Comparecencia ante la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, de Susana Brunel

    La Confederación Sindical de Comisiones Obreras considera la violencia contra las mujeres un problema social, de gravísimas consecuencias para el conjunto de la sociedad con efectos perversos para las afectadas, que ven gravemente perjudicada su salud integral y su desarrollo personal, laboral, profesional y económico.

    27/06/2017.
    Susana Brunel en un momento de la comparecencia, fotografía de Adela Crespo.

    Susana Brunel en un momento de la comparecencia, fotografía de Adela Crespo.

    EL 15 DE NOVIEMBRE de 2016, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Se trata de un pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil con la finalidad de alcanzar un compromiso real y efectivo para la erradicación de la violencia machista.

    La proposición no de ley aprobada estableció la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho pacto. La subcomisión deberá elaborar, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identifiquen y analicen los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia sexista, y contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.

    El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta al acuerdo de los representantes de las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia, asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.

    En el marco de la realización de este informe, se han desarrollado toda una serie de comparecencias por parte de distintas asociaciones, organizaciones y personas expertas en la materia. Susana Brunel compareció en representación de CCOO el pasado 17 de mayo.

    Análisis y propuestas de CCOO para combatir la violencia contra las mujeres

    LAS PROPUESTAS presentadas por CCOO en la citada comparecencia están recogidas en el documento Análisis y propuestas de CCOO para combatir la violencia de género (1), donde se aborda el análisis de los déficits existentes en la aplicación de laleyy plantea propuestas para su resolución en los distintos ámbitos de actuación: laboral y económico, publicidad y medios de comunicación, policial, jurídico y servicios judiciales, educativo y sanitario, servicios sociales e intervención social.

    El documento pone en evidencia la pasividad e ineficacia de la acción del Gobierno del Partido Popular. La ausencia de voluntad política a la hora de poner en marcha medidas y recursos necesarios para la erradicación de esta lacra social, imprescindibles en actuaciones jurídicas, policiales, educativas y sanitarias, en prevención, coordinación y formación para la adecuada atención, asistencia y protección de las víctimas. Asimismo son necesarias medidas económicas, sociales y para el empleo, con una visión integral, que favorezcan la autonomía y derechos de las víctimas, a una vida libre de violencia.

    Es fundamental promover actuaciones en el ámbito del empleo. Si bien es cierto que a lo largo de estos años se han ido aprobando una serie de normas, programas y planes que contenían medidas importantes para el fomento del empleo y para la garantía de los derechos laborales y económicos dirigidos a las víctimas, sin embargo la realidad ha constatado que dichas estrategias no han sido desarrolladas, aplicadas, ni evaluadas adecuadamente.

    CCOO considera que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debe ser una prioridad en la agenda política del Gobierno no supeditada a las fluctuaciones económicas ni ideológicas del país y debe dotarse presupuestariamente con los recursos humanos y económicos necesarios para prevenir, combatir y eliminar este grave problema social. Así mismo exige el compromiso y actuación de los poderes públicos, asociaciones feministas, organizaciones políticas y sociales implicadas y de la sociedad en su conjunto.

    Abordar el fenómeno de la violencia de género nos sitúa ante una problemática de carácter estructural, de gran complejidad, para cuya resolución hace necesario un nuevo escenario político y social que promueva los valores igualitarios y democráticos, las libertades y los derechos fundamentales y la garantía efectiva de la igualdad de trato y oportunidades entre géneros.

    Partiendo de la constatación de que la violencia machista es el resultado de la discriminación extrema y de la desigualdad entre mujeres y hombres, el impacto de género de las políticas de recortes públicos, las reformas laborales y la eliminación de derechos, así como la disminución de recursos públicos dedicados a promover la igualdad y a la lucha contra la violencia han creado un caldo de cultivo para alimentar los factores de la violencia estructural: desempleo y precariedad laboral, mayor desprotección social para las muje­res, feminización de la pobreza, etc.

    CCOO ha reiterado su valoración positiva de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que supuso un avance importantísimo: creación y refuerzo de instituciones específicas, reconocimiento de derechos jurídicos, sociales, económicos, laborales, etc. y el desarrollo de actuaciones integrales en los distintos ámbitos para abordar con eficacia la resolución de este grave problema.

    Sin embargo, el sindicato ha venido denunciando reiteradamente los déficits en la aplicación y evaluación de la ley, favorecidos por las políticas de austeridad y el fuerte recorte en recursos y dotaciones presupuestarias, así como la escasa actividad de los organismos específicos encargados de promover e implementar las necesarias actuaciones: el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades y el Consejo Estatal de Participación de la Mujer.

    CCOO considera que combatir la violencia de género es una cuestión de Estado,que debe implicar al conjunto de la sociedad. Por ello, como organización sociopolítica, reitera su compromiso permanente para la colaboración con las instituciones y organizaciones implicadas en el desarrollo de las medidas que permitan la prevención y erradicación de la violencia sexista.

    Susana Brunel (sbrunel@ccoo.es) es socióloga y forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras.

    (1) Documento elaborado conjuntamente por la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO y las secretarias de la Mujer de las federaciones estatales de Servicios a la Ciudadanía (FSC), Enseñanza y Sanidad de CCOO. Octubre 2016.

    Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.