Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 16 mayo 2024.

CCOO se reúne con el Consejo General de Trabajo Social

Defender la protección social y el empleo

    Importantes coincidencias en la reunión mantenida entre José Campos, secretario confederal de Relaciones Institucionales de CCOO, y Ana I. Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, sobre la incidencia en los servicios sociales que han sufrido las consecuencias de la crisis y las políticas aplicadas durante la misma, que han afectado al conjunto de las administraciones públicas. Otro punto de coincidencia y preocupación ha sido la reforma de las administraciones locales que afectan también, negativamente, a la prestación de estos servicios, sin que haya garantía alguna de sustitución por parte de administraciones de ámbito superior.

    26/11/2015.
    José Campos, secretario confederal de Relaciones Institucionales de CCOO, y Ana I. Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social

    José Campos, secretario confederal de Relaciones Institucionales de CCOO, y Ana I. Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social

    Ambas organizaciones han subrayado la importancia de luchar contra las medidas que atacan el sistema de protección social y las que precarizan el empleo, porque es la mejor forma de luchar contra la pobreza y la desigualdad, y han puesto en evidencia que las consecuencias de la crisis está provocando un incremento de necesidades sociales y de las demandas de la población. “Hay que garantizar derechos sociales, y no acciones de beneficencia”.

    CCOO ha elaborado, en este campo, una serie de propuestas que se pueden centrar en:

    - Elaborar una ley estatal de servicios sociales que establezca contenidos básicos y homogéneos para el conjunto del Estado, garantizando la responsabilidad pública en la efectiva prestación de los mismos.

    - Promover leyes autonómicas de servicios sociales de segunda generación que, además, promuevan el reconocimiento como derecho subjetivo de servicios sociales.

    - Promover el acceso a los servicios sociales, en coherencia con su definición expresa en la Carta Europea de Derechos Sociales

    También reclama la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como parte esencial del Sistema de Servicios Sociales, que se ha visto gravemente afectado por la crisis económica y las políticas de recorte impuestas por el Gobierno.

    La principal consecuencia de ello ha sido no sólo la paralización del proceso de ampliación de la cobertura del Sistema de Dependencia, sino directamente su reducción (desde mediados de 2012 el número de personas con una prestación efectiva se ha reducido en un 4,53%), además de una importante minoración de la intensidad de algunas prestaciones (-15% en el caso de las prestaciones económicas, entre un -20% y -60% en la intensidad del servicio de ayuda a domicilio).

    El intento de derivar la responsabilidad de la financiación del sistema hacia los beneficiarios por la vía del aumento del copago y la prestación vinculada a un servicio que no cubre la totalidad del coste han fracasado claramente. El sistema se encuentra en un momento de claro estancamiento, pese a tener que atender a 1,2 millones de dependientes sólo atiende a 745.000.

    Por su parte Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, resaltó la importancia de pedir “que los servicios sociales sean reconocidos como un derecho fundamental en la Constitución”, y resaltó la importancia de las ratios profesionales para garantizar la calidad en la atención.

    Ambas organizaciones consideran necesario fortalecer y mantener la protección social en los cuatro pilares del Estado de Bienestar: Sanidad, Garantía de Rentas y Pensiones, Educación y Servicios Sociales, y esto debe hacerse retomando el proceso de diálogo social y político que dio lugar a la Ley de Dependencia y que se ha visto roto en la presente legislatura.

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