Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 4 julio 2025.

TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS DE SAREB A SEPES

CCOO pide al Gobierno medidas adicionales a las anunciadas ayer en materia de vivienda. Son positivas, pero de impacto limitado

    02/07/2025.
    Vivienda

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    El Consejo de Ministros y Ministras anunció ayer nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda asequible, es decir, aquella cuya renta no supera el 30% de los ingresos de un hogar. La principal medida aprobada ha sido la transmisión de los activos de la SAREB a la entidad pública empresarial SEPES, que se convertirá próximamente en la Empresa Estatal de Vivienda y Suelo. Las viviendas transmitidas suman casi 40.000 viviendas y 2.400 unidades de suelo con capacidad de construir sobre ellos 55.000 viviendas. CCOO valora de manera positiva las medidas aprobadas, ya que son un paso más hacia el objetivo de dotarnos de un parque de vivienda pública asequible, aunque su impacto será muy limitado para poner solución al problema social y económico que está siendo el acceso a la vivienda para una amplia mayoría social. 

    De las casi 40.000 viviendas, 9.300 ya estarían siendo habitadas en régimen de alquiler social, el resto aun cumpliendo los requisitos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) de encontrarse situadas en municipios de las áreas metropolitanas e islas, así como en municipios con población superior a 5.000 habitantes o superior a 1.000 con crecimiento poblacional de más del 5 % en los últimos diez años, se concentran en Cataluña (13.000), La Comunidad Valenciana (6.700) y Andalucía (4.000). Es decir, dos tercios de todas las viviendas.

    Sin embargo, las viviendas transmitidas situadas en ciudades consideradas como zonas tensionadas, por la falta de oferta de vivienda asequible, apenas alcanza el 10% del total con 3.894 viviendas (Madrid con 1.189 viviendas, Barcelona con 768 o Palma con 104, por citar algunas) mientras que aparece un número relevante de viviendas en poblaciones con apenas demanda. 

    En el caso del suelo su destino anunciado será la construcción de 55.000 viviendas, con una superficie media de 70 m2, en edificios de al menos 30 viviendas. Para valorar adecuadamente el potencial de esta medida será necesario analizar la ubicación de estos suelos.

    A su vez, el MIVAU ha dotado al SEPES del 35% del suelo ofertado por el Ministerio de Defensa para su desarrollo urbanístico, para ello le ha traspasado 593 millones de euros.

    CCOO valora de manera positiva las medidas aprobadas, ya que son un paso más hacia el objetivo de dotarnos de un parque de vivienda pública asequible, aunque su impacto será muy limitado para poner solución al problema social y económico que está siendo el acceso a la vivienda para una amplia mayoría social. 

    Según nuestras estimaciones harán falta dos millones de viviendas en la próxima década, para mitigar la actual crisis de acceso a la vivienda y garantizar una oferta suficiente en el futuro. Para ello hará falta destinar anualmente al menos el 1% del PIB a políticas de vivienda, cuadruplicando los actuales 3.500 millones. Para ello, necesitamos incrementar el esfuerzo inversor público y privado, para la promoción, construcción y adquisición, además de la gestión de un parque de viviendas asequibles, de carácter permanente, y a precios inferiores al 30% de la renta disponible de los hogares.

    Desde CCOO hemos presentado distintas propuestas tanto en el terreno de la promoción pública directa, como de la movilización de ahorro privado con retornos financieros estables pero limitados, que pueden contribuir a ese propósito, nuestra última propuesta era la regulación y promoción de un Fondo de Inversión para la Vivienda Asequible (FIVA).

    Reclamamos una vez más, al Gobierno de España la iniciativa para desarrollar estos instrumentos de forma que podamos acelerar la concreción del derecho a la vivienda que hoy está lejos de ser una realidad en nuestro país.

    Registro de arrendamientos de corta duración

    También en el ámbito de la vivienda, ayer comenzó a aplicarse el registro único de alquileres de corta duración, necesario para la comercialización de los alojamientos turísticos, los contratos de alquiler de temporada o por habitaciones. El objetivo del registro es hacer más transparente la oferta de este tipo de arrendamientos, al tiempo que se proporcionan a las administraciones públicas herramientas eficaces para la planificación urbanística y el control fiscal, reforzando la lucha contra la economía sumergida.

    El MIVAU había dado plazo hasta el 30 de junio, para solicitar el número de registro, hasta ese momento se han realizado 231.438 solicitudes, de las cuales 183.000 son para vivienda turística, cuando, según el INE, en España hay más de 368.000 viviendas turísticas. El resto de las solicitudes, hasta 48.000, se han registrado para viviendas de temporada, sin dar cifras de las solicitudes de habitacional. Un total de 19.000 han sido revocadas por no cumplir los requisitos del MIVAU.

    Por tanto, el 50% de las viviendas turísticas estimadas por el INE no habrían solicitado el número de registro y por tanto no podrían anunciarse en plataformas on line. Así, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid sobre 20.700 viviendas turísticas calculadas por el INE, solo lo han solicitado el 11% 2.300 viviendas. 

    Por otra parte, las solicitudes de registro para vivienda de alquiler de temporada han sido muy elevadas tanto en Cataluña, Comunidad de Madrid o País Valencià, con cifras cercanas o superando las 15.000 solicitudes, en el caso de la Comunidad de Madrid muy por encima de las solicitudes para vivienda turística. Estas cifras evidencian que, en estas CCAA, se está intentado “burlar” la Ley por el Derecho a la Vivienda, pasando del alquiler residencial (regulado) al alquiler de temporada con menor nivel de exigencias regulatorias (limitación de incremento de precios, de fianzas o de imputación de gastos a las personas inquilinas). 

    CCOO, en enero de 2025 y ante la aprobación del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regulaba el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos, manifestó que el mayor déficit del RD era la falta de un régimen de inspección y sancionador contundente. En la Disposición Final Cuarta, se decía que, hasta la aprobación del régimen sancionador para las infracciones del RD, resultarían de aplicación los regímenes sancionadores de CCAA o Entidades Locales. A la vista de los resultados, la mayoría de AAPP no han aplicado sus regímenes sancionadores, por tanto, exigimos que de manera inmediata se apruebe un régimen sancionador contundente con las infracciones, aprovechando la capacidad que ofrece que ofrece la directiva europea 2024/1028 a los gobiernos centrales para establecer un régimen de inspección y sanción en esta materia. 

    Era esta, la regulación de un régimen adecuado sancionador, una carencia del citado RD 1312/2024 que ahora, con los primeros datos de registro se evidencia de forma clara.

     

     

     

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