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M谩s de la mitad de los casos de violencia laboral no son sancionados con expediente disciplinario
Presentaci贸n del informe "Violencia laboral en Espa帽a"
Un 30,7% de la población asalariada en España ha trabajado en entornos laborales donde se produce violencia y acoso laboral, ya sea porque los sufren directamente o porque son testigos de ellos, según un informe publicado hoy por la Fundación 1º de Mayo de CCOO y presentado en rueda de prensa. Además, una de cada seis personas trabajadoras (16,7%) afirma haber sido víctima directa de violencia laboral.
El informe, basado en una encuesta representativa de la población trabajadora en España, alerta de que es un fenómeno "fuertemente invisibilizado" con graves consecuencias para la salud y de carácter estructural, por lo que el foco debe desplazarse desde las conductas individuales hacia la organización del trabajo.
En este sentido, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, ha señalado que uno de los objetivos de este tipo de estudios es "hacer visible lo invisible" y ha advertido de que la violencia laboral "se está extendiendo a lo largo de los últimos años y se está consolidando como un grave problema". Sanz ha subrayado que la violencia en el trabajo va mucho más allá del acoso laboral o sexual y comprende "abusos, amenazas, ataques y otras circunstancias relacionadas con la actividad laboral que ponen en peligro la seguridad, el bienestar y la salud" de las personas trabajadoras.
Sobre la invisibilización de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo, Sanz ha señalado que “mientras el año pasado se registraron 627.962 bajas por incapacidad temporal por motivos de salud mental, solo 203 fueron consideradas de origen laboral”. Para el secretario de Salud Laboral de CCOO, esta cifra pone de manifiesto las carencias existentes tanto en la evaluación de los riesgos psicosociales como en el reconocimiento del origen laboral de estos problemas. En este sentido, ha advertido sobre “los elementos estructurales que condicionan de manera significativa el daño que se va a producir”, y ha subrayado que estos problemas de salud vinculados al trabajo “ni siquiera están reconocidos como enfermedad profesional”.
En su intervención, ha señalado en que, de acuerdo con el Convenio 190 de la OIT y los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, la violencia laboral "no es un problema individual ni aislado, sino un problema estructural y estratégico", con raíces en factores sociales, económicos, organizativos y culturales. En este sentido, ha destacado que el estudio incorpora de manera relevante la perspectiva de género y ha señalado también a las personas jóvenes como otro de los colectivos que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad, alertando de que estas prácticas pueden convertirse en "un grave factor de desigualdad y discriminación".
El secretario de Salud Laboral también ha destacado que los entornos de atención directa a las personas concentran buena parte de estas situaciones y ha citado, entre otros, los ámbitos sanitario, de atención a personas mayores, y educativo. También ha advertido además de que la violencia psicológica, a menudo más sutil e invisible que la física, puede manifestarse mediante intimidaciones, amenazas y abusos verbales, y ha alertado de que el uso de las redes sociales puede agravar estas conductas cuando se utilizan de forma deliberada para hacer daño a personas del entorno laboral.
Por su parte, Juan José González, técnico de la Fundación 1º de Mayo y coautor del informe, ha señalado que según los datos de la encuesta, en los entornos laborales violentos las personas declaran un deterioro de diversas condiciones de salud y de vida. Así, el 93,5% de las personas expuestas a entornos laborales violentos señala que la violencia tiene efectos sobre la salud mental, alcanzado niveles graves en seis de cada diez casos. La violencia también repercute en la estabilidad laboral: el 64,3% de las víctimas considera que ha afectado gravemente a la continuidad en su empleo, valorando el abandono del puesto de trabajo.
Violencia simbólica, verbal y aislamiento social
En la investigación también se ha constatado que, aunque la violencia laboral suele tratarse como casos aislados y externos, la violencia más común es la intraorganizacional, derivada tanto de la violencia jerárquica (vertical) como de la violencia entre compañeros y compañeras (horizontal). Además, pese a que las agresiones físicas son una forma de violencia importante, que afecta a una de cada cuatro personas expuestas a estos entornos laborales, las formas más habituales son la violencia simbólica (como el lenguaje corporal hostil, entre otros), la verbal y el aislamiento social, registradas por cuatro de cada cinco personas expuestas a entornos laborales violentos.
González ha advertido que el estudio muestra que las mujeres soportan una mayor exposición a la violencia laboral y que el 18,3% de las asalariadas ha sufrido directamente situaciones de violencia en el trabajo, frente al 14,8% de los hombres. Además, el 30,4% de las mujeres expuestas a entornos laborales violentos identifica episodios de violencia sexual, una cifra que pone de manifiesto la normalización de la cultura patriarcal en el ámbito laboral. La violencia laboral sufrida en hombres se concentra a edades tempranas y cae abruptamente a partir de los 24 años; en el caso de las mujeres, la violencia laboral muestra un carácter más estructural, manteniéndose superior en las edades laborales centrales (25 a 54 años).
Los datos del estudio señalan que la violencia laboral es más habitual cuando hay un deterioro generalizado de diversas variables organizativas, como la acumulación de trabajo por una distribución irregular, el bajo apoyo de superiores, la previsibilidad del trabajo, las exigencias contradictorias y, especialmente, el trabajo emocionalmente desgastador. Esto último explica que los sectores integrados en el ámbito de los servicios sean los que registran los mayores niveles de violencia laboral, donde la gestión emocional normal en cualquier relación personal de trabajo debe sumarse a la relación con terceras personas. Así, hasta un 39% de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y de atención social desempeñan su labor en entornos laborales violentos, de manera similar al comercio minorista y hostelería (38%) y el sector educativo (36,2%). En otros sectores, la frecuencia baja al 25,8%.
Deficiencias en la prevención
Para González, los datos concluyen que es importante la responsabilidad de las empresas y en cómo organizan el trabajo a la hora de evitar la violencia laboral en sus centros y detecta importantes deficiencias en materia de prevención. El 47% de las personas trabajadoras afirma que su empresa no dispone de un protocolo contra el acoso sexual, pese a que su implantación es obligatoria. Además, una de cada cuatro personas expuestas a violencia laboral asegura que este riesgo ni siquiera está contemplado en la evaluación de riesgos de su empresa.
En este sentido, Mariano Sanz ha reclamado que la violencia laboral se aborde desde la salud y la seguridad en el trabajo y ha defendido la necesidad de reforzar la acción sindical, la denuncia y la negociación colectiva. "Esta dimensión que entra dentro de los riesgos psicosociales que abordamos dentro de las empresas es muy poco desarrollada, prácticamente nula", ha denunciado. Sanz ha advertido asimismo de que existen métodos de evaluación de riesgos que no contemplan la dimensión de la violencia y ha subrayado que "la violencia es un elemento fundamental" en las relaciones entre compañeros y compañeras, con las empresas y en situaciones de aislamiento.
Juan José González ha apuntado que la respuesta empresarial tampoco resulta suficiente. En el 56,3% de los casos no se abrió ningún expediente disciplinario frente a las conductas violentas y en el 46,3% no se impuso ni siquiera una amonestación verbal o escrita, lo que, según el estudio, contribuye a mantener situaciones de impunidad.
Como conclusión, el informe de la Fundación 1º de Mayo señala que los resultados muestran que la violencia laboral debe abordarse como un problema preventivo y organizativo, incorporándola plenamente a las políticas de salud laboral y a la negociación colectiva. El informe concluye que garantizar entornos de trabajo seguros exige actuar sobre las condiciones de trabajo, reforzar los mecanismos de prevención y protección y desarrollar una cultura organizativa que no tolere ninguna forma de violencia.
