DERECHO AL aborto: el acoso a las mujeres que toman la decisión de abortar y a profesionales de las clínicas acreditadas, bajo este título, comenzaba mi intervención el año 2014, dentro del curso organizado por Amnistía Internacional en el Escorial: Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos.

En ese marco, se recuerda que 179 países se comprometieron hace 20 años en El Cairo a garantizar el derecho de mujeres y niñas a decidir libremente sobre su sexualidad y su vida reproductiva. La comunidad internacional reconoció que la dignidad de cada persona pasa porque tener la suprema autoridad sobre un aspecto central de nuestras vidas: decidir tener o no tener descendencia.

Que se reconocieran los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos es un logro reciente dentro de nuestra Historia política y social. Se obtuvo superando los obstáculos de los Estados autoritarios que, en alianza con la Santa Sede, trataban de impedir el reconocimiento de estos derechos fundamentales, reforzando con ello la autoridad del catolicismo “oficial” que goza de un estatus de Estado observador permanente en Naciones Unidas.

Este reconocimiento fue moldeando e incidiendo en las reivindicaciones que durante décadas ha protagonizado el movimiento feminista, en las luchas y demandas en torno a la autonomía y soberanía de los cuerpos, la libertad sexual y la lucha por el derecho al aborto. Todo ello como parte de la agenda de las mujeres.

Católicas por el Derecho a Decidir hace tiempo que se sumó a estas luchas y por ello, defiende y trabaja siempre por la búsqueda de la justicia social, el derecho de las mujeres a decidir sobre el control de su cuerpo, la autonomía moral para abordar todo aquello que atañe y afecta a los procesos vitales, a la dignidad, a la salud e integridad.

En esa línea de trabajo, y considerando que el derecho a decidir libremente sobre la gestación es un derecho fundamental, no podemos sino oponernos a la presión con la que grupos de fanáticos intentan mediatizar esa decisión a través de actos de intimidación y hostigamiento, como son los actos de acoso que ejercen sobre las mujeres que acuden a los centros acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). ¿Será que ignoran u olvidan que quienes acuden a interrumpir el embarazo hacen uso de su libertad de conciencia, una libertad que tienen derecho a ejercer sin ser recriminadas, acosadas e incluso criminalizadas? O tal vez, simplemente es que estos grupos de fanáticos religiosos pretenden seguir culpando y castigando a las mujeres por no cumplir con sus mandatos y normas morales, por no cumplir con su concepción del mundo, con su versión del “orden natural” que intentan imponer.

Llegadas a este punto, cabría preguntarse: ¿quién controla nuestros cuerpos? Los esfuerzos de estos grupos, traducidos en estrategias premeditadas y coordinadas, por controlar nuestra vida sexual y reproductiva, son los instrumentos de un sistema patriarcal que busca someter los cuerpos y las vidas de las mujeres, convirtiendo así precisamente el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla, en una disputa orquestada por fundamentalistas, instituciones religiosas y Estados. Históricamente los cuerpos femeninos han sido vigilados, explotados, dominados y judicializados, siempre bajo la mirada sospechosa y controladora de ese sistema patriarcal. Como contrapeso, a lo largo de la Historia, también ha habido una corriente liberadora que ha reconocido y reivindicado la dignidad de las mujeres y su humanidad plena, igual a la de los varones, corriente que ha sido perseguida por los sujetos que ostentan el poder.

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar una concentración pacífica promovida por la Plataforma ProDerechos, de la que Católicas por el Derecho a Decidir forma parte (1), en esa concentración dimos un impulso a esa corriente que nos precede y que nos mueve. Delante de una clínica en la que se practican abortos, nos situamos para sentir y apoyar a las mujeres que día a día tienen que sufrir el acoso de hostigadores y hostigadoras.

