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Cuidar a quien cuida, reclamación sindical prioritaria

    La crisis de la COVID-19 ha dejado ver con especial nitidez las carencias en servicios de cuidados, sean de menores o de dependientes. Para la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, es preciso y urgente fortalecer y desarrollar el sector de cuidados con empleo y salarios dignos, con servicios públicos de calidad, suficientes y accesibles, y con plenos derechos laborales. Son prioridades sindicales, para que no dejar a ninguna mujer ni a ninguna trabajadora atrás.

    22/04/2021.
    Cuidar a quien cuida, reclamación sindical prioritaria

    Cuidar a quien cuida, reclamación sindical prioritaria

    . EN EL MUNDO: las trabajadoras arriesgan la salud para cuidar a otras personas, con salarios insuficientes, falta de personal necesario, muchas veces sin baja por enfermedad y sin equipos de protección.

    Esta situación ha sido puesta de manifiesto en un reciente estudio de UNICARE (Arriesgar sus vidas para ayudar a otros a sobrevivir). Esta sectorial sindical encuestó en febrero y marzo de 2021 a 3.001 trabajadoras y trabajadores de cuidados (de residencias, de personas mayores, con discapacidad y con enfermedades crónicas en sus domicilios), de 37 países, para que sus voces y problemas sean escuchados. Un año después de la pandemia, la fuerza laboral que ha hecho frente a la COVID-19 aún sufre violencia, escasez de equipos de prevención, salarios de pobreza, falta de personal y falta de apoyo para la salud mental. 

    Entre los problemas más acuciantes revelados: el 73% se refiere a la insuficiencia de personal contratado; para el 52%, el salario no le permite una vida digna, no cubre necesidades esenciales (vivienda, comida, transporte); el 32% denuncia que está sin permiso retribuido si enfermaban de coronavirus y un 25%: sin permiso retribuido si enfermaba. La encuesta destaca el componente de género del trabajo de cuidados, y de hecho son mayoría las mujeres que denuncian bajos salarios, preocupación por su propia seguridad y la de las personas que atienden.

    En el sector de los cuidados el empleo temporal es habitual, así como un nivel considerable de inseguridad laboral, así como la informalidad. Casi el 20% del personal que presta cuidados de larga duración carece de contrato de trabajo. La discriminación de género sistémica también incide a la hora de mantener un nivel salarial bajo entre el personal de cuidados. En cuanto a la protección ante el coronavirus, el 31% dijo que seguían sin tener acceso en todo momento a los EPI que necesitan para desempeñar sus tareas con seguridad y el 38% dijo que quienes les emplean no están adoptando las medidas apropiadas para protegerles.

    Entre las recomendaciones del informe, cabe destacar:

    - Establecer niveles seguros de dotación de personal con ratios de personal-residente más altas en las residencias a fin de mejorar la calidad de la atención para las personas residentes y gestionar las cargas de trabajo de las personas trabajadoras, y minimizar la dependencia de trabajadores y trabajadoras temporales proporcionando empleos a tiempo completo. 

    - Garantizar salarios dignos para todas las trabajadoras y trabajadores de residencias, hospitales y de cuidados a domicilio. 

    - Reconocer la COVID-19 como enfermedad profesional en la industria de cuidados de larga duración. 

    - Lo más importante, asegurarse de que las trabajadoras y los trabajadores tienen una voz en la toma de decisiones en el lugar de trabajo a través de los sindicatos y la negociación colectiva

    - Todos los países deberían centrarse en mejorar urgentemente las condiciones de trabajo y los salarios de las personas trabajadoras que prestan cuidados de larga duración.

     

    . EN ESPAÑA

    Según el INE (EPA 4ºT 2020), un total de 1,8 millones de personas trabajan en actividades sanitarias y de servicios sociales, de las que el 74,5% son mujeres (3 de cada 4 personas trabajadoras). Son personal sanitario 1, 2 millones, de las que el 73% son mujeres (890 mil). Son personal que trabaja en residencias 323 mil personas, de las que el 88,7% son mujeres (274 mil), es decir 9 de cada 10. Y son personal de servicios sin alojamiento (ayuda a domicilio, teleasistencia, prevención) 255 mil, de las que el 84,2% son mujeres (215 mil), también 9 de cada 10. 

