En junio de 2020 entra en funcionamiento la nueva prestación asistencial de Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El 16 de diciembre el Gobierno anunció que 159.500 hogares tenían concedido el IMV, a falta de computar los datos del País Vasco. Esta cifra se sitúa aún muy lejos de los 850.000 hogares que el Gobierno estimó en mayo que cumplían los requisitos para percibir el IMV.
Está siendo necesario un periodo prolongado de implantación de la nueva prestación, hasta que podamos dar por normalizada su puesta en marcha. Desde junio de 2020 solo tienen reconocido el IMV el 20% de los hogares pobres previstos. El despliegue del IMV está siendo muy lento, con grandes diferencias por comunidades autónomas.
De los 1.079.422 expedientes válidos recibidos, han sido tramitados 807.914 (75%). Del total de los expedientes el 58% han sido resueltos y el 17% de los tramitados están pendientes de subsanación. Sólo han sido aprobados 159.482 expedientes.
En medio de una situación económica y sanitaria extraordinariamente grave, no se está consiguiendo dar respuesta y solución, con la urgencia y necesidad requerida, a los hogares más vulnerables, ahogados en una burocracia administrativa que dificulta que las ayudas lleguen a tiempo y en un contexto donde están cerradas muchas posibilidades de encontrar un empleo.
El Ministerio de Seguridad Social mantiene una elevada opacidad en sus actuaciones respecto de esta prestación, pese a los reiterados llamamientos hechos por las organizaciones sindicales reclamando transparencia.
Lejos de preservar el carácter eminentemente público que hasta el momento mantienen las prestaciones de Seguridad Social, el Ministerio ha impulsado, en una huida hacia adelante, una nueva “reforma parcial” del IMV en el Consejo de Ministros para permitir que entidades del tercer sector de acción social inscritas como “mediadores sociales del IMV” emitan certificados para acreditar situaciones de convivencia complejas.
Para CCOO, sin desmerecer en modo alguno la aportación de muchas de estas organizaciones en su acción social, el recurso a entidades ajenas a las administraciones públicas no es la mejor solución para encubrir la existencia de excesivos filtros en la solicitud del IMV. Las entidades del tercer sector y otras pueden colaborar en la detección de situaciones de vulnerabilidad, pero la evaluación, acreditación y toma de decisiones deben corresponder a las administraciones públicas como forma de garantizar la equidad, igualdad en el acceso y plenas garantías en los diagnósticos de las situaciones de vulnerabilidad.
La reforma, además de crear la figura de los mediadores sociales, suprime el límite de titulares por vivienda para personas sin hogar o que residen en centros residenciales de carácter no permanente, además de reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda. También se ha introducido el concepto de unidad de convivencia independiente (familia nuclear) en casos de mujeres víctimas de violencia de género, divorcio o separación, así como afectados por desahucio o inhabitabilidad para permitir el acceso a la prestación.
Esta nueva reforma parcial es insuficiente. Es imprescindible además agilizar el proceso de reconocimiento del IMV y la flexibilización de los requisitos, facilitando la gestión tanto a los demandantes, como a las personas que tramitan los expedientes, incrementando las plantillas y simplificando el sistema de gestión.
Desde algunas CCAA se señalan los déficits del IMV y las necesidades de mejora en el diseño de la prestación, en la línea de flexibilizar los requisitos de residencia o empadronamiento, tener en cuenta a colectivos que quedan fuera del alcance del IMV como extutelados, personas sin hogar, demandantes de protección internacional, familias monoparentales sin sentencia de divorcio, entre otros.
La implantación del Ingreso Mínimo Vital está teniendo incidencia sobre el conjunto de rentas mínimas de las comunidades autónomas, que en muchos casos están reduciendo sus presupuestos para este fin: en 2021, 9 CCAA disminuyen sus partidas presupuestarias con este fin; en 4 se incrementan y el resto se mantiene
En algunas de ellas se ha paralizado el acceso a sus propios sistemas de rentas mínimas hasta que el solicitante no acredite que ha solicitado y no obtenido el IMV, como ocurre en la Comunidad de Madrid, esto unido a los evidentes problemas de tramitación y acceso al mismo, tiene como resultado el consiguiente perjuicio para las personas demandantes de estas rentas. En algunos casos se anuncia la voluntad de complementar la renta mínima estatal que constituye el Ingreso Mínimo Vital, desde las comunidades autónomas. En cualquier caso, la implantación, lenta y muy parcial aún, no está suponiendo una mejora adicional neta de la cobertura de ingresos mínimos en España. De los recursos nuevos que el Estado ha puesto en marcha con el IMV, estamos viendo detraer la disminución de cobertura de rentas mínimas de las CCAA. Con los pocos datos disponibles de titulares de estas rentas en 2020, correspondientes a 4 CCAA, en dos de ellas los titulares de las rentas autonómicas descienden respecto al año anterior: Aragón (-14%) y Madrid (-44%).
La liberación de recursos que posibilita la implantación de la nueva prestación abre el debate sobre el destino de los mismos, que no debe ser un mero ahorro de gasto social autonómico por sustitución del gasto social del Estado.
Es necesaria la adaptación de las distintas rentas de las CCAA con el IMV, con un resultado final de aumento del gasto social para una necesidad que padece importantísimos vacíos de cobertura. Las decisiones de la adaptación autonómica a la existencia del IMV deben ser participadas y el resultado final debe haber sido abordado y acordado en el ámbito del Diálogo Social territorial.
Para que el IMV llegue a quienes lo necesitan es necesario agilizar el proceso de reconocimiento del IMV y la flexibilización de los requisitos, incrementar las plantillas de la entidad gestora y simplificar el sistema de gestión.
Finalmente, CCOO exige que, de inmediato, se aborde el hasta hoy paralizado desarrollo reglamentario de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, con la participación de los interlocutores sociales, como prevé la propia regulación legal del IMV: acreditación de requisitos de acceso, compatibilidad del IMV con el empleo asalariado, determinar la exigencia o no de estar inscrito como demandante de empleo, reglamento de la comisión y el consejo consultivo, régimen de imposición de sanciones, etc.
