Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 24 junio 2025.

CCOO saluda la creación de PERTE con el objeto de impulsar la vivienda industrializada y modular para agilizar la construcción de vivienda

    24/04/2025.
    La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia ante la UE el IVA superreducido

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    En el día de hoy, en el marco de la 8ª feria del sector de la edificación y la construcción Rebuild 2025, el presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), una medida incluida entre las 12 anunciadas el pasado 13 de enero durante la clausura del Foro: “Vivienda, el quinto pilar del Estado de Bienestar”. El PERTE inicialmente se va a establecer en la ciudad de Valencia con objeto de contribuir a la reconstrucción de la zona afectada por la DANA el pasado mes de octubre. 

    El presidente ha manifestado que este PERTE, dotado con 1.300 millones en 10 años, tendrá como objetivo, además de agilizar la capacidad productiva  de vivienda, construyendo hasta 20.000 viviendas anuales para aumentar más rápidamente la oferta; la modernización y digitalización  del sector de la construcción mejorando el impacto ambiental por la sostenibilidad de los materiales utilizados, así como una reducción de residuos en el proceso de construcción, por último, otro de los objetivos seria mejorar las condiciones laborales y de seguridad y  la incorporación de la mujer al sector de la construcción (actualmente representan el 11,7% del empleo en el mismo), por las características de este tipo de construcción de vivienda, que pasa de realizarse a la intemperie al interior de una fábrica. 

    CCOO cree que es una noticia positiva. Ya recogíamos en nuestra propuesta de Fondo de Inversión en Vivienda Asequible (FIVA), que este modelo de construcción de vivienda industrializada y modular podía facilitar, como mínimo parcialmente, acelerar la oferta de vivienda social y asequible, aunque se requieren cambios normativos para adaptar el marco legal a la construcción industrializada, que actualmente se enfrenta a varios limites. Las dificultades jurídicas para conseguir crédito promotor  tanto en el caso de promotores privados como en el caso de los promotores públicos, así como la modificación de la Ley de Edificación,  las normas ECO de tasación inmobiliaria, o la reforma de la ley hipotecaria para adaptarla al modelo de vivienda industrializada.

    En el caso de la promoción de vivienda pública, serían necesarios cambios normativos y mayor financiación para escalar la construcción de vivienda industrializada, así como mayor flexibilidad en los contratos públicos y ello pasa por una modificación de la Ley del Suelo, que ha sido rechazada en dos ocasiones en el Congreso. 

    A su vez, siendo necesaria la colaboración público – privada para poder hacer frente a esta crisis en el acceso a la vivienda, esta no puede ser con beneficios tan elevados para los promotores privados, como está sucediendo con el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, entre otros, dado que los precios ofertados, aunque están por debajo del mercado, no son precios asequibles para una buena parte de la ciudadanía que demanda el acceso a una vivienda asequible.

    Existe consenso sobre la necesidad de aumentar la oferta de vivienda. El número de hogares, según el INE, ha crecido entre enero de 2021 y enero de 2024, una media anual de 259.167, pero este aumento debe asentarse en un parque público de vivienda suficiente, dotándolo de al menos 150.000 viviendas anuales, con un carácter social para los colectivos vulnerables y asequible para la mayoría de la población. La prioridad de este parque sería la vivienda en régimen de alquiler, pero sin descartar el régimen de compra, si es la opción elegida y hay demanda suficiente. A su vez, es imprescindible que estas viviendas mantengan de manera permanente su condición de protegidas, y convertirse en una infraestructura pública con carácter permanente. 

    Por otra parte, para dotarnos de este parque de vivienda pública, tanto la captación y rehabilitación de vivienda ya construida también debe tener un papel determinante, y en esto también la vivienda industrializada debería tener un papel clave por sus posibilidades y eficiencia hacía la edificabilidad caracterizada por la eficiencia energética de emisiones cero. 

    En lo referente al empleo, compartimos la oportunidad que supone para el sector de la construcción en lo referente a demanda de empleo y necesidades de formación que se derivan de este modelo de vivienda industrializada y modular, dado que actualmente el sector de la construcción tiene una demanda de mano de obra, de 700.000 personas trabajadoras, según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). En este aspecto, es fundamental la interlocución sindical para definir las políticas necesarias para formar, certificar y asegurar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector.

    Por último, los 1.300 millones anunciados en 10 años, son una buena noticia, pero no cubren las necesidades actuales. Calculamos que para poder dotarnos de un parque público de vivienda suficiente sería necesario aumentar, de manera exponencial, la inversión en políticas de vivienda por parte de las Administraciones Públicas hasta alcanzar entre el 1 y el 1,5% de nuestro PIB, desde el 0,15% actual.

    Continuamos insistiendo en la necesidad de un pacto de estado con carácter estable con una estrategia sostenida a medio y largo plazo, que parta, en principio, junto a otras medidas adicionales por el cumplimiento pleno de las posibilidades que prevé la Ley por el Derecho a la Vivienda.

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