Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 27 abril 2026.

La CES aprueba la Declaración de Nicosia y refuerza su agenda sindical sobre servicios públicos, soberanía digital y apoyo a España

  • El Comité Ejecutivo apuesta por una salida europea basada en inversión, empleo de calidad, defensa del sector público, control democrático de los sistemas de pago y una respuesta común frente a las amenazas de coerción económica.

16/03/2026.
Foto de archivo de una manifestación convocada por CES. Foto: ETUC.

Foto de archivo de una manifestación convocada por CES. Foto: ETUC.

El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrado los días 10 y 11 de marzo en formato online tras la imposibilidad de mantener la reunión presencial prevista en Chipre por razones de seguridad y por la cancelación de vuelos derivada de la situación regional, dio un claro contenido político a sus debates y acuerdos.

Para CCOO, el principal resultado del encuentro fue la aprobación de la Declaración de Nicosia, un texto llamado a marcar la posición sindical europea ante el Consejo y la Cumbre Social Tripartita. La declaración rechaza que la pérdida de empleo, el deterioro de las condiciones laborales o la crisis del coste de la vida sirvan como excusa para nuevas políticas de austeridad o desregulación, y defiende una salida basada en inversión, diálogo social, negociación colectiva, transición justa y empleos de calidad.

Además de haber aprobado una declaración de apoyo a España, en la que la CES rechazó expresamente las amenazas de coerción económica lanzadas por Trump y la administración estadounidense y reclamó una respuesta firme y unida de la Unión Europea. El Ejecutivo aprobó, además, una resolución de especial relevancia sobre servicios públicos, en la que la CES defendió el sector público como una pieza central del modelo social europeo, de la cohesión territorial y de la propia democracia.

El debate puso el foco en los efectos de la austeridad, la privatización y la infrafinanciación sobre ámbitos esenciales como la sanidad, la educación, la inspección laboral o la atención de larga duración, y ligó esa defensa a la necesidad de una fiscalidad más justa y de una mayor inversión pública para sostener derechos y reducir desigualdades.

El Comité Ejecutivo respaldó también una resolución sobre el euro digital, abordado como una cuestión de soberanía europea y de control democrático sobre los sistemas de pago. La CES defendió que una versión pública y bien diseñada del euro digital puede contribuir a mantener el dinero como bien público, garantizar el acceso universal, reforzar la privacidad y reducir la dependencia europea respecto de grandes operadores privados.El debate subrayó además que la digitalización del sistema monetario no puede desarrollarse al margen de los derechos laborales, de la negociación colectiva ni del interés general.

Con estos acuerdos, la CES reforzó una agenda sindical que combina respuesta política a la actual deriva europea, defensa del modelo social y voluntad de intervenir en debates estratégicos que afectan de manera directa a la vida de las personas trabajadoras. La Declaración de Nicosia, la defensa de los servicios públicos, el apoyo a España y la apuesta por una soberanía digital con control democrático dibujaron así algunos de los ejes centrales de este Ejecutivo.