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Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 7 febrero 2023.

CCOO lamenta que la política de incentivos no haya sido abordada en el marco del diálogo social

    11/01/2023.
    Una trabajadora, en una imagen de archivo

    Una trabajadora, en una imagen de archivo

    Los incentivos a la contratación forman parte de las políticas activas de empleo. Los recursos destinados a financiar las políticas activas son limitados, restando su cuantía de otras políticas activas. Hasta ahora, los incentivos al empleo han funcionado como un auténtico “peso muerto” en la economía, y CCOO considera que no se deberían seguir destinando muchos miles de millones de euros a unas medidas que no están cumpliendo su finalidad.

    Estos incentivos han demostrado ser poco determinantes en las decisiones empresariales de contratación y tener un efecto mínimo sobre el incremento de las posibilidades reales de inserción, más bien se han convertido, en la mayor parte de los casos, en subvenciones a las empresas para reducir sus costes laborales. Por ese motivo, CCOO valoramos racionalizar y articular un menor número de incentivos, sus cuantías, y que se limiten en el tiempo.

    1.- Compartimos en términos generales la necesidad de contar con un marco jurídico único para la regulación de los incentivos a la contratación, porque va a facilitar una visión del conjunto de las medidas de empleo incentivadas en el conjunto del Sistema Nacional de Empleo, así como la coordinación y el compartir información entre todas las administraciones implicadas, y porque va a posibilitar realizar el seguimiento y evaluación de estas medidas, cuestiones imprescindibles si queremos realizar los ajustes pertinentes e irlos adaptando a las distintas situaciones, para alcanzar los objetivos que ha de tener tales medidas.

    2.- Teniendo en cuenta que la política de incentivos a la contratación ha dado resultados muy limitados, consideramos que hay que ceñirla a situaciones y colectivos donde esté muy justificado, pues de lo contrario acaba siendo sin más un drenaje de fondos públicos para el ahorro de costes empresariales.

    Estando de acuerdo en vincular la contratación laboral incentivada a grupos/colectivos de personas específicas, con dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, creemos que las definiciones que se hacen en la norma son muy generalistas. Si volvemos a disponer de unos incentivos muy genéricos, destinados a grupos de personas muy amplios en el que no se tenga en consideración otros aspectos, se perdería el impacto que se pretende de ayuda a la inserción en el empleo de colectivos con especiales dificultades.

    3.- Valoramos de manera muy positiva que las bonificaciones a la contratación se centren en la contratación indefinida, en línea con los objetivos de la reforma laboral acometida recientemente, así como que se establezcan para la conversión en indefinidos ordinarios de contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos. También hacemos una valoración positiva de que los incentivos a la contratación temporal se circunscriban solo a aquellas situaciones que ayuden al ejercicio corresponsable de los cuidados de menores, o vinculadas al riesgo durante el embarazo o la lactancia o a la cobertura de situaciones vinculadas con la violencia machista.

    4.- En lo que hace referencia a los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, el Real decreto ley se limita prácticamente a reproducir los actualmente existentes, cuya aplicación práctica se centra en el empleo protegido y no tanto en la integración de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. 

    Con relación a esta situación, desde CCOO ya señalamos en la fase de consultas previa la necesidad de que, en el marco del diálogo social, se produzca un análisis en profundidad de los actuales mecanismos existentes para favorecer el empleo de las personas con discapacidad, incluido el empleo protegido y una evaluación de sus resultados, transcurridos ya muchos años desde que se estableció la actual normativa. Dicha evaluación deberá analizar el funcionamiento tanto de los incentivos a la contratación como de diferentes modalidades de contrato temporal descausalizado que se mantiene en vigor para las personas con discapacidad, y valorar si los mecanismos existentes han servido o no para los fines para los que se crearon que, recordemos, se basaban fundamentalmente en la integración de dichas personas en el empleo y su tránsito al empleo ordinario.

    Dado que próximamente se aprobará el Libro Blanco del empleo de las personas con discapacidad, ese es en nuestra opinión el momento para realizar dicha evaluación y el correspondiente proceso negociador el marco del diálogo social.

    5.- Compartimos que los incentivos a la contratación se centren en bonificaciones en las cuotas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y no en reducciones o exenciones a cargo del presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

    6.- También valoramos como muy positivo, y coherente con la normativa en otros ámbitos, que se exija la existencia de un plan de igualdad aprobado y registrado para poder optar a incentivos a la contratación. 

    7.- Sería necesario articular un sistema integral y eficaz de seguimiento y evaluación del conjunto de la contratación y de la eficacia de los incentivos en la contratación y en el mantenimiento del empleo. En dicho sistema deberán participar las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, o hacerse desde alguno de los ámbitos de participación ya existentes.

    Para finalizar, CCOO reiteramos que lamentablemente los contenidos del presente Real decreto ley, en lo que afecta a la política de incentivos, no hayan sido negociados en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales. Tan solo, en la fase inicial de su elaboración, se sometió un anteproyecto previo –diferente al finalmente aprobado- a proceso de consultas. De haberse abordado esta negociación, indudablemente los contenidos del texto serían más eficaces para los fines perseguidos.