Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 18 julio 2025.

CCOO urge a completar la reforma del sistema de desempleo con equidad de género, justicia para las empleadas de hogar y protección real para autónomos

    16/07/2025.
    Hortensia García y Carlos Bravo presentan el informe sobre prestaciones por desempleo

    Hortensia García y Carlos Bravo presentan el informe sobre prestaciones por desempleo

    Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha emplazado al Gobierno a poner en marcha medidas que permitan corregir las carencias del sistema de protección, facilitando el acceso a las oportunidades de empleo de la población de más edad o con más tiempo en desempleo, el reconocimiento de prestaciones para las empleadas de hogar que ha estado pendiente desde el año 2011 hasta octubre de 2023, la prestación de las personas trabajadoras autónomas y la evolución del sistema de protección frente al desempleo.

    En la rueda de prensa que se ha celebrado hoy para presentar el “Informe Anual sobre protección por desempleo (2024 y primer trimestre de 2025)”, Bravo ha subrayado que la reforma del nivel asistencial que entró en vigor en noviembre de 2024 —tras el acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT— ha supuesto una mejora sustancial en la cobertura, que ha alcanzado el 76,3%, la más alta desde 2010. “Es un paso adelante que reconoce la realidad de muchas personas sin empleo, pero no podemos conformarnos: aún hay cerca de medio millón de parados sin protección, y el 26% de las mujeres desempleadas no cobra ninguna prestación”, ha asegurado.

    Bravo ha señalado que gracias a la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2024, del Real Decreto-Ley 2/2024, fruto del diálogo social entre el Gobierno y los sindicatos, se ha conseguido una mejora y simplificación del nivel asistencial, con un impacto directo en las mujeres, gracias a la eliminación del recorte de cuantía por parcialidad en los subsidios. “Es una corrección que tiene un impacto directo en la equidad de género ya que quien acceda aun subisdio tras un contrato a tiempo parcial cobra la prestación completa”.

    Sigue habiendo una deuda histórica con las empleadas de hogar

    En 2022 se reconoció por primera vez el derecho a prestación por desempleo a las empleadas de hogar, a través del Real Decreto-ley 16/2022 tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y gracias a la presión que CCOO ha realizado durante años. Sin embargo, Bravo denunció que “aún no se reconocen los periodos cotizados antes de octubre de 2022 ni se permite el acceso a la prestación a quienes fueron despedidas antes de esa fecha”. “Son mujeres que no han cotizado por imposición legal, no por voluntad propia. Esta discriminación tiene que corregirse”.

    Por ello, ha advertido que el sindicato va a dirigirse al Gobierno para que cuanto antes se realice una modificación legal porque, de lo contrario, el sindicato emprenderá acciones judiciales para defender los derechos de este colectivo.

    La red de protección de parte de las CCAA se ha debilitado tras la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital 

    Respecto al Ingreso Mínimo Vital, Bravo ha lamentado que muchas comunidades autónomas —como Madrid, Andalucía, Aragón o La Rioja— lo están utilizando como sustitución y no como complemento de sus rentas mínimas, dejando sin cobertura a un 28% de las personas que antes recibían ayudas autonómicas.

    “En lugar de reforzar la red de protección, se ha debilitado. El IMV fue concebido como un pilar nuevo del Estado social, no como un reemplazo de lo que ya existía”, ha señalado.

    La prestación por cese de actividad de autónomos contempla requisitos irracionales

    Bravo también alertó sobre la baja eficacia de la prestación por cese de actividad para trabajadores autónomos. A pesar de que cotizan más de 3 millones de personas, “el 50% de las solicitudes son denegadas, muchas de ellas por requisitos “irracionales”, como tener que demostrar un nivel de endeudamiento del 150% tras perder el principal cliente.

    Por ello, ha reclamado que se reactive el Observatorio, creado en 2024 para revisar este mecanismo, que no ha vuelto a reunirse tras su puesta en marcha y así garantizar su utilidad real.

    Por su parte, la autora del informe e integrante de la Secretaría, Hortensia García, ha declarado que el subsidio para mayores de 52 años representa ya el 53% de todas las prestaciones asistenciales, una cifra muy relevante de personas que no logran reincorporarse al empleo. Además, destacó que, pese a la mejora en cobertura, sigue habiendo falta de políticas activas que permitan reinsertar en el empleo a mayores de 50 años, porque “sin esto, las medidas de jubilación anticipada o flexible quedan desdibujadas”.

    Los datos constatan que la mejora del IPREM y las reformas recientes no han logrado equilibrar completamente el acceso a la protección. Así, comunidades como Andalucía, Aragón o Cataluña presentan tasas de cobertura superiores a la media, mientras que Ceuta, Melilla, País Vasco y Canarias registran los niveles más bajos. En Ceuta y Melilla, más de la mitad de las personas desempleadas no perciben prestación alguna. A nivel estatal, aún hay medio millón de personas desempleadas sin cobertura (21,3%), especialmente mujeres (26,1%).

    El informe constata un desequilibrio por género: aunque hay más mujeres beneficiarias, su tasa de cobertura (71,3%) es 12,5 puntos inferior a la de los hombres (83,8%), debido a su mayor presencia en empleos precarios y a tiempo parcial.

    Hortensia García también se ha referido al descenso sostenido del número de personas que capitalizan sus prestaciones para emprender: unas 50.000 personas en 2024, muy por debajo de las cifras previas a la crisis de 2008 (más de 150.000). Este dato puede deberse a la falta de políticas de apoyo al autoempleo por lo que ha advertido que debe animarse a emprender pero también es necesario que se pongan en marcha medidas para poder sostener ese emprendimiento.

    Por último, Carlos Bravo ha concluido la rueda de prensa reclamando una reforma pendiente desde hace años: la separación de fuentes de financiación en materia de protección por desempleo. En la actualidad, las cotizaciones de las personas trabajadoras financian tanto prestaciones contributivas como políticas activas de empleo y prestaciones asistenciales, que deberían estar cubiertas por impuestos generales.

    “El sistema genera superávit casi todos los años. Ese dinero no debe servir para aliviar presupuestos generales, sino para mejorar las condiciones de quienes peor lo pasan”, ha denunciado, y se ha dirigido al Gobierno para que “concluya las reformas iniciadas y ponga en marcha un nuevo proceso de diálogo social para garantizar que el sistema de protección por desempleo sea justo, accesible y sin discriminaciones”.

    Documentación asociada

    Informe Anual sobre protección por desempleo (2024 y primer trimestre de 2025)

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    Documentación asociada

    Informe Anual sobre protección por desempleo (2024 y primer trimestre de 2025)