Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras | 25 abril 2026.

CCOO exige que se cumplan los plazos legales para la homologaci贸n y equivalencia de las titulaciones extracomunitarias

  • El sindicato reclama la resoluci贸n de los 72.337 expedientes pendientes dentro del plazo legal de seis meses. A pesar de las mejoras en el sistema, resulta imprescindible establecer una soluci贸n permanente, transparente y 谩gil al problema existente de retrasos injustificados en la resoluci贸n de los expedientes de homologaci贸n y equivalencia de titulaciones universitarias extracomunitarias, dependientes del Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades.

21/04/2026.
Esta situaci贸n afecta tanto a personas extranjeras con residencia en Espa帽a como a nacionales que han obtenido su titulaci贸n en universidades extracomunitarias (con especial incidencia en las del Reino Unido y Estados Unidos).

Esta situaci贸n afecta tanto a personas extranjeras con residencia en Espa帽a como a nacionales que han obtenido su titulaci贸n en universidades extracomunitarias (con especial incidencia en las del Reino Unido y Estados Unidos).

Comisiones Obreras ha exigido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que se cumpla el plazo de seis meses previsto en la ley para resolver los 72.337 expedientes que aún se encuentran pendientes respecto a la homologación y equivalencia de las titulaciones universitarias extracomunitarias que dependen de este ministerio.

A pesar de los repetidos anuncios de los responsables del departamento que dirige Diana Morant, sobre la solución al problema de congestión y bloqueo del sistema, en muchos casos se mantienen los tiempos de espera de más de más de uno o dos años cuando los plazos legales indican un máximo de seis meses. A esto se une la falta de transparencia y de comunicación a las personas afectadas en el proceso administrativo, problema que persiste a pesar de las reformas introducidas por el Real Decreto 889/2022, que contemplaba implantar procedimientos más ágiles, plazos máximos de resolución (6 meses) y digitalización obligatoria para mejorar la transparencia y el servicio al solicitante.

Se trata de procesos técnicos en los que se regula que el carácter oficial de la titulación en el país de origen y la calidad y contenidos de la misma por los organismos de calidad que validan las titulaciones nacionales con criterios estrictos, especialmente para las titulaciones que habilitan el ejercicio de profesionales reguladas, mayoritariamente en Medicina, área de Ciencias de la Salud, etc. Posteriormente a la homologación, sigue siendo necesario el cumplimiento de los requisitos legales para poder ejercer sus respectivas profesiones, con independencia de si su origen es comunitario o extracomunitario.

Esta circunstancia afecta tanto a personas extranjeras como a ciudadanos españoles que hubieran obtenido su titulación en otros países. Por ello, desde CCOO critican las actitudes xenófobas y racistas que, al margen del funcionamiento real de estos trámites, pretenden criminalizar y utilizar este proceso para seguir colocando en el foco de atención un falso debate migratorio carente de cualquier fundamento, poniendo en duda a profesionales cuya cualificación está acreditada.

Esta situación afecta tanto a personas extranjeras con residencia en España como a nacionales que han obtenido su titulación en universidades extracomunitarias (con especial incidencia en las del Reino Unido y Estados Unidos). A pesar de la resolución de 85.564 expedientes en 2025, la realidad es que el número de procedimientos pendientes, a 13 de marzo de 2026, alcanzaba los 72.337, lo que resulta inaceptable tras varias modificaciones legislativas que, de manera repetida, han anunciado la resolución de una situación que se arrastra desde hace una década. Al ritmo actual, se tardará al menos dos años para normalizar el procedimiento, de tal forma que en cada ejercicio se resolviera el mismo número de expedientes que solicitudes presentadas.

Según CCOO, no parece justificado que una obligación legal como es la de resolver cualquier expediente presentado en un plazo máximo de seis meses, se presente por el ministerio como un objetivo que pudiera cumplirse en un futuro próximo. El cumplimiento de la ley no es una posibilidad —advierten desde el sindicato—, y en todo caso debería ser una obligación, especialmente para aquellos que han elaborado la norma. A esto hay que añadir las quejas de un alto porcentaje de las personas solicitantes en relación con el funcionamiento de los canales oficiales de información dentro de la página de VALIDATE, que no están cumpliendo plenamente su función informativa, lo que incrementa la incertidumbre de las personas solicitantes y dificulta el seguimiento adecuado de los expedientes.

CCOO considera necesario un reforzamiento de los medios materiales y humanos que garanticen la resolución de los expedientes en el plazo legal de seis meses y la reforma del sistema de atención e información a las personas solicitantes.

El sindicato insiste en que no debe olvidarse de que detrás de cada solicitud se encuentran personas concretas cuyo proyecto de vida, personal, laboral y familiar, se encuentra a la espera de una resolución administrativa que no llega. Todo ello sin contar con la pérdida de talento y capital humano para el conjunto de la sociedad.