LA PERSISTENCIA del grave problema social de la violencia machista, las dificultades para su erradicación y la permanente denuncia de las asociaciones feministas, organizaciones sindicales y sociales abrieron la puerta a que el Congreso de los Diputados instará al Gobierno a: “Promover un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el consenso de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género”.

El 15 de noviembre de 2016, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno: “A promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de violencia de géneropor el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado”.

La proposición no de ley estableció la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho pacto, que fue aprobada por acuerdo del Pleno del Congreso el 21 diciembre 2016, constituyéndose el 1 de febrero de 2017.

Dicha subcomisión estableció unos plazos para la realización de un informe en el que se identificasen y analizasen los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y elaborar un conjunto de propuestas de actuación que incluirían, las reformas que deberían acometerse para su cumplimiento, así como las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.

Esta subcomisión recabó distintos informes y comparecencias de personas expertas en la materia, representantes de organismos institucionales, asociaciones de mujeres y organizaciones sindicales.

En representación de CCOO Susana Brunel, del equipo de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad, compareció ante la Subcomisión aportando el documento Prevención, protección y derechos. Análisis y propuestas de CCOO para combatir la violencia de género (1), un compendio de propuestas elaborado tras un intenso trabajo de identificación de los déficits existentes en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, abordando los ámbitos –laboral y económico, publicidad y medios de comunicación, policial, jurídico y servicios judiciales, educativo, sanitario, servicios sociales e intervención social.

Tras seis meses de trabajo, el 28 de julio de 2017, la subcomisión creada en el Congreso para articular el pacto de Estado, aprobó el Informe, que incluye 213 medidas y que contó con el respaldo de todos los grupos excepto Unidos Podemos que se abstuvo.

El 28 de septiembre de 2017, el Pleno de Congreso de los Diputados ratificó el informe (tras incorporar algunos votos particulares) sin ningún voto en contra pero con la abstención de Unidos Podemos. Dicho informe se remitió al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta al acuerdo de los representantes de comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia, asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.

De forma paralela a la realización del informe del Congreso, los grupos parlamentarios del Senado elaboraron una Ponencia de Estudio para la Elaboración de estrategias contra la violencia de génerocon 267 medidas,acordadas por unanimidad el 28 de julio y ratificadas por el Pleno del Senado el 13 de septiembre, texto que también fue remitido al Gobierno.

Con ambos documentos, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) ha realizado un texto refundido (Congreso y Senado) para estudiar y analizar el conjunto de las propuestas de cara a la próxima suscripción del pacto por todos los agentes involucrados en el desarrollo del mismo.

El pacto de Estado (texto refundido Congreso/Senado) en materia de violencia de género comprende 10 apartados y contiene 417 medidas: la ruptura del silencio (sensibilización y prevención); mejora de la respuesta institucional (coordinación y trabajo en red); perfeccionar la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; intensificar la asistencia y protección de los menores; impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial; necesidad de la mejora del conocimiento (seguimiento estadístico); recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones; modificaciones legislativas; visualización y atención a otras formas de violencia: trata, violencia sexual, mutilación genital femenina y matrimonios forzosos y, por último, compromiso económico

Las 417 medidas, en muchos casos, recogen lo que mandata la propia Ley 1/2004 de medidas de protección integral para combatir la violencia de género o contempla la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer (2013-2016), pero que no han sido desarrollados al no contar con la voluntad política ni con los recursos económicos necesarios para su aplicación efectiva.

CCOO considera insuficientes las medidas alcanzadas, se trata de un pacto de mínimos que no da respuesta a las carencias detectadas en el tratamiento de la violencia sexista, un pacto más político que social que no recoge medidas finalistas y garantistas para la erradicación de la violencia.

A pesar de la insuficiencia del pacto, CCOO valora positivamente las medidas contempladas, por lo que considera urgente y prioritario su puesta en marcha, y manifiesta su voluntad de colaborar activamente en el desarrollo de los aspectos relacionados con el ámbito laboral, así como el desarrollo de medidas en otros ámbitos: sanitario, educativo, policial y judicial, que incluyen algunas de las propuestas realizadas por CCOO.

CCOO prestará especial atención al desarrollo del punto 3 del pacto: “Perfeccionar la asistencia, ayuda y protección a las víctimas”, donde se recogen medidas tales como: estudiar el actual sistema de ayudas de la Renta Activa de Inserción (RAI) y el art. 27 de la Ley 1/2004 para mejorar la situación de las víctimas sin empleo; potenciar y desarrollar el programa de inserción sociolaboral, adaptándolo a las necesidades individuales de las víctimas; trabajar con los agentes sociales para el establecimiento de protocolos que garanticen los derechos laborales de las trabajadoras en situación de violencia y para una implicación más activa de la Inspección de Trabajo cuando las víctimas sufran perjuicios laborales; por último, la negociación de protocolos frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo e impulso de la negociación de convenios y planes de igualdad que mejoren los derechos existentes.

Es prioritario, asimismo, avanzar en sensibilización y prevención con medidas educativas que incluyan valores que fomenten la igualdad entre géneros, la diversidad, la tolerancia y la educación sexual-afectiva, en todas las etapas y niveles educativos; combatir el sexismo en los medios de comunicación con formación especializada a profesionales y elaboración de códigos deontológicos; y reforzar y aplicar los protocolos sanitarios para la detección precoz de la violencia, con programas de formación del conjunto de profesionales sanitarios.

Otras medidas que hay que priorizar, de manera urgente, se encuentran en la mejora de la respuesta institucional mediante la formación, cooperación y coordinación efectiva de los distintos organismos implicados, entre el conjunto de las Administraciones, el ámbito judicial y policial, fiscalía, abogacía, profesionales sanitarios y sociales.

Por otro lado, de gran interés es que: “El reconocimiento de la acreditación como víctima no se supeditará necesariamente a la interposición de la denuncia: “La modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para que la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género”.

En el ámbito de la justicia: “Ampliar el concepto de violencia a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de Estambul, para la atención, recuperación y reconocimiento de derechos de las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia, incluido el acoso sexual y el acoso por razones de género”.

El gran escollo para la aplicación del pacto es su financiación y saber si finalmente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluirán los 200 millones anuales de incremento presupuestario. Por ello, CCOO exige al Gobierno central el cumplimiento punto 10 del pacto: “El compromiso económico global destinado a desarrollar el Pacto de Estado supondrá un incremento de mil millones de euros en los próximos cinco años”. Esta dotación presupuestaria es imprescindible para la puesta en marcha del mismo.

Otra cuestión fundamental es la necesaria participación de las asociaciones de mujeres y las organizaciones sindicales en la Comisión de Seguimiento del Pacto. CCOO exigirá una participación activa tanto en el seguimiento como en la evaluación de las medidas y acuerdos que se alcancen.

Susana Brunel es socióloga y forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras.

(1) Documento de 2016 elaborado conjuntamente por la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad y las secretarías de la Mujer de las federaciones estatales de Servicios a la Ciudadanía (FSC), Enseñanza y Sanidad de CCOO.

Revista Trabajadora, n. 62 (noviembre de 2017)