Estando allí, pude sentir la incredulidad, la indignación y la perplejidad de las más de 8000 mujeres que desde que se aprobó la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2010, han sido culpabilizadas, vejadas y vulneradas en su intimidad a las puertas de un centro sanitario de IVE. Indignadas porque desde la aprobación de esa norma nadie “con poder” ha hecho lo suficiente para evitar esta flagrante violación de derechos. Ni siquiera han establecido unas zonas de seguridad que distancien las actuaciones de estos grupos del acceso a las clínicas, como han hecho en otros países europeos de nuestro entorno.

Personalmente, tengo que decir que la observación de estas personas con rosarios en sus manos, rodeadas de símbolos religiosos como altares, velas e imágenes de vírgenes... me revolvió como mujer y como creyente en la fe de un Jesús liberador, trayéndome a la memoria las palabras de Ivone Gebara, teóloga feminista católica que a propósito del concepto de “persona humana” decía: “Vemos en pleno siglo XXI una nueva guerra santa en el cual se enfrentan especialmente dos grupos en defensa de la vida humana, actuando y manifestándose en nombre de sus concepciones sobre la vida misma. Dentro de esos dos grupos hay subgrupos, defendiendo unas veces posiciones extremadas e intransigentes y otras veces posiciones más comprensivas”.

Imagino que, llegados a este punto, supondrán que he de situarme del lado de la transigencia, de esa parte comprensiva, respetuosa y defensora de la vida de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo por los motivos que ellas consideren. Como Católicas por el Derecho a Decidir defendemos el derecho de las mujeres a la autonomía y el control sobre su propio cuerpo y a la vivencia placentera de su sexualidad sin ninguna distinción de clase, raza, etnia, credo, edad, opción e identidad sexual. Defendemos, en definitiva, la capacidad moral de tomar decisiones responsables sobre la sexualidad y la reproducción.

Reconocer el derecho al aborto nunca implica la obligatoriedad de abortar, pero negar, obstaculizar o prohibir sí perjudica la salud y la vida de las mujeres. La historia del aborto ha tenido una larga historia de prohibición y de práctica clandestina e insegura. Prohibirlo no consigue evitarlo, pero sí lo convierte en una práctica que daña irremediablemente la salud y la vida de las mujeres. Las políticas que criminalizan el aborto favorecen la muerte, no hay más que recordar las consecuencias de las políticas restrictivas que se dan en algunos países de América Latina para reafirmar esta idea. Casos terriblemente injustos e inhumanos que se han cobrado la salud y la vida de muchas mujeres o las escandalosas condenas de cárcel por más de 30 y 40 años como es el caso “de las 17”en El Salvador. Sería tremendamente injusto, inhumano e inmoral que se obligue a traer una criatura al mundo sin tener en cuenta la libre decisión de la mujer. Es difícilmente justificable que estos grupos antiderechos violenten y acosen a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir el embarazo cercenando sus derechos más fundamentales. Me pregunto si a estos grupos antiderechos les queda un minuto de cordura para ponerse en los zapatos de estas mujeres, en su realidad, en su situación cotidiana.

No quisiera pasar por alto la situación de los y las profesionales de los centros sanitarios de IVE. A menudo se habla de la objeción de conciencia de profesionales de la medicina en los centros de salud, como justificación para no prestar un servicio de aborto provocado; dado las circunstancias, tal vez cabría recordarles que la objeción de conciencia no está por encima del derecho a decidir de las mujeres. Por otro lado, nunca se menciona el hecho de que quienes practican una IVE también lo pueden estar haciendo por razones de conciencia, dándose la paradoja de que defendamos la objeción por razones morales o religiosas de unos y no las razones éticas que mueven a quienes sí realizan interrupciones de la gestación, abocándolos al estigma y a la marginación.

Mar Grandal forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir de España (@CDDEspana).

(1) La Plataforma ProDerechos integra a 62 organizaciones, CCOO se encuentra entre ellas, al igual que Católicas por el Derecho a Decidir.