Fotografía de Txefe Betancort.
LAS VIOLACIONES en el campo murciano no son un hecho aislado. En el verano de 2020, CCOO denunció varios casos de explotación sexual y laboral que afloraron en el campo de Cartagena. Una de esas denuncias tuvo una gran repercusión. El caso Yawari requirió la intervención de la Guardia Civil para detener a un capataz agrícola. Cinco mujeres denunciaron más de 20 agresiones sexuales de este individuo.
Comenzó entonces un periplo del que solo se sabía que sería largo y que conllevaría riesgos para las denunciantes. Denunciar esto no es fácil y menos para mujeres migrantes, con una situación administrativa irregular, sin conocer el idioma, sin ningún tipo de apoyo familiar ni económico y con parte de la comunidad árabe señalándolas, expuestas a la más extrema vulnerabilidad.
Y ahí empezaron los obstáculos. Tras la denuncia, el capataz fue arrestado e ingresó en prisión preventiva, pero las mujeres denunciantes empezaron a recibir amenazas por parte del entorno del acusado, teniendo que dejar su residencia habitual. Se cobijaron en un garaje, expuestas, entre otros riesgos, a que la familia magrebí del agresor las increpara. Un proceso terrible de doble victimización que las dejaba en un contexto de indefensión total. Informamos a los Servicios Sociales de Murcia que, lejos de responder adecuadamente, no pusieron una solución inmediata. La Fundación CEPAIM de Murcia, con Juan Antonio Segura a la cabeza, sin embargo, mostró una generosidad gracias a la cual las mujeres denunciantes lograron salir del garaje y se pusieron a salvo en un piso con todos los servicios cubiertos, entre ellos el acompañamiento a los juzgados.
Cuando nos acercamos a verlas para comunicarles quién iba a ser su abogada por parte de CCOO, Isabel Noguera, que ha colaborado de forma totalmente altruista, nos contaron las atrocidades que sufrieron, nos agradecieron haberlas alojado en una nueva vivienda, pero también nos contaron que ellas habían venido a España para enviar dinero a sus hijos e hijas para que pudieran sobrevivir en Marruecos. Las historias que nos contaron no se olvidan fácilmente. Inmediatamente contactamos con la Asociación Amigos de Ritsona, una asociación amiga, que trabaja con personas refugiadas atrapadas en Lesbos y cubre varios proyectos de ayuda habitacional en Atenas para personas refugiadas que se encuentran en situación de calle, que no dudó en cubrir esos gastos durante los meses que ellas no pudieran trabajar.
Estudiamos todo lo acontecido con las mujeres marroquíes en la recogida de la fresa de Huelva, un caso de similares características y en el que desafortunadamente esas denuncias no llegaron a buen puerto, quedando las denunciantes expuestas y sin protección. Esto nos llevó a ponernos en contacto con Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza y Saúl Castro, abogado especialista en derechos humanos. Al contarles todo lo acontecido en el municipio de Torre Pacheco, no dudaron ni un momento en sumarse de manera altruista, colaborando y trabajando junto con la abogada de CCOO en la acusación particular y popular. Con miedo de que esa historia se repitiera, nos reunimos con la fiscal jefa que lleva el caso para expresarle la necesidad de la reparación de las víctimas, resaltando la importancia de concederles el permiso de residencia y de trabajo. También conocimos a las psicólogas que asisten en los juzgados a las víctimas, mujeres imprescindibles en el acompañamiento y en el apoyo psicológico. Todo esto ha hecho que las denunciantes, dos años después, puedan seguir en España y declarar para ratificar sus declaraciones. Un logro que, insisto, no ha ocurrido en otros casos de similares características.
No es que en este caso hayamos tenido una varita mágica: hemos cubierto como hemos podido todas las carencias que tiene el sistema y, además, gracias a la inmensa suerte de encontrarnos por este camino tan duro y desolador a mujeres y hombres profesionales con una empatía que, si fuera lo habitual, de otro mundo estaríamos hablando.
El 26 de septiembre de 2022 se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Cartagena. Queda esperar la sentencia y exigir a la Administración que cubra estas carencias y así se pongan todas las herramientas que tiene el sistema para combatir esta explotación laboral y sexual. Este caso no es un hecho aislado. Tal y como dijo una de las denunciantes: “Esto no es un hecho puntual, si eres mujer marroquí, estás sola y quieres trabajar en el campo tienes que hacer lo que quiera el capataz”. Esa reflexión es estremecedora, y no se puede seguir asumiendo este horror como si fuera la normalidad.
Teresa Fuentes (@TeresaFuent1976) es secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO de la Región de Murcia (@CCOORM).
El viernes 4 de noviembre, al cierre de la edición de este número de Trabajadora se conocía la sentencia: "Condenan a Mimoune Zouh, agresor de las víctimas, a 3 añosde prisión por delito contra los derechos de las trabajadoras. Seis delitos continuados por abuso sexual, por cada uno de los delitos a 7 años de prisión, en total 45 años de prisión, más una indemnización de 30.000 euros a cada víctima.
Revista Trabajadora, n. 76 (noviembre de 2022).
