En un comunicado conjunto emitido el pasado ocho de enero de 2022, numerosas organizaciones de la sociedad civil argelina, sindicatos autónomos, personalidades y activistas denuncian la ola de represión en Argelia. Con el lema “Organizarse y reunirse son derechos constitucionales: ¡No a la criminalización de las actividades ciudadanas: políticas, asociativas y sindicales! ¡Liberen a los presos de conciencia y a los periodistas!”, los firmantes del comunicado denuncian la ofensiva represiva contra las libertades de la ciudadanía argelina y contra sus derechos constitucionales, libertad de expresión, asociación, reunión y organización que, a juicio de los firmantes, está aumentando peligrosamente a principios de 2022.
El colectivo denuncia detenciones de diferentes dirigentes de asociaciones nacidas al calor del impulso popular del Hirak por el cambio democrático, detenciones que se han practicado incluso en los centros de trabajo de estos activistas con el objetivo de impedir su actividad y las protestas contra la represión. La represión del Hirak popular, según afirma el comunicado, continúa en varios niveles. Las detenciones de activistas en Argelia por publicaciones en diferentes medios y redes sociales se han agravado considerablemente llegando en estos días a más de 245 presos de conciencia. Por otra parte, se aterroriza a las organizaciones, antiguas o de nueva creación, con amenazas de disolución de las mismas.
La represión ataca ahora los derechos sindicales. Muchos sindicalistas de diferentes sectores han sido objeto de investigaciones de la seguridad argelina en las últimas semanas y se arriesgan a ser perseguidos penalmente en un patrón de represión que se viene repitiendo desde hace meses de modo que la actividad de los sindicatos autónomos se ve prohibida.
Los firmantes de la declaración exigen el cese inmediato de las detenciones, persecuciones y procedimientos administrativos contra los agentes políticos, sociales, económicos y culturales y la liberación de los presos políticos. Por otra parte, piden el cese inmediato de las detenciones, persecuciones y procedimientos administrativos contra agentes políticos, sociales, sindicales, asociativos y contra sus organizaciones y la derogación de las leyes liberticidas ilegítimas como el artículo 87 bis del Código penal, usadas para hacer frente a las demandas democráticas del Hirak popular y la rehabilitación y anulación de todos los procedimientos en curso contra las organizaciones – partidos políticos, asociaciones, sindicatos – que están liderando la lucha por la democracia.
El derecho a organizarse es un derecho constitucional en Argelia y su abolición, a costa de una vergonzosa ola de represión, no perdona a ninguna corporación ni organización autónoma, ni a los académicos, periodistas, abogados, funcionarios, etc. Así los firmantes afirman que se trata de una escalada irresponsable que hipoteca el futuro del país y la cohesión social y que “pisotea todos los compromisos internacionales de Argelia en materia de derechos humanos situándola al margen de las naciones democráticas”.