Concentración de empleados públicos
El sindicato entiende que no tiene validez la excusa de la inestabilidad política, ya que la aplicación de los compromisos no requiere creación o modificación legislativa. Exige al Gobierno un impulso que permita la inmediata puesta en marcha de las medidas acordadas.
Para CCOO, los incumplimientos afectan a todas las áreas de la negociación: empleo público, retribuciones y condiciones laborales. Destaca los graves retrasos en los procesos selectivos, con el riesgo inminente de caducidad de la Oferta de Empleo Público de 2017. En una situación similar se encuentra la estabilización del empleo temporal, pendiente desde hace meses de cerrar la identificación de los puestos afectados y los criterios de las convocatorias.
En materia salarial, las medidas para la distribución de los fondos adicionales 2018-2020 solo se han ejecutado parcialmente, y con una aplicación que el sindicato califica de cicatera por no ajustarse a lo firmado por la entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet. CCOO recuerda que la pérdida salarial de este colectivo alcanza el 15 % desde 2008.
El sindicato enumera, además, una larga lista de incumplimientos en los compromisos firmados para la mejora de las condiciones de trabajo. Grupos sobre promoción interna o diagnóstico del empleo público, fomento de la movilidad, concurso unitario de personal funcionario, concurso abierto y permanente de personal laboral, o la aplicación incompleta de la ampliación de los permisos de paternidad, son algunas de las medidas que destacan en esta materia.
Finalmente, CCOO incide en la absoluta inacción en la puesta en marcha del IV Convenio Único para el personal laboral, firmado en marzo y sin que se hayan desarrollado aún las medidas de encuadramiento, complementos, cambio de régimen jurídico, retributivas o la jubilación parcial.
El Área Pública de CCOO mantuvo el pasado día 24 una reunión con el ministro en funciones de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, quien le trasladó el compromiso del Gobierno para cumplir los acuerdos una vez formado el próximo Ejecutivo. Este reconocimiento supone un primer paso, pero el sindicato entiende que debe garantizarse con un calendario vinculado a unas medidas concretas, así como el inmediato desarrollo legislativo en que se establezcan los incrementos salariales para 2020.
