de la resolución, subrayando que el sindicato “ha recibido la razón prácticamente en todos los puntos denunciados”. Además, ha manifestado que el modelo que existe actualmente “beneficia a la empresa que despide fraudulentamente, ya que puede elegir entre readmitir o pagar una indemnización baja, sin reparar realmente el daño causado”.

    Pacheco ha alertado de una tendencia preocupante: “Entre 2019 y 2023, el número de despidos se incrementó un 8% (hasta los 606.600 al año), mientras que las indemnizaciones han sufrido un retroceso en las cuantías medias, siendo en 2023 de 7.446,3€ y en 2019 de 9.310,7€, una reducción de 1.864,4€ significando una caída del 20%. Esto se debe a la rotación laboral, que impide que las personas acumulen antigüedad suficiente para que la indemnización sea significativa”.

    Por último, el secretario de Acción Sindical y Transiciones ha valorado que la resolución respalda la denuncia de CCOO sobre el abuso de la temporalidad en el sector público y la insuficiente compensación a las personas trabajadoras afectadas. También ha defendido que se restituyan los salarios de tramitación eliminados por la reforma de 2012, que impedían a muchas personas trabajadoras afrontar un proceso judicial sin ingresos.

    El Comité señala que el sistema español incumple el derecho europeo

    Desde el plano jurídico, Eva Urbano ha explicado que “el Comité concluye que el modelo español de indemnización por despido improcedente no cumple los estándares mínimos que exige la Carta Social Europea revisada, en tres aspectos fundamentales: no tiene carácter disuasorio, no garantiza una reparación suficiente ni permite la reincorporación del trabajador o trabajadora despedida”.

    “El artículo 24 de la Carta no es programático ni simbólico: es un derecho exigible. Y la jurisprudencia del Comité es clara al exigir indemnizaciones que compensen no solo los daños materiales, sino también los morales, además de tener carácter disuasorio para el empleador”, ha afirmado..

    Además, Urbano ha señalado que el Comité ha reiterado que un sistema indemnizatorio tasado y con topes fijos puede incentivar a los empleadores a realizar cálculos coste-beneficio para proceder a despidos injustificados, lo cual contradice el objetivo de protección de los derechos laborales que establece la Carta Social Europea.

    La queja fue presentada por CCOO en noviembre de 2022 y ha contado con la participación del Gobierno de España, la Confederación Europea de Sindicatos y la Organización Internacional de Empleadores en su tramitación. La decisión fue adoptada por unanimidad en diciembre de 2024, pero no se ha hecho pública hasta ahora por imperativo del protocolo de reclamaciones colectivas, que obliga a mantener la confidencialidad durante un periodo de cuatro meses.

     “La legislación actual se basa en un modelo de despido barato, que debilita los derechos laborales y genera inseguridad entre los trabajadores. Es imprescindible avanzar hacia un sistema que ponga freno a los despidos sin causa y que proteja de verdad al empleo”, concluyó Eva Urbano.

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