Como en los últimos siete años, el paro registrado aumentó en el mes de agosto. Es el ciclo estacional tradicional de la economía española, en el que el paro se reduce a partir de marzo y empieza a aumentar cuando acaba el verano. La cifra de demandantes inscritos en las oficinas del SEPE es de 5.482.128 de las que se consideran paradas a 4.120.304. Pero más allá de los criterios utilizados para reducir su número en el 26%, la realidad es que hay 3.027.233 mujeres y 2.454.895 hombres inscritos en las oficinas públicas de empleo buscando un trabajo.
Los datos de la Seguridad Social confirman el enorme deterioro que está sufriendo la calidad del empleo en España: las personas con contrato indefinido y a tiempo completo ya no son la mayoría de la población asalariada afiliada al régimen general de la Seguridad Social. En julio de 2015, solo el 48% de las personas asalariadas pertenecen a este grupo central, mientras que el 52% restante sufre algún tipo de precariedad, bien sea por tener un contrato temporal o una jornada parcial no deseada.
Esta cifra pone en cuestión el tipo de trabajo que se está creando en España: crece sobre todo el empleo temporal y a jornada parcial y, por lo tanto, más que un proceso de creación de empleo, estamos ante una forma espuria de reparto de los puestos de trabajo, tanto en número de horas de jornada como de rotación de las personas en ellos.
En un país en el que se crea poco empleo, se formalizan cada año millones de contratos de trabajo, lo que da idea de la brutal temporalidad y rotación del mercado laboral. En los últimos doce meses se formalizaron en España 16.457.458 contratos temporales, cuando la población asalariada con este tipo de relación laboral fue, de media, 3,4 millones de personas. En consecuencia, el índice de rotación laboral ––total de contratos temporales dividido por asalariados temporales–– es de 4,7: cada persona firma casi 5 contratos de media cada año.
Los datos de la contratación siguen siendo muy precarios: casi el 94% de los contratos registrados en agosto fueron de carácter eventual y menos del 4% fueron indefinidos a tiempo completo. Los contratos a tiempo parcial no dejan de aumentar y ya suponen más de uno de cada tres contratos firmados.
Para ocultar esta realidad el gobierno utiliza trucos aritméticos de corto recorrido, destacando el incremento de la contratación indefinida pero utilizando de referencia únicamente la variación interanual para no tener que reconocer un hecho muy preocupante: en agosto la contratación indefinida se desplomó el 35% en comparación con el mes anterior.
Por otro lado, el aumento de la afiliación en los últimos doce meses se localiza, básicamente, en sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería y servicios auxiliares) que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de alto contenido tecnológico, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de los incrementos de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro.
La enorme duración de la crisis, el fracaso de las políticas de empleo, la reforma laboral y el recorte en las prestaciones por desempleo impuestas por el Gobierno están causando un gravísimo deterioro en la protección a los desempleados que afecta tanto a la cantidad como a la calidad: cada vez son menos las personas desempleadas que cobran prestaciones y cada mes que pasa la prestación es más baja. Con los datos publicados por el SEPE, la tasa de cobertura ya es de solo el 58,5% la más baja en muchos años, con un descenso del 3,5% en comparación con el año anterior y el 28% en relación a su valor máximo alcanzado en febrero de 2010, cuando llegó al 81 %.
Menos personas con protección y de peor calidad, que lleva a algo que puede parecer sorprendente y es que el sistema dedica cada vez menos recursos a pesar de la brutal cifra de personas en paro: en el mes de julio de 2015, el gasto en protección al desempleo bajó el 16% en comparación con julio de 2014, el 31% en comparación con 2013 y el 37% en comparación con 2010. En 2014 el gasto en prestaciones se redujo en más de 5.000 millones en comparación con 2013 y con los primeros datos de 2015 parece que esa enorme reducción aún va a ser mayor: en apenas siete meses el gasto se desplomó en 2.619 millones de euros, cifra que avanza una caída anual de 4.500 millones adicionales.
Desde que el PP llegó al gobierno ha empeorado gravemente la protección a las personas en desempleo: la tasa de cobertura se redujo el 19%, el número de parados con prestaciones se redujo en 663.459 personas, la cuantía del gasto medio por beneficiario es un 10% inferior y los recursos destinados a la protección se han reducido el 35%. En julio de 2015, las prestaciones contributivas, las de más calidad, ya solo representan el 39% del total frente al 43 % de 2014 y el 50 % de 2011.
En España hay 1.840.261 personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE, una cifra que se eleva hasta las 3.838.639 con datos de la EPA, un altísimo nivel de desprotección que genera pobreza y exclusión y que debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del estado.
Urge adoptar nuevas medidas que mejoren la protección a las personas en desempleo, más allá del acuerdo para el Programa Extraordinario de Activación del Empleo destinado a las personas desempleadas de larga duración con cargas familiares. Un programa que el Gobierno aceptó solo por la presión de los sindicatos y para el que exigimos la máxima urgencia en su puesta en marcha al mismo tiempo que seguimos demandando un aumento de la protección a las personas sin empleo ni recursos.
En este sentido CCOO y UGT acaban de poner en marcha una iniciativa legislativa popular para implantar una Prestación de Ingresos Mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo. Se trata de una prestación equivalente al 80% del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.
El numero potencial de beneficiarios se estima en 2 millones de personas, por lo que el coste anual del programa seria de 11.000 millones de euros, el 1,1% del PIB, una cifra perfectamente asumible en especial si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en más de 9.000 millones de euros en los últimos años. Con devolver lo que se recortó estos años ya se financiaría el 80% del coste del programa.
