Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras | 16 octubre 2025.

El Gobierno oculta su reforma sobre la creaci贸n de universidades

    06/10/2025.
    Un aula vac铆a

    Un aula vac铆a

    El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha trasladado al Consejo de Ministros la aprobación del Real Decreto que reforma el RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios sin que la comunidad universitaria tenga conocimiento del texto final, a pesar de que se le ha reclamado por diversas vías.

    CCOO ha mostrado su rechazo al procedimiento seguido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la aprobación de un Real Decreto que “debería definir el modelo del sistema universitario”, explica Carmen Vidal, secretaria confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales. Además, el sindicato y la comunidad educativa desconocen gran parte del documento definitivo.El Real Decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, supuso un intento fallido —por el carácter mínimo de los requisitos exigidos— de regular la puesta en marcha de nuevas universidades privadas. La realidad es que, en los cuatro años transcurridos, se ha pasado de 39 a 46 universidades privadas ofertando plazas en el curso 2025/2026, a las que habría que añadir otras cuatro universidades privadas que fueron informadas el pasado 9 de septiembre por la Conferencia General de Política Universitaria.

    En opinión de Carmen Vidal, la nueva norma “venía a corregir estas deficiencias, pero lo único cierto del nuevo texto, a la espera de conocer otros posibles cambios, es que se han caído dos cuestiones esenciales”. En primer lugar —enumera la sindicalista—, “no se podrá pedir experiencia previa a los promotores de una nueva universidad, por lo que cualquier persona o empresa podrá promover una universidad, aunque su actividad profesional nada tenga que ver con el ámbito universitario”. En segundo lugar, la otra modificación sustancial es que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que se contemplaba para la creación, adquisición y adscripción de centros por una universidad privada en una comunidad autónoma distinta de aquella en la que tiene su sede social, “ya no tendrá que ser favorable”, explica Vidal.

    Es decir, que aunque el informe “pueda ser demoledor en contra del nuevo centro, las comunidades autónomas afectadas podrán autorizar el proceso si así lo consideran”. Esto es especialmente grave, ya que esta es la fórmula que empieza a extenderse para la expansión de las universidades privadas en funcionamiento. “Ocurrirá lo que ya es costumbre”, vaticina Carmen Vidal: “todas las universidades con informe desfavorable de dicha Conferencia al final terminarán siendo autorizadas por las comunidades autónomas”.

    Por lo expuesto, y ante la negativa del ministerio a compartir el documento final de la norma, CCOO manifiesta su oposición por la falta de transparencia del contenido definitivo. La responsable de Participación Institucional y Movimientos Sociales de CCOO lamenta que “podríamos estar ante un nuevo intento fallido por racionalizar el mapa universitario, que no impedirá el crecimiento injustificado de las universidades privadas en detrimento del sistema público universitario”.

    CCOO ha insistido desde el primer momento en la necesidad de una mayor ambición por parte del Gobierno en la reforma del RD 640/2021, que debería garantizar “que cualquier universidad en funcionamiento o que se pueda crear en un futuro, especialmente en el caso de las universidades privadas, no se limite únicamente a difundir el conocimiento, sino que sea realmente una institución creadora, preservadora, transmisora y difusora del conocimiento y la cultura, como lo son las universidades públicas”, zanja Vidal. Y añade: “resulta imprescindible que los criterios de necesidad, idoneidad y calidad primen en la decisión final de creación de la universidad sobre las consideraciones políticas, que dependen básicamente de las mayorías parlamentarias”.

    En opinión del sindicato, la norma, para ser efectiva, debe armonizar y aumentar la exigencia de los requisitos mínimos para poder hablar de universidad, así como fijar unos niveles básicos de calidad en todos los componentes de nuestro sistema universitario, en el que coexisten las universidades públicas —con una buena calidad media— y las privadas. CCOO advierte de que una parte importante de las universidades privadas tiene un bajo nivel académico, lo que se refleja en una actividad de investigación residual que perjudica claramente al conjunto del sistema universitario lo que puede provocar, en base a la información disponible, que no esté garantizado con la nueva norma.

      •