Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras | 30 octubre 2025.

Solidaridad de CCOO con los presos de conciencia de la disuelta HKCTU

    En una carta dirigida por CCOO a la Embajada de China en España, se ha planteado la denuncia y preocupación sobre el caso contra Lee Cheuk-yan, exsecretario general de la extinta Confederación de sindicatos de Hong Kong (HKCTU), de Chow Hang-tung, abogado de derechos humanos, y de Albert Ho Chun-Yan, veterano líder prodemocrático.

    21/10/2025.
    Logo de la Alianza de Hong Kong

    Logo de la Alianza de Hong Kong

    Los tres han sido acusados ​​de “incitar a la subversión del poder estatal” en relación con su participación en la Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos patrióticos democráticos de China (Alianza de Hong Kong). El juicio, que se ha retrasado injustamente durante más de cuatro años, está previsto para el próximo 11 de noviembre de 2025.

    Durante más de 30 años, la Alianza de Hong Kong defendió el derecho de reunión y manifestación pacífica, conmemorando constantemente a las víctimas de la Masacre del 4 de Junio, exigiendo responsabilidades por esta atrocidad y abogando por la democracia en China.

    La disolución forzosa de la Alianza por parte del gobierno de Hong Kong, amparándose en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y el procesamiento de sus líderes son actos claramente motivados políticamente que constituyen una flagrante violación de los derechos fundamentales garantizados por las propias leyes de Hong Kong y los convenios internacionales de derechos humanos.

    Las tres personas acusadas ​​se han dedicado durante mucho tiempo a la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos, alzando la voz constantemente en favor de quienes sufren injusticia y opresión.

    Entre ellos, Lee Cheuk-yan, con una sólida trayectoria en el movimiento obrero, es uno de los líderes sindicales independientes más respetados y destacados de Hong Kong. Desempeñó un papel decisivo en la fundación de la Confederación de sindicatos de Hong Kong en 1990 y desempeñó sus funciones como su director ejecutivo y secretario general. Lee también participó activamente en el movimiento sindical internacional, siendo miembro del Consejo general de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y del Consejo regional de Asia y el Pacífico de la CSI hasta su arresto.

    El proceso de enjuiciamiento también ha suscitado serias preocupaciones sobre las violaciones del debido proceso y la equidad judicial. Los tres acusados ​​fueron arrestados en septiembre de 2021, y el caso se ha retrasado más de cuatro años sin juicio. Durante este prolongado retraso, se les ha denegado la libertad bajo fianza en virtud de la Ley de seguridad nacional, lo que ha resultado en una larga prisión preventiva sin condena.

    Además, a pesar de que los cargos conllevan una pena máxima de 10 años de prisión, las autoridades han negado a los acusados ​​el derecho a un juicio por jurado, alegando motivos de seguridad nacional. En cambio, el caso se ha asignado a jueces designados por la Ley de seguridad nacional, socavando los principios jurídicos de la justicia.

    La propia LSN carece de legitimidad: fue impuesta unilateralmente por el gobierno chino, eludiendo los procedimientos legislativos establecidos y la consulta pública en Hong Kong. Los comités de expertos de las Naciones Unidas han condenado reiteradamente el uso de la LSN como arma para reprimir la disidencia y han instado al gobierno de Hong Kong a derogarla o dejar de aplicarla, alegando su incompatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos.

    Desde su promulgación, más de 300 personas han sido arrestadas, entre ellas sindicalistas, activistas estudiantiles, periodistas, figuras prodemocráticas y defensores de los derechos humanos lo que la convierte en una herramienta política para silenciar a la sociedad civil y a los sindicatos independientes.

    CCOO ha exigido que se cancelen de inmediato los procesos por motivos políticos contra Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Albert Ho Chun-yan, y liberarlos incondicionalmente. Por otra parte, exigimos que se cumplan las recomendaciones de los comités de expertos de las Naciones Unidas derogando la LSN y se deje de utilizarla para reprimir la disidencia. Por último, pedimos que se cumpla con las obligaciones derivadas de los convenios internacionales sobre derechos humanos y derechos laborales, protegiendo la libertad de asociación y el derecho a fundar y afiliarse a los sindicatos.