Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 25 abril 2024.

Diversidad sexual y de género. Revista Trabajadora, n. 59 (noviembre de 2016)

¿Qué ley de igualdad LGTBI necesita la sociedad?, de Jesús Generelo

    02/12/2016.
    Una ley en positivo.

    Una ley en positivo.

    A NADIE SE LE ESCAPA, y mucho menos a las mujeres, que la igualdad legal no siempre se corresponde a una igualdad real, a un pleno disfrute de la misma en cualquier situación de la vida cotidiana. La sociedad española ha dado pasos de gigante para conseguir saltar, en unas pocas décadas de la prohibición legal y el ostracismo social a una igualdad legal plena y un respeto social a la cabeza de los países más avanzados.

    Sin embargo, siglos de estigma no desaparecen tan rápida y profundamente como sería deseable. Quizás porque esto es conocido es por lo que la Constitución Española contiene el artículo 9, que dice que los poderes públicos: “Removerán los obstáculos que impidan que la libertad e igualdad sean reales y efectivas”. Los obstáculos con los que se encuentran las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o intersexuales son muchos y de muy diversas índoles.

    El colectivo LGTBI sufre agresiones de manera continuada. La orientación sexual y la identidad o expresión de género son unas de las principales causas de delitos de odio en nuestro país y la primera de acoso escolar. Un estudio sobre discriminación realizado por FELGTB y COGAM en 2013 evidenció que ésta se produce de manera cotidiana en todos los aspectos de la vida de este colectivo. Las personas trans siguen siendo consideradas enfermas por la ley, el sistema sanitario no responde a sus necesidades vitales debidamente, las y los menores trans no son tratados frecuentemente con dignidad en los centros escolares, las mujeres sin pareja varón no tienen acceso a las técnicas de reproducción asistida en plano de igualdad, las lesbianas siguen teniendo muchas dificultades para vivir fuera del armario, las personas bisexuales son tratadas con desprecio, burla o cuestionamiento, las familias LGTBI siguen viviendo con preocupación la escolarización de sus hijas e hijos, etc., etc.

    En buena medida, toda esta desigualdad real que vive buena parte de estas personas tiene su raíz en la invisibilidad. Se trata de una característica, la orientación sexual pero también, en ocasiones, la identidad de género, no reconocible. Esa invisibilidad hace que la discriminación también lo sea y, por lo tanto, resulte más complicada de combatir. Es un círculo vicioso. La invisibilidad hace que la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y, por supuesto, la intersexualidad, sean desconocidas y los prejuicios, los estereotipos y el estigma se mantienen. Ese estigma provoca situaciones de discriminación. Y esta discriminación dificulta la posibilidad de que este colectivo se visibilice por miedo a la respuesta negativa. ¿A quién corresponde cortar este círculo vicioso? La Constitución lo tiene claro: a los poderes públicos.

    Por esto numerosas comunidades autónomas (Cataluña, Extremadura, Madrid, Baleares, Murcia) se han puesto manos a la obra y están sacando leyes de igualdad LGTBI que intentan revertir esta situación. Y por eso la FELGTB, (avalada por sus 47 entidades de toda España) acaba de presentar a todos los partidos políticos el borrador del proyecto de ley que necesita el colectivo LGTBI, que necesita el Estado Español, para cambiar de raíz una situación de discriminación histórica que ha causado muchas víctimas y mucho, muchísimo sufrimiento.

    Para garantizar que estas medidas, indicadas en la tabla, sean efectivas y se lleven a cabo se crearán varios organismos que velarán por el presente, pasado y futuro de las personas LGTBI. En primer lugar, un Consejo Estatal LGTBI independiente, que vigilará que la ley se desarrolle debidamente y en plazos, abrirá expedientes por su incumplimiento y presentará informes preceptivos sobre el desarrollo del texto legal. En segundo lugar, una Comisión Interministerial de políticas LGTBI que garantizará que todas las medidas que adopte el Gobierno se hagan con un cuidado exquisito del posible impacto discriminatorio. Es decir, introducirá la perspectiva LGTBI en todas las políticas de los poderes públicos. Y, por último, un Centro de la Memoria Histórica LGTBI, que recogerá la memoria de la persecución que ha sufrido el colectivo y de la lucha que el movimiento LGTBI ha librado en España hasta nuestros días.

    Se trata de una ley redactada en positivo para promover y proteger la riqueza social que aporta la diversidad sexual y de género, así como para garantizar las libertades individuales. Pero, por supuesto, también incluye el capítulo de sanciones proporcionales a la gravedad de la falta cometida. Una ley no provista de mecanismos de control de la misma es prácticamente papel mojado. En este sentido, este capítulo también establece la inversión de la carga de la prueba para faltas que no implican sanción. Se trata, así, de obligar a los posibles infractores –cuando hay serios indicios de dicha infracción- a probar la ausencia de discriminación. Algo absolutamente imprescindible ante la impunidad con la que se discrimina a las personas LGTBI.

    La simple existencia de una ley de estas características ya implica una poderosa labor pedagógica. El Estado y sus administraciones lanzan un mensaje claro: la diversidad sexual y de género es inherente al ser humano y enriquece a toda la sociedad, no es tolerable ningún tipo de agresión o discriminación a cualquier persona por su orientación sexual, su identidad de género o su forma de expresarla. Esta pedagogía será mucho más potente si este proyecto sale a la luz apoyado por todo el arco parlamentario. La pelota, pues, ahora está en el tejado de nuestros representantes políticos. En nuestra mano está hacerles saber que no se tolerará ninguna rebaja. Los derechos LGTBI son derechos humanos y, como tales, no admiten ni demora ni recortes.

    Jesús Generelo (presidencia@felgtb.org) es presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

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