La construcción de resiliencia y unas economías y mercados laborales sólidos son prioridades para la zona euro en 2019

  • En el Pleno han tenido lugar tres debates: el comisario Barnier ha contado las últimas noticias sobre el Brexit; la primera ministra rumana, Vasilica-Viorica Dancila, expuso el programa de su Presidencia europea; y el director general adjunto de la OMC, Karl Brauner, explicó la reforma de esta institución.

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE), que se ha celebrado los días 23 y 24 de enero, ha aprobado el Dictamen ECO/485 presentado por el consejero de CCOO Javier Doz, ponente también del dictamen ECO/482 sobre los ajustes de la prefinanciación anual de los fondos europeos para los ejercicios 2021 a 2023. Además, se han aprobado otros dictámenes entre los que se encuentra el SOC/608, Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, del que es ponente José Antonio Moreno, también consejero de CCOO

24/01/2019.
Sede del Comité Económico y Social Europeo en Bruselas

Sede del Comité Económico y Social Europeo en Bruselas

En el Dictamen ECO/485 sobre las Recomendaciones de política económica para la zona del euro 2019 de la Comisión Europea, el Comité ha expuesto que para garantizar que los Estados miembros puedan resistir futuros choques con costos económicos y sociales limitados, debemos contar con economías y mercados laborales sólidos. Para este fin, la Unión Económica y Monetaria (UEM) debe profundizarse completando la Unión Bancaria, aumentando los recursos propios de la UE y estableciendo una función de estabilización macroeconómica para la zona euro, así como implementando adecuadamente el Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR).

El CESE considera que, a medio plazo, el crecimiento de los salarios reales debería ser acorde con el crecimiento de la productividad, sumando a la inflación el aumento real de la productividad, y no quedarse atrás.

Asimismo, el Comité destaca el hecho de que los cambios políticos no deben realizarse a expensas de los ingresos para financiar la inversión social y los sistemas de protección social, o bajo el riesgo de reducir los derechos sociales y laborales. Por el contrario, aboga firmemente por la implementación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y la promoción de una convergencia ascendente en los estándares económicos y sociales. La resiliencia económica y social debe ir de la mano.

En cuanto al Dictamen ECO/482 sobre los ajustes de la prefinanciación anual de los fondos europeos para los ejercicios 2021 a 2023, el dictamen manifiesta su desacuerdo con una propuesta de Reglamento de la Comisión Europea por la que se reducen los anticipos (prefinanciación) que reciben los Estados miembros por los programas que ya han sido aprobados y que se financian con los fondos estructurales y de cohesión europeos (cohesión, desarrollo regional, social europeo plus y marítimo-pesquero). La refinanciación se rebaja del 3% al 1% de la cantidad que los Estados miembros van a recibir de los fondos y afecta a los proyectos y programas financiados por los presupuestos vigentes (2014-2020) que terminan su ejecución entre 2021 y 2023.

La razón principal del desacuerdo es que la prefinanciación es una ayuda muy necesaria para los Estados miembros que ejecutan los proyectos, puesto que deben anticipar el coste del mismo para luego ir recibiendo a posteriori el dinero de los fondos europeos, conforme se vaya ejecutando el proyecto. El ponente del Dictamen, Javier Doz afirmó: “La propuesta de la Comisión perjudica a los Estados que ejecutan bien sus proyectos, aduciendo que se producen devoluciones por parte de quienes no lo hacen. El efecto práctico es trasladar de modo general los problemas de liquidez de la Comisión a los Estados.”

Por último, en el Dictamen SOC/608 sobre normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, aunque el CESE acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por acelerar los retornos, lamenta que la refundición no esté respaldada por una evaluación de impacto y una consulta pública sobre la actual Directiva 2008/115/CE. Asimismo, muestra su preocupación por la disparidad de criterios por parte de los estados miembros respecto al tratamiento de los migrantes en situación irregular, algo que genera inseguridad jurídica y desigualdad de trato.

En opinión del CESE, una política de retorno efectiva debe formar parte de una política y legislación verdaderamente comunes en materia de migración legal y de asilo, que actualmente no existe, dando la impresión de que la UE se limita a adoptar una visión basada en la seguridad, criminalizadora y policial sobre las migraciones. Frente a esta visión, aboga por adoptar un discurso que considere la migración como un fenómeno económico y social normal y considera que una política de migración integral de la UE sería la mejor respuesta a los discursos de extrema derecha y nacionalistas sobre la migración, que fomentan actitudes xenófobas e intolerantes.

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