    Esta feminización del sector requiere, de manera urgente, tener en cuenta la perspectiva de género y a afrontar las necesarias mejoras laborales del sector, en especial las de las auxiliares geriátricas y de las profesionales de ayuda a domicilio.

    Del Servicio de Atención y Asistencia a la dependencia (SAAD) son beneficiarias, en mayor medida, las personas mayores: las mayores de 65 años, representan el 75% de las personas solicitantes y el 72% de las beneficiarias, y las mayores de 80 años, más de la mitad en ambos casos. Las mujeres, además de ser mayoría entre las trabajadoras del sector, también son las principales beneficiarias. Como indica el citado informe, “en términos de cobertura, el 8,8% de la población mayor de 65 años percibe una prestación del sistema. En este caso, las diferencias entre hombres y mujeres son más llamativas. Frente al 14% de mujeres de 65 y más años que son beneficiarias de una prestación del sistema, tan solo el 5,5% de los hombres los son. Entre los mayores de 80 años, el 26% de las mujeres perciben una prestación frente al 11% de ellos”.

    Además, las carencias del sistema de cuidados repercuten en las mujeres, debido a la mentalidad patriarcal que impera, otorgándolas las responsabilidades de cuidado de familiares de manera principal, así como la ausencia de conciliación corresponsable, como reiteradamente hemos denunciado desde CCOO (Decálogo de CCOO por la conciliación corresponsable)

    Una barrera de género estructural, derivada de la división sexual del trabajo, que la pandemia ha agravado. En concreto, la EPA del 4ºT 2020 destaca que las mujeres suponen el 94,6% de la población inactiva que no busca empleo por tener que ocuparse del cuidado de menores, personas enfermas, incapacitadas o mayores. Es destacable que este porcentaje ha crecido respecto al mismo trimestre de 2019, en que suponían el 92,9%. 

    De ahí la relevancia del Plan Corresponsables y Plan de Choque de Dependencia. Respecto del primero, la Secretaría confederal de Mujeres e Igualdad, Elena Blasco Martín, que no olvida que no solo son menores quienes necesitan cuidados permanentes, reclama Diálogo Social en la definición, concreción y desarrollo del Plan Corresponsables: “Un plan bien diseñado tiene que atender a las necesidades de las familias mediante el refuerzo de los servicios públicos y atajando de raíz, con soluciones abordadas y acordadas en el marco del diálogo social, la precariedad que afecta a los sectores profesionales del cuidado, generalmente feminizados, y asegurando los derechos económicos, laborales y sindicales de sectores en los que predomina la desregulación, como las plataformas digitales de cuidado”. 

    El Plan de Choque sobre Dependencia (Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del SAAD) alcanzado el pasado mes de enero por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) , establece como objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema de Atención a la Dependencia son adecuadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes. 

    Es, por tanto, como ha valorado Unai Sordo, Secretario General de CCOO, un acuerdo que fortalecerá y desarrollará el sistema de atención a la Dependencia, que debe garantizar servicios a las personas dependientes que lo necesitan, fortaleciendo el carácter público de dichos servicios, aumentando su financiación y sus plantillas, y que debe garantizar empleo de calidad a las personas que los prestan, en especial a los sectores más precarios, feminizados. 

    Elena Blasco Martín indica, respecto a este Plan: “Atendiendo a que son mujeres la mayoría de quienes necesitan servicios de Dependencia, a que son mujeres la mayoría de las trabajadoras, muchas en situación muy precaria, y a que son mujeres quienes suplen, a costa de sus oportunidades de empleo y tiempo, las carencias del sistema, es predecible que este Plan de Choque de Dependencia tenga un impacto positivo de género”.

    Y concluye: “Debe dar respuesta adecuada, suficiente y de calidad a las reclamaciones por un empleo digno de las trabajadoras afectadas, especialmente de quienes como las de ayuda a domicilio o las de las plataformas de cuidados están en peor situación. Queremos un sistema de Dependencia en el que la filosofía del derecho subjetivo se haga realidad, con la inversión y el fortalecimiento de un sistema público adecuado, porque es garante y condición previa para la igualdad real y efectiva".